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Por Laura Vales  La Justicia
dictó el primer procesamiento contra Víctor Alderete por la firma de una millonaria
contratación directa con una empresa fantasma. El ex presidente de la obra social de los
jubilados --que tiene abiertas otras 16 causas judiciales-- fue procesado por el juez
federal Claudio Bonadío por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del
PAMI. Siete integrantes del directorio que lo acompañó durante toda su gestión
corrieron la misma suerte junto al titular de la empresa en cuestión, Medicystem S. A.,
una gerenciadora de servicios de kinesiología que fue creada a toda velocidad y se alzó
con un convenio en el que estaba en juego un negocio de casi diez millones de dólares al
año. Medycistem resultó ser poco más que una fachada: no tenía los prestadores que
pretendía, ni sede permanente. Ni siquiera estaba registrada en la Superintendencia de
Servicios de Salud, un requisito mínimo para acceder a cualquier convenio con el PAMI. El de ayer fue el día más complicado para Alderete desde que dejó la función pública. No sólo por el procesamiento: el mismo juzgado que ordenó esa medida allanó poco antes del mediodía la sede central del PAMI en busca de los contratos que firmó con la firma AB Comunicaciones; el juez federal Gabriel Cavallo comenzó a delinear la denuncia que presentará de oficio en las próximas horas en la causa por las 96 cajas de documentación escondidas en Morón y el supuesto espionaje ordenado sobre legisladores y jubilados; la oficina anticorrupción comenzó a trabajar en la elevación de las denuncias penales sobre más de 140 contratos y el juez Carlos Liporaci recibió una presentación para que se investigue si presuntos testaferros de Alderete adquirieron fastuosas propiedades en el exterior (ver nota aparte). Todo en una sola jornada. La resolución judicial de Bonadío incluye un embargo de 5000 pesos para Alderete y los otros procesados. "Si el PAMI hubiera respetado las básicas de cualquier contratación, Medicystem habría quedado sin posibilidades", sintetizaron ayer en los tribunales federales. El convenio fue firmado en abril de este año y consistía en lo siguiente: Medicystem debía subcontratar instituciones que prestaran servicios de kinesiología, ambulatorios y de internación para los jubilados. A cambio, el PAMI le pagaría un millón cien mil dólares en los dos primeros meses; un millón cincuenta mil en el tercero y cuarto y 900 mil a partir del quinto mes. Hasta ese momento, esos mismos servicios eran prestados sin intermediarios a través de la Cámara Argentina de Centros de Medicina Física y Rehabilitación (Camfre), a quien el PAMI suspendió buena parte de sus convenios. Pocos días después de que entrara en vigencia el acuerdo con Medicystem, comenzaron a acumularse quejas de los jubilados por falta de atención. "Los beneficiarios se encontraron con que en lugar de consultorios había oficinas vacías", explicó el ombudsman de la Tercera Edad Eugenio Semino. La Defensoría del Pueblo porteña reunió estas quejas y presentó entonces un amparo ante la Justicia civil. Al mismo tiempo, Camfre elevó la denuncia penal ante Bonadío, que ayer culminó en el procesamiento de Alderete; los especialistas vinculados a esa Cámara, patrocinados por el abogado Ricardo Monner Sans, centraron su presentación en que el contrato violó la ley vigente, pero sospechan además que en la empresa habría intereses del sindicalista Luis Barrionuevo. El ex titular del PAMI había puesto una cuota de esfuerzo para estirar los tiempos procesales: dos veces fue llamado a indagatoria y las dos veces la postergó aduciendo motivos personales. Cuando finalmente se presentó a la Justicia, aseguró en su defensa que el contrato significaba un ahorro de tres millones de pesos por año para las arcas del PAMI. Lo concreto es que el convenio duró muy poco: se firmó en abril, comenzó a regir en junio y apenas un mes más tarde fue rescindido por la propia obra social. Su implementación, dicen los investigadores, cayó entre otras cosas por las propias deficiencias de la gerenciadora, que había recurrido a listados fraguados para inflar su listado de prestadores. En el acta de acuerdo con Medicystem figuran ocho firmas por parte del directorio del PAMI: las de Gonzalo Panceira, Santiago Tomaghelli, Julio De los Ríos, Eduardo Polemann --suegro de Alderete--, Juan Poncio Rasero, Elpidio González, Carlos Santander y María Antonia Maina de González, quienes para la Justicia fueron coautores de la malversación de fondos. Por la tarde, en el mismo juzgado federal que dictó los procesamientos
se comenzó a analizar El allanamiento se produjo a partir de otra denuncia de Monner Sans, quien ayer sostuvo que "según el PAMI se habría pagado 84 mil pesos por los seis mil ejemplares, aunque alguna pericias señalan que se habría pagado dos veces y media el valor real". Los funcionarios judiciales se llevaron de la sede de Perú y Diagonal Norte 110 órdenes de pago y una serie de papeles sobre otros trabajos de AB Comunicaciones que serán incorporados para ampliar el objeto de la investigación. La interventora Cecilia Felgueras confirmó que durante el día de hoy los hombres del juzgado federal seguirán buscando documentos en la sede del Instituto. Mientras tanto, la oficina anticorrupción inaugurará tres líneas telefónicas para recibir denuncias y seguirá desmenuzando los contratos que dejó Alderete. "Son acuerdos que están vigentes e implican un gasto mensual de dos millones de dólares", sostuvo ayer; "encontramos irregularidades graves, por ejemplo consultoras con tareas que nunca fueron hechas, aunque lo más preocupante es que la mayor parte de los acuerdos no tienen fecha de finalización, por lo que decidimos denunciarlos para rescindirlos". En la ruta de trabajo de la oficina anticorrupción el próximo paso es, mientras se elevan las denuncias a la Justicia, acumular pruebas sobre los convenios con los que se beneficiaron parientes de Alderete. La atención está centrada en una agencia de publicidad que se encargó de los afiches callejeros y sobre la que habría indicios de que fue manejada por uno de los hijos del ex presidente del PAMI.
DENUNCIA POR HABER ACUDIDO A TESTAFERROS
La denuncia se generó a partir de una carta anónima que Monner Sans recibió en su estudio jurídico. En ella le comunicaban "la existencia de una o varias personas 'prestafirmas' o 'testaferros' que adquirieron una enorme cantidad de propiedades en nuestro país y en el extranjero". Según el redactor de la carta, quien solicitó anonimato por temor a represalias, el o los testaferros dependen directamente del hasta hace unos días mandamás de la obra social de los jubilados. A pesar de que la carta enviada al abogado habla en un principio de varios prestafirmas, sólo se nombra uno solo y en la fotocopia que Monner Sans acompañó en su denuncia se tachó el nombre. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que el individuo que allí se mencionó "se desempeñaría en la Unión del Personal Civil de la Nación y sus iniciales serían J. D.". La cuestión es que, según la carta, J. D. solía ufanarse de "poseer un valiosísimo chalet en la zona de Ezeiza, un loft de lujo en el barrio de Belgrano, dos semipisos nuevos en la avenida Callao al 1400, un departamento en Manhattan, Nueva York, y numerosas propiedades en capitales de países del norte de América del Sur y también en México". Por otra parte, la misiva detalla que el testaferro del émulo de María Julia Alsogaray, quien también posee inmuebles en Nueva York, realizó innumerables visitas a Uruguay, donde supuestamente el objetivo era retirar dinero. Luego de que la denuncia quedara radicada ante el juez federal Carlos Liporaci, el denunciante Monner Sans indicó que Alderete y su presunto testaferro figuraban como socios para operaciones comerciales en el exterior. Sin embargo, el letrado aclaró que "aquí sería difícil correlacionarlos". MARIA JULIA RECONOCIO UN SUELDO DE $18.000
El año pasado la ex funcionaria fue acusada de enriquecimiento ilícito por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Ellos calculaban que María Julia Alsogaray habría incrementado su patrimonio en forma ilegítima en al menos dos millones de pesos. Y ahora el juez Juan José Galeano, que está a cargo de la causa, pidió informes a EE.UU. sobre supuestas cuentas millonarias que Alsogaray tendría en las Islas Caimán y que aparecen en un informe que le presentó el diputado de la Alianza Juan Pablo Cafiero. En su última presentación ante la Oficina de Etica, María Julia declaró un patrimonio personal de 1.645.969 pesos y aseguró que ganaba cerca de 18.000 pesos mensuales, casi el doble de lo que, al parecer, percibía la mayoría de los ministros. Al manifestar este nivel de ingresos estaría intentado justificar el aparente incremento de su fortuna. "En un determinado momento, cuando era secretaria de Estado, se me comunicó que además del salario se me iba a entregar por mes un sobre con una cantidad equis de dinero que fue variable, eso era para ser utilizado como un verdadero sobresueldo", justificó ayer públicamente Alsogaray el origen de los 10 mil pesos extra que recibía. Dijo que esos ingresos estaban previstos por ley, que "`datan' de varios gobiernos atrás" y que la única "limitación que sí tenían era que no podían ser utilizados para adquirir patrimonio". "Todos los secretarios, hasta el nivel de los subsecretarios", aclaró, recibían un plus similar. María Julia comentó que "durante un tiempo muy corto" esa cifra para consumo personal fue cobrada "en negro", hasta que el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, planteó que debía declararse y pagar impuestos.
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otra documentación secuestrada en el PAMI,
correspondiente a todos los acuerdos firmados con AB Comunicaciones, la empresa que se
encargó de la edición del llamado Libro Verde, con el que Alderete autopublicitó su
gestión. La obra en cuestión, que lleva un prólogo del ex presidente Carlos Menem, tuvo
una tirada de 6000 ejemplares encuadernados y en su tapa luce la firma de Alderete en
tinta dorada.