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 El Gobierno
les apuntará a los salarios de los funcionarios provinciales dentro de la ley de
Emergencia Fiscal. El secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, tiene a su
cargo delinear los últimos detalles del proyecto, destinado a practicar un drástico
recorte en las dietas de los gobernadores, ministros, intendentes, legisladores y
concejales que superen una media nacional. Más allá del ahorro que entraña de por sí
la iniciativa, ésta conlleva la imagen de austeridad general que pretende imprimirle la
Alianza a la ley de Emergencia Fiscal. También es una forma de edulcorar un paquete que
incluye la flexibilización laboral, la transformación del Banco Nación en sociedad
anónima, una nueva reforma del Estado con achicamiento de la plantilla de empleados
públicos y el otorgamiento de mayores poderes a la AFIP. En cambio, el Gobierno se
apresuró en desmentir que la ley ómnibus incorpore un capítulo de reforma previsional,
y en especial que se proponga una reducción de las jubilaciones futuras. "No se va a afectar la jubilación de quienes tienen derechos adquiridos", sentenció ayer Pablo Gerchunoff, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía. "Los trascendidos periodísticos son incorrectos y no tienen nada que ver con nuestro proyecto", añadió, en respuesta a una versión que indicaba que se rebajarían hasta un 40 por ciento las jubilaciones futuras de los trabajadores que ganan más de 640 pesos por mes. Por si quedaba alguna duda, Carlos Alvarez buscó cancelar definitivamente la discusión. "No estoy de acuerdo con este tema de disminuir la Prestación Básica Universal (PBU) (uno de los componentes del haber jubilatorio) o las jubilaciones futuras. No es momento de discutir estos temas, que no atacan la médula de los problemas que debe afrontar la Alianza, que son la recesión y el desempleo", subrayó. El vicepresidente fue incluso más contundente que Gerchunoff, quien había admitido que "el único punto que tiene algún fundamento" es el eventual aumento de la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años. "Cuando éramos oposición, los diputados de la Alianza rechazamos este tipo de proyectos del menemismo. No veo por qué ahora cambiaríamos de opinión", enfatizó en diálogo con Página/12 la diputada María América González. "El miércoles pasado tuvimos una reunión de tres horas con De la Rúa y en ningún momento se mencionó ninguno de estos cambios al sistema previsional", añadió, antes de conocer la desmentida de Alvarez. La reacción generalizada de los diputados de la Alianza fue contraria a la reforma previsional, rápidamente descartada por el propio Gobierno. En cambio, existe consenso para avanzar con el proyecto elaborado por el presidente provisional del Senado, José Genoud, que tiende a equiparar los sueldos de los funcionarios provinciales. El legislador calificó como "una aberración" que "en nombre del federalismo haya provincias que, haciendo uso de su autonomía, les paguen a sus legisladores provinciales 12 o 13 mil pesos, como los casos de Tierra del Fuego y Formosa, o concejales en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires que ganan 8 mil pesos". El anteproyecto fue elevado a Jorge de la Rúa, quien le está dando las puntadas finales en aspectos técnicos y jurídicos. La iniciativa establece niveles medios de salarios para gobernadores, intendentes, ministros y legisladores, y ordena la reducción de las dietas que superen los montos "aceptables". De ser aprobada por el Congreso, la ley necesitará de la ratificación de las legislaturas provinciales para hacerse efectiva. Pero a través de esta iniciativa se presiona a los funcionarios provinciales a comprometerse con el ajuste que impulsa la Alianza a nivel nacional. "Cada gobernador que llegaba y duraba un mes en el cargo nombraba a cuatro o cinco mil empleados con buenas remuneraciones. Lo mismo pasa con las intendencias y de esta manera se llega al quebranto de los Estados provinciales", describió Genoud, al argumentar en favor del proyecto de su autoría. La ley de Emergencia Fiscal faculta al Poder Ejecutivo a revisar los decretos firmados en la última etapa del gobierno de Carlos Menem, en especial los que dispusieron incrementos salariales o nombramientos de personal en organismos públicos. Este punto es para desbaratar la maniobra a la que hizo mención Genoud. Pero, además, la ley avanza con la reducción de la plantilla de empleados públicos. En este caso, a través de la creación de un nuevo sistema de jubilaciones anticipadas, que se agrega a la apertura de un registro de retiros voluntarios y a la obligación de jubilarse de todos aquellos empleados que reúnan los requisitos para hacerlo.
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