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No queremos otro Yacyretá, enfatizó ayer Fernando de la Rúa al dar el puntapié inicial al plan federal de obras públicas que aplicará la Alianza durante los próximos cuatro años. La inversión mínima prevista es de 12 mil millones de dólares, con fondos aportados por la Nación, las provincias y organismos multilaterales de crédito. Deberá haber rigor en el gasto y serenidad en la gestión. No queremos obras que se inicien y se paralicen por falta de previsiones financieras adecuadas, porque después terminan costando 10 veces más de lo presupuestado, sentenció el Presidente, buscando marcar claras diferencias con la administración menemista en esta área. La Nación y las provincias definirán en conjunto las obras a realizarse y qué porcentaje integrarán para su financiación. Este esquema mereció la aprobación de los ministros de Obras Públicas provinciales, quienes estuvieron presentes en el acto.El anuncio del plan de obras públicas fue también una excusa para presentar formalmente al nuevo Ministerio de Infraestructura y Vivienda. Su máximo responsable, Nicolás Gallo, repasó otro de los temas candentes en su cartera. Seguimos peleando punto por punto, pero hay dificultades en la negociación, admitió, al referirse al diálogo con las concesionarias de rutas nacionales para acordar una rebaja en los peajes. Si en las próximas semanas no nos ponemos de acuerdo, prefiero decirle al periodismo hasta qué punto llegamos y cuáles son las diferencias, añadió el ministro, quien de todos modos consideró que algo vamos a lograr. Pero para no dejar dudas de que su tarea es complicada, remarcó que llegado el caso, voy a mostrar lo que no logré. Según explicó, el problema central es que las empresas pretenden negociar en conjunto, mientras que el Gobierno auspicia acuerdos puntuales con cada concesionaria.Hay rutas que están en mejores condiciones que otras o tienen mayor tráfico y pueden soportar mejor una rebaja. Pero las empresas se ponen todas en el mismo lugar, quizá para sentirse sólidamente acompañadas entre sí, indicó. La especulación es que las concesionarias están buscando hacer naufragar la negociación. Ante ello, Gallo destacó que en el 2003 terminarán las concesiones, desconociendo la renegociación de contratos practicada por el gobierno anterior, que extendía los plazos tal como pretendían las empresas. Esta es la principal carta que juega Gallo en la negociación con las empresas para lograr la reducción de los peajes.Más grato resultó para el ministro informar sobre las características que tendrá el plan de infraestructura durante los próximos cuatro años. Puntualizó que se invertirán 3 mil millones en construcción de viviendas, 5200 millones en obras viales, 1200 millones en ferrocarriles, 900 millones en vías navegables, 100 millones en puertos, 800 millones en aeropuertos y otros 800 millones en obras de recursos hídricos. Esos 12 mil millones son el piso para la ejecución de programas de infraestructura. Pero, de conseguirse mayor financiamiento, el monto se elevará. En ese sentido, la representante del Banco Mundial en la Argentina, Myrna Alexander, comentó a Página/12 que estamos dispuestos a asistir financieramente en más de 1300 millones, que es lo previsto en este momento para los próximos cuatro años. Por lo tanto, las inversiones superarían los 12 mil millones.En cuanto al financiamiento de aquellas obras, Gallo indicó que el Estado aportaría el 45 por ciento, las provincias el 16 y el sector privado el 39. En 45 días volverán a reunirse los funcionarios de Infraestructura con sus pares provinciales, para comenzar a definir puntualmente cuáles serán los proyectos a encararse. En esa etapa seguramente se darán negociaciones más acaloradas, dado que cada provincia peleará por obtener una mayor cuota de aquellos 12 mil millones para obras en su territorio. Y el problema, como indicó Gallo, es que hay un atraso fenomenal en infraestructura pública y los recursos no son tantos.
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