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Por Victoria Ginzberg  El ex
director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, se
verá envuelto en un nuevo proceso judicial. Se trata de la causa en la que se investiga
la apropiación de menores como práctica sistemática durante la última dictadura. El
juez Adolfo Bagnasco, que ya encarceló a ocho militares, recibió pruebas que involucran
directamente a Etchecolatz en la desaparición de la menor Anahí Clara Mariani. Y en el
expediente ya constaban casos de nacimientos en centros clandestinos de detención que
dependían de la policía bonaerense. Con estos antecedentes, los abogados querellantes
solicitaron que el comisario sea citado a prestar declaración indagatoria.
Los policías Néstor Buzatto y Cecilio Gómez declararon en el juicio por la verdad de la Cámara Federal de La Plata que en el operativo realizado el 24 de noviembre de 1976 en la casa de la calle 30, número 1136, se encontraban presentes en la azotea el general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense, y Etchecolatz, segundo de la fuerza. En esa operación fue asesinada Diana Teruggi y fue robada su hija de tres meses, Anahí Clara Mariani. El almacenero Eduardo José Díaz testificó en La Plata que, poco antes de que el Ejército y la policía iniciaran el bombardeo a la casa de los Mariani, entregó allí un pedido y pudo ver a la pequeña Clara Anahí en su cuna. Esto confirma que la menor, que aún está desaparecida, estaba en el lugar durante el operativo. El abogado Alberto Pedroncini agregó las declaraciones de Buzatto, Gómez y Díaz a la causa que lleva delante el juez Bagnasco. El caso Mariani involucra a Etchecolatz directamente en la apropiación de una menor. Sin embargo, por su ubicación en la cadena de mandos, el comisario también es responsable de los nacimientos clandestinos ocurridos en los centros dependientes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, como los Pozos de Banfield, Arana, Quilmes y la comisaría quinta de La Plata. Por los alumbramientos en la comisaría quinta y el Pozo de Banfield, además de los ocurridos en La Cacha y Automotores Orletti, fue procesado hace diez días el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo "Pajarito" Suárez Mason. El ex director de investigaciones de la bonaerense no forma parte de los imputados originales de la causa que investiga el plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos. Por lo tanto el fiscal Eduardo Freiler deberá expedirse antes de que el juez decida si acepta citar a Etchecolatz, quien el año pasado fue condenado a tres años en suspenso (es decir la sentencia no se hizo efectiva) por injuriar y calumniar al diputado Alfredo Bravo en el programa "Hora Clave" y en el libro La Otra Campana del Nunca Más. En octubre, el juez Leopoldo Schiffrin pidió que la Cámara Federal de La Plata citara a Etchecolatz como sospechoso con posibilidad de ser encarcelado por casos de desapariciones, homicidios y torturas por los que no había sido juzgado en 1986, cuando fue condenado a 23 años de prisión. La solicitud fue rechazada por la mayoría de un plenario de magistrados que se reunió para decidir al respecto y el tema aún está en discusión. Pero ahora Etchecolatz deberá afrontar su participación en un delito que no fue amparado por la ley de Obediencia Debida --que le permitió zafar de los 23 años de cárcel--: la apropiación y sustitución de identidad de los hijos de los desaparecidos.
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