Por Felipe Yapur y Victoria Ginzberg El efecto Y2K para los
represores argentinos se llama Baltasar Garzón. A pocas horas del año 2000, el juez
español giró a Interpol la orden de captura internacional de 48 militares, entre los que
se encuentran Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Alfredo Astiz y Antonio Domingo
Bussi. La medida pone a prueba al gobierno de la Alianza, ya que en pocos días, el
ministro del Interior, Federico Storani, tendrá sobre su escritorio el papel que indica
que los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura deberán
ser arrestados en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren, incluso en la
Argentina. Por el momento, el Gobierno prefirió el silencio.
Esta orden hace efectiva la decisión tomada por Garzón el pasado 2 de noviembre y que
fue anticipada en octubre por Página/12. En ese auto de procesamiento a 98 militares
argentinos, el juez español dejó expresa constancia de que la captura de los represores
incluye a nuestro país: “Las referidas órdenes de detención han de ser expedidas
sin restricción especial o territorial alguna. Es decir que Interpol deberá darles curso
a todos y cada uno de los países que forman parte de la misma. Y por ende, una vez
averiguado el paradero de cualquiera de los procesados, debe ser ejecutada por la
autoridad policial y judicial que corresponda, incluido, por supuesto, el país de la
nacionalidad de los procesados, dado el carácter extraterritorial de los presuntos
delitos que se imputan y los convenios multilaterales y bilaterales en vigor, por encima
de otros criterios ajenos al estrictamente jurídico que aquí se mantiene”.
Aunque en el documento firmado en noviembre el juez español –quien también ordenó
el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet– se había referido a 98 militares
argentinos, la orden girada ayer a Interpol se restringe a 48. Esto no significa que el
magistrado haya desestimado a los restantes, sino que, como explicó a este diario el
abogado querellante en el juicio español, Carlos Slepoy, sólo se contaba con todos los
datos personales de los que figuran en el trámite judicial.
“Estamos a la espera de la primera experiencia con el nuevo gobierno. El anterior
(por Carlos Menem) se hubiera opuesto, ya que se negó a todo, incluso a la colaboración
jurídica, a aportar datos o documentos. Pero pensamos que se ha avanzado mucho en esta
lucha contra la impunidad”, aseguró Slepoy. El abogado, conocedor de lo incómodo
que puede resultar este tema a la administración de Fernando de la Rúa, señaló que
“a pesar de las confusas declaraciones de los actuales funcionarios del Gobierno
realizadas en noviembre, algunos manifestaron que el tema debería pasar al ámbito de la
Justicia. Esto prestigiaría al gobierno argentino frente a la sociedad y a la comunidad
internacional. Se debe entender que no es una cuestión que deben decidir los gobiernos
sino el Poder judicial. Otra cosa es qué haría la Justicia argentina con este
pedido”.
A pesar de que la Alianza estaba al tanto de que la orden de captura contra los militares
argentinos llegaría de un momento a otro, la noticia sorprendió a más de un
funcionario. En el Ministerio del Interior argumentaron que Storani estaba “muy
ocupado y con la agenda completa”. Un empleado de esa cartera aseguró que el
ministro dijo que era mejor que se preguntara en el Ministerio de Justicia. Allí, a su
vez, indicaron que este tema deberá ser resuelto por Interior. No fue errada la
interpretación de los funcionarios que dependen de Ricardo Gil Lavedra. Porque una vez
que Interpol argentina reciba la orden de captura de la oficina central, ésta recalará
directamente en el despacho de Storani, quien podrá rechazarlo, remitirlo a la Justicia o
directamente ordenar la captura de los militares.
Antes de imaginar que estaría ocupando la poltrona del Ministerio del Interior, Storani
había manifestado a Página/12, pocos días después de que la Alianza ganara las
elecciones, que “la competencia puede ser discutibleen algunos casos, pero habría
que dar curso a la Justicia para que decida. No habría que rechazarlo in limine”. En
su momento, De la Rúa no fue muy preciso y el actual silencio de los funcionarios hace
suponer que la decisión final se generará en Presidencia.
Desde que se conoció la posibilidad de que Garzón ordenara la detención de los
militares se desató un debate sobre la juridicidad de la medida. El gobierno menemista,
como lo hizo desde que este proceso se inició, rechazó la competencia de Garzón
entendiendo que los delitos cometidos en la Argentina debían ser juzgados en el país.
Tesis a la que algunos aliancistas, como el ex presidente Raúl Alfonsín, adhirieron. Sin
embargo, especialistas en derecho internacional, como Alberto Zuppi, sostienen que los
crímenes que cometieron los militares acusados de violaciones a los derechos humanos
pueden ser juzgados por cualquier juez del planeta, ya que se trata de delitos de lesa
humanidad. Zuppi explicó en su momento que el pedido es constitucional, ya que en 1994
con la reforma de la Constitución Argentina otorgó rango constitucional a la Convención
contra la Tortura, que indica que los culpables de estos delitos deben ser juzgados o
entregados a otros países para ser sometidos a proceso. “Argentina reconoció la
extraterritorialidad con rango constitucional. Y esto no admite otras lecturas”,
precisó Zuppi.
Actualmente hay nueve militares procesados por apropiación de menores -y de éstos sólo
seis están en la orden de captura de Garzón–. En caso de aprobarse el pedido del
magistrado español, seguramente la medida no los alcanzará. Pero hay 42 represores que
podrían ser extraditados.
OPINIONES |
| El fallo, lo que
ocurrirá “Los
defenderán”
Hebe de Bonafini *
“Lo de la Justicia es muy importante, ya que desde el inicio dio vuelta todo, desde
los juicios internacionales en los cuales se comenzaron a juzgar los crímenes de lesa
humanidad. El Gobierno debería ponerlos en la cárcel en la Argentina. Pero lo que van a
hacer es defenderlos, porque los radicales dictaron más leyes para protegerlos que los
menemistas. Alfonsín dictó la ley de presunción de muerte, luego confirmó a los jueces
cómplices de la dictadura y luego dictó la prescripción de causas, la obediencia debida
y el punto final. Lo que van a hacer es ampararlos, y además sería muy grosso que De la
Rúa metiera preso al hermano de su esposa.
* Asociación Madres de Plaza de Mayo
“Sin sorpresas”
Simón Lázara *
“La decisión de Garzón está dentro de la lógica del procedimiento que él ha
seguido, de manera que no hay que asombrarse. No debe sorprender a nadie. Hasta ahora lo
que había dicho el gobierno argentino era que iba a actuar la Justicia argentina, se iban
a recibir las órdenes de captura y se iban a remitir a la Justicia, para que ésta tome
una decisión final sobre la cuestión. Hay que tomar en cuenta algunos detalles, como que
algunos de estos represores están siendo juzgados en la Argentina, caso Suárez Mason, y
algunos tienen prisión. De hecho, la Justicia argentina va a decir que no corre la
extradición cuando hay una causa en el país.
* Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
“Fallo impecable”
Laura Bonaparte *
“El fallo de Garzón es impecable, ha tomado todos los recaudos para que no se lo
pueda rebatir y está confirmando que es un juez que hace justicia teniendo en cuenta las
declaraciones internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad. El Gobierno debe
acatar las resoluciones que Garzón ha pedido, puesto que el gobierno argentino ha firmado
convenios internacionales. Se ha adherido al Pacto de San José de Costa Rica y tiene que
mostrarse lo suficientemente civilizado para que los argentinos sepamos que por fin un
gobierno defiende a sus propios ciudadanos.
* Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora
“Hay acuerdos”
Mabel Gutiérrez *
“Me parece muy bueno el fallo, y esto es fruto de que en el país hay gente que no se
puede juzgar, porque si bien se está juzgando a represores por la apropiación ilegal de
menores, esto es con cuentagotas. Por las leyes de impunidad se empezó a juzgar en el
extranjero, y una vez que se está cursando en el extranjero es lógico que el juez
proceda como deba proceder. El Gobierno debe respetar los acuerdos y convenciones de
extradición y proceder de acuerdo a lo que establecen estos acuerdos. No puedo emitir
opinión sobre lo que va a hacer, lo que debe hacer es extraditarlos, y si no lo hace
realmente será un muy mal antecedente en cuanto a derechos humanos.”
* Familiares de Ex Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas
“Un éxito”
Adriana Calvo *
“El fallo es un éxito de la lucha de tantos años de los grupos de derechos humanos
y de buena parte del pueblo que nos acompañó en la lucha por conseguir justicia, y la
historia a veces sigue estos caminos tortuosos que nos hacen que debamos buscar justicia
en el exterior. Es un regalo de fin de año. El Gobierno debe hacer lo único que le
permite la ley, que es meter presos a estos 48 militares. No es cierto, como están
diciendo De la Rúa y Gil Lavedra, y otros tantos funcionarios, que deben enviarlo a la
Justicia. La Interpol Argentina es un sector de la Policía Federal y la Policía Federal
depende del Ministro del Interior, que es el que debe dar la orden de detenerlos antes de
extraditarlos.
* Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.
“Nos alegramos”
Graciela Rosenblum *
“Este fallo era parte de lo que nosotros veníamos trabajando y recopilando como
datos sobre la cadena de mando y represores. Fue muy duro pero nos alegramos que por lo
menos se empiecen a cursar los pedidos de captura. Es una pequeña batalla que le ganamos
a la impunidad. El gobierno argentino debe derogar el decreto 111/98 que dictó Menem, que
impide la colaboración jurídica entre España y Argentina. Hay un tratado de
cooperación jurídica y, a raíz del juicio de Garzón, Menem dictó el decreto trabando
este tratado. El Gobierno debe derogarlo y que la gente que fue beneficiada por las leyes
de impunidad pague con la extradición. Por eso exigimos la anulación de las leyes de
Punto Final, Obediencia Debida e Indulto.
* Liga por los Derechos del Hombre |
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Jorge Rafael Videla