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El Gobierno analizará si acepta la pensión para parejas gays

La CHA pidió que se revise el criterio  del gobierno anterior sobre pensiones. Les dijeron que "se resolverá con premura".

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Por Pedro Lipcovich
t.gif (862 bytes)  La Comunidad Homosexual Argentina solicitó al secretario de Seguridad Social, Melchor Posse, revisar el criterio que niega a las parejas gays la pensión por fallecimiento de uno de los miembros. "Si no accede, vamos a pedir que los homosexuales hagamos menos aportes jubilatorios, ya que recibimos menos beneficios." El gobierno anterior había sostenido su negativa pese a los pedidos del Instituto Nacional contra la Discriminación, y archivó más de 20 solicitudes de personas que, en algunos casos, tenían 25 años de convivencia con su pareja gay; por este motivo, además, la Administración de Seguridad Social está a punto de ser llevada a juicio. La situación plantea un test en la materia para el nuevo gobierno y para el propio Posse.

En el archivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), que depende de la Secretaría de Seguridad Social, duermen los expedientes con las solicitudes de pensión de 21 personas cuyas parejas homosexuales fallecieron. En 1997, el entonces secretario de Seguridad Social, Carlos Torres, admitió que la Ley 24.241 implicaba ese derecho (tanto para el régimen jubilatorio público como para el privado), pero los expedientes siguieron congelados. Y un año después su sucesor, Héctor Gambarotta, explicitó que las pensiones no serían otorgadas. Entretanto, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) había denunciado a la ANSeS, ya que la ley "otorga el beneficio de la pensión al `conviviente', sin precisar el género ni la inclinación sexual de las personas que conviven".

En la expectativa de que con el nuevo gobierno las cosas cambien, la CHA presentó ayer al secretario de Seguridad Social, Melchor Posse, un pedido de "revisión de los expedientes presentados ante la ANSeS sobre pensión a convivientes del mismo sexo". Cigliutti destacó para este diario que "lo que está en juego es la voluntad política del Gobierno", y advirtió: "Somos aportantes al mismo régimen jubilatorio pero tenemos menos derechos que las parejas heterosexuales, legales o en concubinato. Si rechazan nuestra presentación, haremos otra para que quienes se definan como homosexuales paguen menores aportes, ya que reciben menos beneficios".

Además, está a punto de aterrizar en el escritorio de Posse el recurso administrativo interpuesto por Oscar Mercado, de 64 años, quien convivió durante 25 con su compañero, fallecido de un paro cardíaco. Su abogada, Liliana Cobello (de la Sociedad de Integración Gay Lesbiana Argentina, SIGLA), anticipa que "en caso de resolución adversa, llevaremos el caso a la Justicia, por la vía contencioso-administrativa". Otro reclamante, quien prefiere que no se haga público su nombre, pidió "socorro" en el Inadi, "porque no puedo pagar un abogado: la doctora del Inadi que me atiende va a ir a Tribunales, porque con la ANSeS es imposible".

La posibilidad de recibir estas pensiones se anotaría en una corriente del derecho internacional que ya se expresa en la Argentina: hace exactamente un año, la Justicia reconoció el derecho a heredar bienes de su compañero al sobreviviente de una pareja homosexual; desde hace dos años las obras sociales admiten afiliar a la pareja homosexual.

Sin embargo, según Rafael Freda, presidente de SIGLA, "no hay por qué olvidar que Melchor Posse tiene antecedentes homofóbicos", entre los que destacó que "cuando era intendente de San Isidro, atacó a un vecino con el argumento de que era `un invertido que vive con otro invertido, ensuciando a las familias del municipio'".

Ayer, Página/12 no pudo hablar con Posse sobre las pensiones. Su vocero, Guillermo Lombardía, explicó a este diario que "el doctor no está impuesto del tema, no sabe de qué se trata". En cambio su ex compañera de fórmula en la Provincia de Buenos Aires, Graciela Fernández Meijide, el año pasado había sostenido, respecto de este tema, que "la seguridad social debe beneficiar al ciudadano sin tener en cuenta su condición sexual". De todos modos, Lombardía aseguró que "tenemos la voluntad política de resolver el caso con premura, no queremos cajonearlo".

 

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