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El País Por Ferrán Sales La crisis en el gobierno laborista se inició ayer por la mañana, cuando Eli Yishai, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y portavoz del partido Shas, presentó al jefe del Ejecutivo israelí Ehud Barak un ultimátum por el que anunciaba su dimisión y la de otros tres ministros de su mismo partido --Infraestructura, Asuntos Religiosos y Sanidad-- así como la retirada del apoyo clave de sus 17 parlamentarios, si no se les otorga una ayuda de 30 millones de dólares para financiar el déficit de sus red de escuelas y guarderías, una de las más importantes del país y donde los ultraortodoxos reclutan además a la mayor parte de sus electores. El chantaje-demanda de Shas, que incluye 70 millones de dólares en créditos para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que ellos controlan, se produce mientras el Parlamento de Jerusalén inicia los debates del presupuesto del año 2000, que deberán finalizar el próximo jueves 30 de diciembre, y en los que Barak trata de rebajar las asignaciones gubernamentales que tradicionalmente se han dado a los partidos religiosos, a cambio de su apoyo en el gobierno. El primer ministro israelí ha pedido a los dirigentes de Shas un plazo de 24 horas para resolver la crisis y tratar de salvar la coalición gubernamental, en la que Shas juega un papel muy importante, ya que es el tercer partido de Israel, después de los laboristas y el derechista Likud. Barak es además consciente de que la salida de los ultraortodoxos sefaradíes en este momento de su gobierno bloquearía de inmediato el proceso de reformas y en el mejor de los casos retrasaría el proceso de paz emprendido con Siria y con cuyos representantes deberá encontrarse nuevamente el próximo 3 de enero en Virginia, Estados Unidos. Pero además si se prolonga y agrava la crisis del Ejecutivo israelí, se pondrían en peligro otras iniciativas, como esa complicada operación dirigida hacia la guerrilla fundamentalista libanesa del Hezbollah con la que se pretende un doble objetivo: lograr el alto el fuego de la guerrilla y obtener la devolución del cadáver o la liberación de un héroe nacional, el aviador Ron Arad, cuyo aparato fue abatido hace 13 años cuando sobrevolaba en misión militar el sur del Líbano. Esta operación, efectuada gracias a la mediación de Alemania y en la que se ha visto implicado Irán, empezó a dar sus frutos el pasado domingo cuando Israel liberó a cinco guerrilleros del Hezbollah con la esperanza de recibir a cambio el cadáver o la excarcelación del aviador judío. Las amenazas de Shas de abandonar el gobierno, aunque minimizadas por el entorno del primer ministro y por el propio Barak, han provocado el nerviosismo de la cúpula laborista, hasta el punto de que el presidente Eizer Waizman ha llamado a capítulo a los líderes ultraortodoxos, en un intento de hacerlos entrar en razón y obligarlos a volver al redil. "Estoy seguro de que es posible resolver el problema con Shas de manera honesta", aseguraba ayer Ehud Barak ante los diputados laboristas, al tiempo que hacía un llamamiento a los ultraortodoxos religiosos para que asumieran de manera responsable sus posiciones en favor del proceso de paz, tal y como lo hicieron después de los Acuerdos de Oslo en que apoyaron la política de Yitzhak Rabin de "paz a cambio de territorio". El proceso de diálogo entre Israel y los palestinos parece complicarse también como consecuencia de la decisión del gobierno Barak de permitir la construcción de 5000 nuevas viviendas en asentamientos judíos en Cisjordania y de no aceptar liberar a los presos políticos palestinos reclamados por Yasser Arafat, ofreciendo como alternativa una lista de 34 nombres con los que la Autoridad Nacional Palestina no está de acuerdo. A estos dos problemas se les suman nuevas discrepancias sobre el repliegue de las tropas israelíes en el 5 por ciento de Cisjordania, que debía haberse efectuado el pasado 15 de noviembre.
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El partido
ultraortodoxo sefaradí Shas amenazó ayer con abandonar la coalición gubernamental
presidida por el laborista Ehud Barak. A menos que le den 30 millones de dólares. La
salida de este grupo de religiosos del gobierno podría provocar la primera gran crisis
del Ejecutivo laborista israelí, torpedeando al mismo tiempo el diálogo con Siria y
Líbano, en un momento especialmente delicado en que se lanzan gestos de buena voluntad
hacia la milicia fundamentalista libanesa del Hezbollah para que decrete un alto el fuego
y libere o devuelva el cadáver del aviador judío Ron Arad, abatido hace 13 años, a
cambio de cinco guerrilleros excarcelados el pasado domingo.