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Algunos de los senadores integrantes de la Comisión de Acuerdos se enteraron por Página/12 de que el capitán de fragata, Pedro Carlos Florido, cuyo pliego fue enviado a la Cámara alta por el ex presidente Carlos Menem y su ministro de Defensa, Jorge Domínguez, está acusado de violaciones a los derechos humanos y de confeccionar en la ESMA pasaportes falsos para el líder de la logia P-2, Licio Gelli. La comisión es la encargada de rechazar o aprobar los pliegos de militares, jueces y embajadores, pero debido al intenso trabajo que los senadores tienen con el tratamiento del Presupuesto 2000, el paquete impositivo y el Pacto Fiscal, aún no pudieron revisar los diplomas que Menem firmó el 9 de diciembre. "Aunque el presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, podrían facilitarle la tarea" a los legisladores retirando el pliego, según señalaron los propios senadores. Ante una consulta de este diario, el senador justicialista por la provincia de Buenos Aires Jorge Villaverde adelantó que, "si el pliego está impugnado por los organismos de derechos humanos, seguramente será rechazado, ya que ése es el procedimiento, y así venimos trabajando desde el retorno a la democracia". Por su parte, el también bonaerense, pero en este caso representante de la Alianza, Leopoldo Moreau explicó a Página/12: "Recibimos los pliegos hace quince o 20 días. En plena transición de un gobierno a otro, y mientras llegaban a la Cámara las leyes impositivas y de Presupuesto 2000. En la próxima reunión de la comisión seguramente comenzaremos a analizar los pliegos". Aunque Villaverde advirtió que "si el Poder Ejecutivo está tan preocupado por que se trate el paquete impositivo, el ministro de Defensa López Murphy podría facilitar las cosas y retirar el pliego o los pliegos cuestionados". De esta forma, el justicialista puso la pelota en campo del Gobierno, ya que mientras los senadores del PJ y de la UCR mantienen la tradición de rechazar las pliegos cuestionados, tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem enviaron los diplomas de militares cuestionados por los organismos de derechos humanos. De la Rúa tiene ahora la oportunidad de diferenciarse de sus predecesores y retirar el pliego. Fuentes legislativas explicaron que "aunque no es una ley o una norma, cuando el pliego es rechazado, retirado por el Ejecutivo o es encajonado, el oficial suele pedir su pase a retiro". Moreau explicó que habitualmente en la comisión el procedimiento que se sigue con un pliego es el siguiente: "Pedimos informes al (CELS) Centro de Estudios Legales y Sociales y a otras entidades de derechos humanos, a los jueces federales o a las cámaras de cada región, para saber si tienen información de que el oficial esté involucrado en alguna causa judicial. También investigamos en el archivo de la Conadep y chequeamos con fuentes privadas". Además de la expectativa que gira en torno de los senadores y del gobierno aliancista, también habrá que esperar para ver cuál es la actitud que toma Florido, quien desde hace un tiempo recorre los Tribunales junto con Sergio Vargas para llevar informes a la cúpula de la Armada sobre la situación judicial de miembros de esa fuerza, que están involucrados en causas por violaciones a los derechos humanos. Según el CELS, "Florido tuvo un trágico rol en la Universidad del Sur en Bahía Blanca por el año 1976. Mientras que, entre 1977 y 1978, el postulado a capitán de navío trabajó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde tuvo a su cargo el cambio de dueño de propiedades y automotores. Además, el ex detenido-desaparecido Víctor Melchor Basterra relató en el juicio a los ex comandantes que Florido lo obligaba a falsificar pasaportes, cuatro de los cuales fueron entregados a Licio Gelli, líder de la P-2, logia a la que pertenecieron José López Rega, el genocida Emilio Eduardo Massera y el represor Carlos Suárez Mason.
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