Por José Natanson Una reunión en la Casa de
Gobierno terminó de sellar la designación de Diana Conti como nueva subsecretaria de
Derechos Humanos. El cargo, uno de los pocos de relevancia que permanecía vacante, se
completó finalmente con la diputada del Frepaso, una dirigente de buen diálogo con los
organismos de derechos humanos que, en 1997, acompañó con su firma el proyecto de
derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La diputada llegó por la mañana a la Casa Rosada junto a su amigo y futuro jefe, el
ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, y se reunió con Fernando de la Rúa, a quien
apenas conocía. Fue una charla de una hora durante la que se terminó de confirmar su
nombramiento. Aunque la nominación oficial recién se difundirá en los próximos días,
por la tarde Conti giró a Presidencia sus datos personales para confeccionar el decreto
de designación.
Conti tiene 43 años. Es abogada y psicóloga social. Se especializó en derechos humanos
en el Instituto Sudamericano de Costa Rica y en la Corte Internacional de La Haya. Durante
la última dictadura trabajó junto al CELS en la reconstrucción de la jurisprudencia
destruida por el Proceso, hasta que en 1983 ingresó como secretaria en un juzgado
correccional. Más tarde fue secretaria de la Cámara del Crimen, integrada entre otros
por el legislador frepasista Raúl Zaffaroni.
Trabajó junto a León Arslanian en el Ministerio de Justicia y, mientras tanto, continuó
desarrollando su perfil académico: es secretaria del Departamento de Derecho Penal de la
UBA que dirige Zaffaroni, en donde Gil Lavedra tiene el cargo de profesor adjunto.
Conti comenzó a militar en el Frepaso junto al diputado Juan Pablo Cafiero. En 1997 fue
electa diputada por la provincia de Buenos Aires en la boleta que encabezó Graciela
Fernández Meijide. Poco después de asumir, acompañó con su firma un proyecto elaborado
por Cafiero y por el socialista Alfredo Bravo que proponía anular las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, una iniciativa que fue rechazada por la conducción de la Alianza y
que generó una de las primeras crisis internas de la coalición.
Fue este último dato el que inquietó a De la Rúa. Luego de las elecciones, cuando
radicales y frepasistas comenzaron a definir los espacios del gabinete, todo indicaba que
la subsecretaría de Derechos Humanos le correspondería a un dirigente del partido de
Chacho Alvarez, que rápidamente postuló a Conti para el cargo. Sin embargo, con el
correr de los días la candidatura se fue diluyendo ante la indecisión de De la Rúa, que
dudaba sobre la conveniencia de designar a uno de los responsables del proyecto de
anulación.
Quince días atrás, Página/12 informó que De la Rúa le había ofrecido el cargo a
Federico Polak, abogado y vocero de Raúl Alfonsín. La oferta generó críticas de todo
tipo entre los organismos de derechos humanos, que recordaron uno de los antecedentes de
Polak: a diferencia de Conti, el vocero alfonsinista se opuso públicamente a los procesos
iniciados en España por Baltasar Garzón.
Después de una larga polémica con las organizaciones, Polak confirmó la información
publicada por este diario pero añadió que había decidido rechazar la oferta. Una
decisión que, más allá de la resistencia de los organismos, estuvo vinculada a la
negativa de Alfonsín, quien no aprobó la designación de uno de sus hombres de confianza
en un lugar tan controvertido.
Descartado Polak, el único nombre que quedó en pide fue el de la diputada del Frepaso,
que cuenta con una gran ventaja inicial: el respaldo unánime de las agrupaciones de
derechos humanos. “Conti reúne las condiciones que le faltan a Polak”,
expresaron un par de semanas atrás a través de una carta que le enviaron a Gil Lavedra
firmada, entre otros, por las Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS.
Consultados por Página/12, los organismos ratificaron ayer su conformidad con la
designación de la legisladora. “Nos parece acertada. Siempre nos mostró su
solidaridad y comprensión por el drama que vivimos. Vamos a apoyarla en tanto se cumplan
los reclamos de verdad y justicia”, aseguró Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora. “De los nombres que circulaban es el que tenía mayor
consenso. Esperamos que se puedan defender los derechos humanos aunque, por definición,
es el Estado el que los viola. Esperemos encontrar una pata dentro del Estado para mitigar
el conflicto”, señaló José de Lucca, del Movimiento Ecuménico por lo Derechos
Humanos.
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