Por Fernando Almirón La Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) presentará hoy ante el Juzgado Federal de Corrientes una querella
criminal contra el comandante de la Gendarmería Nacional Ricardo Chiappe, quien estuvo a
cargo del operativo que el viernes 17 desalojó a docentes y estatales correntinos que
mantenían cortado el puente interprovincial General Belgrano con una secuela de dos
muertos y decenas de heridos. Juan González, secretario general de ATE, quiere que la
Justicia procese penalmente al alto jefe de seguridad bajo los cargos de homicidio
calificado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y
abandono de personas. También recusará al juez federal Carlos Soto Dávila, por
considerarlo involucrado de los hechos que se proponen investigar.
En el escrito, González se pregunta hasta qué punto el gobierno nacional ignoraba la
desproporcionada acción represiva que contó con el apoyo logístico de otra fuerza de
seguridad, la Prefectura Naval. “Si ni el juez ni el Ministerio del Interior
impartieron la orden de desalojo, nos encontramos ante un estado de sedición manifiesta
por parte de las fuerzas de seguridad con el consentimiento del Gobierno”, aseguró
el gremialista.
El texto de la querella recoge las declaraciones a la prensa del comandante de
Gendarmería durante la trágica jornada: “Asumo la total responsabilidad de los
hechos. Era cuestión de diez minutos para que todo se desbandase, y no podía esperar la
orden de actuar. No había tiempo para el papeleo burocrático”, dijo. Los abogados
patrocinantes (Horacio González, Julio Maldonado y Juan Carlos Capurro) agregan a
continuación: “Chiappe actuó sin orden judicial en lo que hace al desalojo del
puente y contra la ley en la disolución de las manifestaciones sucedidas fuera del
puente, ya en jurisdicción provincial”.
Y señalan que “el 17 de diciembre en horas de la madrugada el comandante Ricardo
Chiappe habría dado la orden de atacar por agua y tierra a los ciudadanos que
manifestaban pacíficamente en el puente General Belgrano” y que “la desmesurada
estrategia bélica, con una dotación de varios centenares de gendarmes, fue
‘apoyada’ con un apagón de luz provocado por las propias fuerzas de la
Gendarmería, que volaron mediante explosivos la usina que daba electricidad a la
zona”.
“El objeto de la represión –agrega la querella de ATE– fueron
‘familias completas’ sorprendidas en plena oscuridad por los efectivos equipados
con visores infrarrojos y máscaras para evitar los efectos de los gases. Luego de
desalojar el puente, (la Gendarmería) persiguió y reprimió a los manifestantes con el
objeto de dispersar la movilización ciudadana que confluyó sobre la avenida 3 de Abril
en repudio de la acción represiva, algo ilegal en un Estado de derecho.”
Los querellantes se preguntan: “¿Quién dio esas órdenes? ¿Quién ordenó a la
Prefectura prestar colaboración con sus lanchas para el desembarco de los gendarmes que
cruzaron el Paraná desde el Chaco? ¿Por orden de quién la Gendarmería reprimió,
persiguió personas en territorio provincial y allanó domicilios en barrios adyacentes al
puente sin orden judicial?”.
Por último, los denunciantes aseguran que “si Chiappe actuó por decisión propia
tal como lo ha declarado, ha infringido la ley, ya que se arrogó la suma del poder
público generando el más grande desorden sobre el Estado de derecho”. Y esta
responsabilidad alcanza a todo otro funcionario que haya avalado este accionar”,
advierten los representantes legales de ATE.
El abogado Juan Carlos Capurro agregó que la presentación está acompañada de una lista
de testigos, “quienes aseguran que la Gendarmería dispuso de francotiradores durante
los enfrentamientos, algunos de ellos son vecinos que vieron a efectivos de uniforme en
las terrazas tirando con carabinas sobre los manifestantes”.
“Si Chiappe hizo todo esto solo, no se entiende cómo sigue en su cargo”, se
preguntó Capurro. Y agregó: “Tal como señalamos en la querella, su grado de mando
no alcanza para requerir el apoyo de la Prefectura Naval,que, como la Gendarmería,
depende de la Secretaría de Seguridad Interior”.
QUIEREN UNIFICAR SALARIOS PUBLICOS
Buscando equidad
Por I. H.
El
gobierno nacional quiere que se fijen topes y se unifiquen los salarios de funcionarios
nacionales, provinciales y municipales. Por eso impulsa la firma de un convenio con las
provincias destinado a establecer un “sistema de proporcionalidad” que ponga fin
a las amplias diferencias existentes en los salarios reales que se perciben dentro de la
función pública. Según relevamientos de la Alianza, en las provincias donde la
situación económica es más crítica hay legisladores y concejales que cobran las cifras
más altas, que rondan los 13 mil pesos.
La propuesta obligaría a reducir los ingresos de parte de la función pública. Así se
desprende del proyecto de una ley de Compromiso Federal por la Transparencia, la
Austeridad y la Equidad que presentaron ayer el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra,
el presidente provisional del Senado, José Genoud, el secretario general de la
Presidencia, Jorge de la Rúa, y el viceministro del Interior, Carlos Becerra.
“En muchas comunas y en algunas provincias las dietas de los concejales y senadores
llegan a quintuplicar las de los legisladores nacionales”, advirtió ayer Gil
Lavedra. De acuerdo con el borrador del proyecto, se busca “una solución en lo
económico en sintonía con la reducción del gasto público, como medida equilibrante
para las cuentas del sector. No puede obviarse que la situación de las economías
provinciales es tan o más grave que la presentada por la economía nacional”.
Para que prospere, la norma propuesta requerirá consenso y acuerdos políticos con los
gobernadores provinciales. Hasta ahora, los diferentes distritos gozan de autonomía para
fijar los salarios. La Alianza presentará el proyecto para que sea tratado en las
sesiones extraordinarias de enero. Una vez que sea ratificado por el Congreso, deberán
adherir las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes.
Fuentes parlamentarias explicaron a Página/12 que el recorte se efectuaría sobre aquella
porción de los salarios reales que abarca gastos de representación, telefonía celular,
infraestructura, viáticos y fondos reservados, entre otras cosas. Es decir, no se tocará
la dieta básica. Los criterios de proporcionalidad están en elaboración pero, en
esencia, se ajustarán valores máximos y mínimos a la realidad de cada provincia.
También se prevé que los funcionarios rindan cuentas de sus ingresos y que fondos
destinados a remuneraciones sean publicados en medios accesibles a la consulta de todos
los ciudadanos. Por último, el proyecto aconseja la creación de un Consejo Federal que
controle la aplicación de la ley y audite la ejecución de los presupuestos.
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El jefe del operativo reconoció haber actuado sin orden judicial. En el Ministerio
del Interior aseguran que ellos tampoco dieron la orden.