|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Treinta
municipios correntinos fueron intervenidos por orden del enviado del Ejecutivo Nacional,
Ramón Mestre. La medida suspende el funcionamiento de los concejos deliberantes: los
actuales intendentes quedarán a cargo de las comunas, pero como comisionados de la
intervención federal y podrán ser removidos en cualquier momento. “En la Justicia
–informó el presidente del Tribunal Superior designado por Mestre–, la purga
será dosificada y prolija”. Por ahora, seguirá en su puesto el juez Alejandro
Elías Saade a cargo de la investigación de la muerte de dos jóvenes durante el desalojo
del puente General Belgrano. El secretario general de ATE presentó ante la Justicia
federal una denuncia por homicidio calificado contra el comandante Ricardo Chiappe, tal
como anticipó ayer Página/12. La intervención a los municipios fue decidida por Mestre para ejercer un control estricto de los gastos comunales. También busca evitar los conflictos políticos entre los Ejecutivos y los legislativos locales sumergidos en la interna que divide a peronistas, radicales y liberales de los seguidores del Partido Nuevo (PANU) que lidera el ahora formalmente preso Raúl “Tato” Romero Feris. La decisión fue transmitida ayer a los jefes comunales durante una reunión a la que fueron convocados por el ministro de Gobierno, el cordobés y hombre de confianza de Mestre, Raúl Rippa. La intervención también comenzó a avanzar sobre el Poder Judicial de la provincia. El presidente del Superior Tribunal de Justicia designado por la intervención, Eduardo Capdevilla, informó que “la purga en la Justicia será dosificada y prolija” y agregó que en el Poder Judicial “las cuentas están en orden, y hay personal muy preparado y con buena disposición. Capdevilla explicó que, pese a la puesta en comisión de la totalidad de los magistrados provinciales, “no habrá despidos ni cesantías masivas de jueces, como ocurrió en intervenciones anteriores” y que “se estudiará cada caso en profundidad”. Entre ellos se encuentra el del juez Alejandro Elías Saade, a cargo de la investigación de los asesinatos de Francisco Escobar y Mauro César Ojeda, el viernes 17 de octubre, durante el desalojo del Puente General Belgrano por parte de los efectivos de la Gendarmería Nacional. El magistrado no dio a conocer, hasta el momento, medidas procesales para dar con los autores de los homicidios, a quince días de haber sido cometidos. Dos agrupaciones de derechos humanos presentaron ante el fiscal Leandro Maciel una denuncia en la que se solicita determinar la cantidad exacta de víctimas durante la trágica jornada (ver aparte). Por su parte Juan González hizo una segunda presentación, en este caso ante el juez federal Hugo Soto Dávila, en la que querella al comandante de la Gendarmería Nacional, Ricardo Chiappe, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de personas. El ministro de Educación de la Nación, Juan José Llach, confirmó que para dar una solución a los escolares correntinos que sólo tuvieron dos meses de clases y pasaron de grado por decreto, lo que el gobierno central considera inaceptable. Durante la segunda semana de febrero comenzarán a dictarse clases de recuperación para el alumnado de esa provincia.
|
