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Por Raúl Dellatorre  El período
de prueba para los trabajadores que se incorporen a una empresa privada se extenderá a 90
días --contra los 30 actuales--. Las rebajas de aportes patronales sólo se otorgarán a
partir del momento en el que los empleados sean efectivizados mediante un contrato por
tiempo indeterminado. Tampoco habrá contratos promovidos de corta duración (contratos
"basura"), desdoblamiento de vacaciones o aguinaldos ni topes indemnizatorios.
Estas son algunas de las pautas acordadas entre legisladores de la Alianza y el ministro
de Trabajo, Alberto Flamarique, tras el segundo encuentro que mantuvieron ayer en la
cartera laboral. Los miembros del Ejecutivo y los representantes en el Congreso de la
coalición gobernante recién lograron superar sus encontronazos cuando acordaron suprimir
de la reforma los aspectos menos digeribles políticamente, que los diputados se
resistían a apoyar y que estuvieron a punto de provocar una ruptura en el bloque. Encabezados por Darío Alessandro, titular del bloque aliancista de Diputados, una decena de legisladores enfrentó ayer durante dos horas al ministro de Trabajo, rodeados por su segundo, Jorge Sappia, y varios de sus asesores. El encuentro amenazó con derivar hacia una dura puja, cuando los legisladores de origen gremial, como Alicia Castro (azafatas), sentaron posición en contra de una flexibilización que afectara los derechos vigentes. La reunión recién se encarriló cuando Flamarique respondió con un rotundo "no" a la inclusión en el proyecto de cualquier modalidad de contratos "basura", desdoblamientos en el pago de aguinaldos o en el período de vacaciones, y a la fijación de topes indemnizatorios. El resto de la discusión se lo llevó el debate sobre las precisiones en torno de las facilidades para la creación de empleo en las pymes, la apertura de negociaciones colectivas a nivel regional o por empresa y la duración del período de prueba. En este último punto se arrancó de tres posiciones diferenciadas: el Ministerio de Economía había planteado extenderlo a un año; Trabajo había sugerido darle una vigencia de seis meses y los legisladores aliancistas proponían no llevarlo más allá de tres meses. La última reforma laboral había fijado el período de prueba en 30 días. Desde un primer momento, hubo coincidencia en que no se otorgaría el beneficio de reducción de aportes patronales sobre el período de prueba, con la única ventaja para el empleador de poder rescindir la relación laboral durante dicho lapso sin obligación de pagar indemnización. Pero los mismos técnicos del Ministerio de Trabajo --estaban presentes Adrián Goldín y Ernesto Kritz, además del viceministro Sappia-- no se ponían de acuerdo sobre la efectiva conveniencia para las empresas de extender dicho período. Finalmente, fue el propio Flamarique quien sugirió consensuar una duración de 90 días para el período de prueba y seguir avanzando en otros puntos. "Lo que más entusiasma es esta forma novedosa de discutir un borrador de reforma, sin un proyecto cerrado y mediante una metodología de consulta punto por punto, en la que cada uno discute con pasión pero atendiendo los argumentos de los demás", destacó el diputado Carlos Raimundi ante Página/12 al término de la reunión. Apenas una semana atrás, los propios legisladores aliancistas le habían demandado a Flamarique un encuentro para que explicara los términos de la reforma en análisis, de la cual señalaban que estaban tomando conocimiento "exclusivamente por lo que sale en los diarios". Las autoridades del bloque aliancista de Diputados respiraron aliviados al finalizar este segundo encuentro. Los acuerdos alcanzados sobre los puntos centrales permiten avizorar que habrá un proyecto consensuado, que podría llegar al Congreso como una reforma laboral por separado o formando parte del paquete de la ley de emergencia fiscal que el presidente Fernando de la Rúa lanzó como anuncio en su saludo previo a la Navidad. Este aspecto se analizará en un nuevo encuentro en las próximas horas. Hasta el mediodía de ayer, el fantasma de una fractura en el bloque oficialista por la flexibilización laboral sobrevolaba el ámbito del Congreso. No hubo quiebre, pero a costa de sacrificar aspectos de la reforma que habían sido reclamados por el FMI y por buena parte de las principales cámaras empresarias.
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