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 El Gobierno
enviará al Parlamento un proyecto de ley para bajar las tasas de interés que cobran los
bancos en el financiamiento con tarjetas de crédito. El objetivo es que ese costo baje
alrededor del 10 por ciento, lo que implicaría para los usuarios un ahorro global de 300
millones de pesos anuales. La iniciativa, que está siendo consensuada entre Economía y
los principales banqueros de la city, se basa en otorgar mayor transparencia al mercado de
los plásticos y en penalizar fuertemente las defraudaciones. De esa manera, se cree, las
entidades financieras verían reducir sus costos, entonces éstas, a su vez, trasladarían
esa rebaja a sus clientes. Esta idea se suma a otros proyectos que el Gobierno ya puso en
marcha, como la rebaja telefónica, la disminución de los peajes y de las comisiones de
las AFJP, tendientes a compensar parte del impacto que tendrá el paquete impositivo.El proyecto que elaboran en el Palacio de Hacienda y con el que se aguarda una sensible caída de las tasas de interés consta de tres medidas modificatorias de la actual ley de tarjetas de crédito, sancionada hace apenas un trimestre: * La propuesta de entregar un "certificado de buena conducta" a los buenos pagadores. * Permitir la publicidad de la situación de los clientes morosos del sistema. * Endurecer las penalidades por fraude (utilización de tarjetas mellizas o robadas). Según coinciden banqueros y funcionarios, tanto la morosidad como las prácticas fraudulentas son dos de las tres causas principales del encarecimiento del financiamiento con tarjetas. En las entidades aseguran que la otra fuente que hace más caro el sistema es que, por ley, no se les permite iniciar causas por falta de pago a través de juicios ejecutivos. Por tal motivo, los banqueros quieren que el Gobierno incluya en el proyecto un endurecimiento de las reglas, y que cuando un cliente deja de abonar sus gastos con plásticos se les pueda iniciar un juicio "ejecutivo", mucho más rápido que el "ordinario", y que habilita, por ejemplo, a realizar embargos en contra del deudor. En ese sentido, el pedido apunta a equiparar las tarjetas con lo que ya ocurre con los cheques. Según comentó Osvaldo Cortesi, el asesor de José Luis Machinea a cargo de elaborar la iniciativa, el proyecto permitirá que, una vez al año, los bancos les envíen a sus clientes una especie de "certificado de buena conducta", en el cual se detalle su grado de cumplimiento en la utilización de la tarjeta, un resumen de sus consumos y las tasas que han pagado por el financiamiento. "Con esta información valiosa, aquellos que sean cumplidores deberían tener tasas de interés más bajas. Estimo que de un diez por ciento", señaló el funcionario. "Este ahorro total de 300 millones de pesos anuales compensaría en parte el mayor costo generado por el paquete fiscal", admitió Cortesi. Por este motivo, en la Casa Rosada quieren enviar este proyecto al Congreso lo más rápido posible, incluso en el marco de la ley ómnibus de emergencia fiscal, anunciada el último jueves por Fernando de la Rúa. A cambio de entregar ese certificado, la nueva ley habilitaría a que los bancos den a conocer la situación de los morosos y se endurezcan las penalidades por fraude. Se considera que ambas medidas redundarán en un abaratamiento del servicio. Mientras, y hasta tanto los cambios se sancionen en el Congreso, el Gobierno analiza la posibilidad de que el Banco Nación lidere la baja en las tasas de interés, obligando a las demás entidades financieras a imitarlo. "La emisión de plásticos está frenada. Los bancos están poco propensos a tomar riesgos, por eso creo que estos cambios le darán mayor certidumbre al negocio", señaló a este diario un directivo de una administradora líder. Los cambios que se evalúan excluyen otros puntos que figuran en la ley de tarjetas de crédito. De esta manera, continuarán vigentes los topes establecidos para el financiamiento de los consumidores (25 por ciento anual) y del 5 por ciento en los aranceles que pagan los comercios.
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