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Por Cristian Alarcón La Justicia investiga si funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre ellos su titular, Carlos Silvani, son responsables de la inexistencia de controles en el ingreso de mercadería y correspondencia al país que podría facilitar el tráfico de droga. Después de una investigación que comenzó hace un mes, cuando en un depósito de Correo Argentino se descubrió casualmente cocaína dentro de las patas de una mesa ratona enviada por encomienda desde Perú, el juez en lo penal económico Carlos Brugo denunció ayer a los altos jefes de la AFIP y la Aduana por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". "Junto a la denuncia --le dijo el juez a Página/12-- hay documentación en la que se demuestra que durante el último año, 14 jefes de diferentes áreas de la Aduana han pedido a las autoridades equipos de rayos y lo necesario para los controles porque tenían constancia de que en parte de la correspondencia había tráfico de drogas". Ante la denuncia el ministro de Economía, José Luis Machinea, respaldó a Silvani. "Sigue firme", dijo. La denuncia de Brugo es la formalización de lo que ya había sostenido cuando intervino en noviembre en el hallazgo de cocaína en la oficina del correo. "Así como funciona la Aduana, usted puede traficar drogas, armas, lo que se le antoje", sostuvo en su momento y acudió a la metáfora del queso gruyère para describir los agujeros que hay en el ingreso de mercaderías a la Argentina. Brugo también aclaró que no le preocupaban el kilo y medio de droga que venía coquetamente envuelto en las patas de tres mesas ratonas desde Lima y con destino en un departamento de la calle Tucumán. Ni tampoco que por el aeropuerto de Ezeiza alguien "entre dos kilos". "El problema es que así como no hay máquinas de rayos para la correspondencia tampoco se revisan los containers en los puertos y es ahí donde está el gran tráfico", aseguró. Siguiendo el camino que durante noviembre hicieron las famosas mesitas peruanas, Brugo acumuló las declaraciones de 14 jefes de área de la AFIP y de Aduanas que aseguran haber pedido equipamientos para realizar los controles. "Ellos aportaron oficios en los que solicitaban al administrador Silvani y a (Carlos) García Lorea, (director de Inteligencia Fiscal) que por favor les otorgaran equipos de rayos y lo necesario para los controles porque tenían constancia de que en parte de la correspondencia había tráfico de drogas", dijo ayer el juez. En la resolución que se desprende de la causa por contrabando instruida por Brugo luego del incidente de las mesas, el magistrado adjunta las testimoniales de los empleados de la Aduana y las cartas y memorandos en los que se solicitan los equipos de control. Ayer el ministro de Economía salió al cruce de la denuncia de Brugo. "La situación de Silvani sigue firme. Todos los que hemos pasado por el sector público hemos tenido denuncias, desgraciadamente", fue la defensa esgrimida por Machinea. En la denuncia, que investigará el juez federal Carlos Liporaci, hay un capítulo dedicado exclusivamente a García Lorea, quien tiene a su cargo el funcionamiento de la Policía Aduanera. Según Brugo, el funcionario "es responsable del desmantelamiento de la Policía Aduanera y del departamento de drogas de la AFIP". Ya en noviembre, Brugo había señalado que "los mejores hombres con experiencia en narcotráfico fueron sacados de circulación" y reubicados en puestos administrativos. "Además, los policías de la Aduana han sido desarmados, no tienen poder de fuego. Se llega al extremo de hacer operativos nocturnos y allanamientos sin armas. ¿Cómo un policía va a revisar un contenedor sin armas? Yo mismo he hecho procedimientos con la Aduana y he tenido que pedir custodia a la Policía Aeronáutica o a Gendarmería", le dijo ayer a este diario. Entre las pruebas que el juez Brugo incluye en la denuncia ante Liporaci figura un pedido del año 1998 firmado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri a la Presidencia de la Nación. En el mismo se solicita información "sobre los controles adoptados para la circulación de envíos que pudieran contener drogas". En ese pedido de informes también se solicitan datos sobre el funcionamiento de Correo Argentino en todo el país.
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