 Sin agregar
una coma ni borrar un punto, el Senado votó ayer, y convirtió en ley, el proyecto de
Presupuesto que ya había sido aprobado en la Cámara baja. “Para que no digan que
metemos palos en la rueda”, fue la frase más repetida por los legisladores
justicialistas para subrayar el gesto de grandeza de haber votado a favor. Sin embargo,
tuvieron en vilo a la Alianza al aprobar el presupuesto previamente a la discusión sobre
la reforma impositiva (ver página 4), alterando el camino lógico: el presupuesto incluye
los recursos que se esperan obtener por los cambios tributarios previstos en esa otra ley.
Los cálculos sobre los cuales deberá basar su gestión el gobierno nacional durante el
año 2000 establecen una previsión de gastos por 48.175,6 millones de pesos. De ese
total, 9033,6 millones de pesos se destinarán al pago de la deuda pública, que de todos
modos se verá incrementada al finalizar el año en 6358,8 millones, por diferencia entre
el endeudamiento previsto durante el ejercicio (24.955,4 millones) y las amortizaciones
durante el período (18.596,6 millones). El recorte de gastos a que echó mano el gobierno
de la Alianza con respecto del ejercicio anterior es del orden de los 1419 millones de
pesos, el mayor ajuste de la última década planteado en un proyecto de presupuesto
anual. De esta forma, se aspira a acotar el déficit a no más de los 4500 millones de
pesos, límite fijado para el 2000 por la Ley de Convertibilidad Fiscal. Si bien algunos
senadores justicialistas plantearon reparos respecto de la “falta de orientación
política de la propuesta de gastos” e hicieron observaciones puntuales, cumplieron
con su compromiso de no entorpecer el tratamiento de una de las leyes centrales que
reclama el gobierno de la Alianza. La celeridad en el debate de este tema, en virtud de
que no existían disidencias esenciales, permitió que el Presupuesto fuera tratado y
aprobado en 20 minutos.La pauta de crecimiento de la economía para el año 2000
incorporada al Presupuesto es del 3,5 por ciento. Al tiempo que el gobierno nacional se
comprometió ante los mandatarios provinciales a respetar una pauta fija de
transferencias, a través del Pacto Fiscal, en la Ley de Presupuesto votada se eliminan
los regímenes de promoción industrial, pero se acepta la continuación de los
diferimientos para programas turísticos y agropecuarios de 14 provincias, que seguirán
en manos de los gobernadores. Este último ítem importa una contribución a las
provincias calculada en 959 millones de pesos.El rubro central en el que se producen
recortes es en el sistema previsional, donde se prevé ahorrar 378 millones de pesos,
además de 100 millones adicionales surgidos por la normalización del PAMI que impulsa el
gobierno nacional. También hay un recorte total a las provincias de 262 millones de
pesos, de los cuales 100 millones corresponden a La Rioja, y 174,7 millones a gastos
reservados. Otros rubros que verán reducidos sus gastos en el próximo año son los de la
Presidencia (68,2 millones), transferencias (81,8 millones), eliminación de entes
residuales y organismos (44,1 millones), Plan Trabajar (76 millones), Ciudad Judicial (38
millones) y recortes de gastos en el Congreso (50 millones). En el Presupuesto 2000 quedan
restituidos fondos específicos para las provincias por 900 millones de pesos, que la
iniciativa original había eliminado.Como contrapartida, quedó suspendida la rebaja de
aportes patronales.La Jefatura de Gabinete adquiere a partir de ahora la facultad para
decidir la ejecución de las obras en las provincias que financia el gobierno nacional y
para instrumentar un plan de retiros voluntarios de la planta permanente del sector
público. El Estado adquiere además la atribución de coordinar la distribución de 360
millones de pesos para los programas de asistencia médica de las obras sociales, acción
de la que se excluye a los sindicatos.El titular de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, Carlos Verna (PJ), hizo la única observación formal al proyecto, al señalar
que”erróneamente” se incluyó a la ciudad de Buenos Aires junto a las
provincias como una de las partes entre las que se distribuye los 16.200 millones anuales
que remite la Nación. Pero aclaró que “como gesto de buena voluntad” y
“para que no digan que ponemos palos en la rueda”, el justicialismo “va a
omitir incluir esta aclaración porque no queremos hacer modificaciones” que
obligarían a remitir la norma nuevamente a Diputados.Eduardo Menem criticó el proyecto
desde un punto de vista político, al señalar que “un presupuesto no es sólo un
cálculo numérico sino que es un programa general de gobierno. Y es lo que todavía no
vemos en el gobierno de la Alianza”. La coalición gobernante, en cambio, priorizó
la celeridad en el tratamiento, evitando el debate. Con excepción de Juan Carlos Altuna,
quien presentó oficialmente el tema, ningún miembro de la bancada hizo alocuciones.
A DIEZ AÑOS DEL PLAN BONEX, ANTESALA DE
CAVALLO
También ese salvavidas estaba pinchado
Por Julio Nudler
Diez
años atrás, Erman González (ministro de Economía) y Alvaro Alsogaray (consejero
ideológico de Carlos Menem) le dieron a beber al país la infusión mágica, en cuya
cocción había trabajado Domingo Cavallo (canciller): terminar con la deuda interna,
convirtiéndola en externa, mediante el arbitrio de pisar gran parte de los depósitos en
australes a través de la conversión forzosa de los plazos fijos en una nueva serie de
Bónex. Esto significaba, al mismo tiempo, transformar una deuda a siete días en otra a
diez años. Como el Banco Central respaldaba todos los depósitos, el repudio de los
plazos fijos cortaba la correa que lo obligaba a costear la loca carrera de las tasas de
interés. Dado que éstas sólo se podían afrontar con emisión, la carrera se aceleraba
cada vez más. La violenta devaluación del austral desde el derrumbe del Plan BB y la
subsiguiente “liberación de las variables”, resuelta por Erman al asumir el 18
de diciembre, reducía a unos 3000 millones de dólares la emisión necesaria de Bónex,
con lo que tampoco crecía con ellos notablemente la deuda externa, que por entonces ya
superaba los 40 mil millones. En la práctica, el Plan Bónex era un paso hacia la
convertibilidad, porque, una vez establecida ésta, el Central ya no podría convalidar
monetariamente las tasas que prometieran los banqueros en los certificados. Sin embargo,
aún hacía falta más licuación de la base monetaria en australes para que las reservas
alcanzaran. Mientras el sábado 30 de diciembre los arbolitos cotizaban el dólar a 4000
australes (ocho días antes rondaba los 1500), se rumoreaba que el Gobierno fijaría la
paridad en hasta 8000 para ingresar a la convertibilidad.Entre la punción de los plazos
fijos (las cuentas de ahorro y los plazos fijos pequeños fueron perdonados), el desboque
de los precios e incluso la parálisis comercial, la sensación era de anarquía: en los
countries duplicaban las custodias armadas, había amenazas carapintadas y cerca de Carlos
Menem se evaluaba imponer el estado de sitio junto al anuncio de un nuevo paquete
económico. Pero si Eduardo Curia, secretario de Gestión Económica, había recibido el
jueves 28 la luz verde de SupErman para avanzar con su plan de convertibilidad (al que en
ese momento se oponía Cavallo), desde la Casa Rosada le bajaron el pulgar. Curia debió
extraer sus conclusiones y marcharse a casa.La convertibilidad había perdido una batalla,
quizá por una cuestión de copyright, pero no la guerra. Así como hoy goza de muy poco
prestigio, y ni siquiera se acepta el tipo de cambio fijo –más allá de que la
Argentina se aferre desesperadamente a la fórmula–, diez años atrás venía a
llenar el vacío dejado por otras modas perimidas. En los tempranos ‘80 prosperaba la
teoría de la inflación inercial (los precios subían porque no podían parar de subir) y
el shock heterodoxo (eso fueron el Plan Austral y el subsiguiente Plan Cruzado
brasileño), ideas que habían brotado a su vez sobre las ruinas de la ortodoxia
monetarista.Cuando pocas y muy confusas horas después de su caída se le preguntó a
Curia cuál era la ideología subyacente a aquella política económica, respondió con
crudeza: “Junto al abismo las ideologías se licúan. Un plan como el que yo
presenté, ni se me hubiera ocurrido años antes”. Esta respuesta no perdió
vigencia, y quizás ayude a echar luz sobre aspectos de la estrategia que ahora mismo
está lanzando el equipo de José Luis Machinea y, aún más, sobre la que puede lanzar
llegado el caso. Diez años atrás, la lucha por evitar que el público huyera masiva y
caóticamente del austral, precipitando con ello una nueva híper, conducía a la quiebra
del Estado y del propio sistema bancario. Ahora el peligro de bancarrota no proviene de
los acreedores internos sino de los externos: que éstos se nieguen a seguir prestándole
10 mil millones netos al país cada año.Hace un decenio, Alsogaray señalaba con claridad
el camino (que vendría después a recorrer su aborrecido Cavallo): “...La
conversión de la deuda interna significó simplemente eliminar el principal escollo en el
manejo de las cuentas nacionales. Ahora falta hacer todo lo que se ha
prometido:privatizar, desregular, reducir la dimensión del Estado...” Menem lo hizo.
| Me mentiste,me engañaste “Impreciso, continuista, sin ninguna novedad. No se compadece con lo
prometido en la campaña política”, fue la crítica que oyó ayer la Alianza hacia
el proyecto de Presupuesto convertido en ley en el Senado. Lo curioso es que el
cuestionamiento no partió de un militante de la coalición gobernante que se hubiera
sentido traicionado, ni un referente político equidistante del actual y el anterior
gobierno. La crítica de quien se erigió en fiscal de la nueva administración demandando
en nombre de los receptores de las promesas de campaña partieron del senador Antonio
Cafiero. Su par de bancada Ricardo Branda también cuestionó la excesiva austeridad
fiscal, como si la política de ajuste resultara un dato nuevo en la Argentina de los
últimos años. El formoseño aseguró que el torniquete fiscal “pone en situación
de colapso el sistema judicial, ya que no se podrán crear nuevos juzgados
federales”. El justicialismo ocupó rápidamente su rol de opositor en el Senado,
pero olvidando en el apuro su responsabilidad en el gobierno saliente e, incluso, la
participación de su ex ministro de Economía en la elaboración del proyecto
presupuestario. |
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