El Paísde Madrid
Por Juan Jesús Aznarez Desde Panamá Estados Unidos
arrió su bandera anticipadamente, por miedo a los abucheos. La decisión fue impugnada
por muchos panameños. Pero verbenas y cotillones con música salsa y brindis patrios,
encendidos discursos en despachos y plazas, y un generalizado orgullo nacionalista
acompañarán hoy la devolución a Panamá del canal construido por Estados Unidos en el
istmo americano y abierto al tráfico el 15 de agosto de 1915. Determinados también por
el bolsillo y la incertidumbre, muchos panameños hubieran preferido la permanencia
norteamericana porque les aporta dólares y seguridad. El 70,4 por ciento de los
nacionales piensa que su país no está en condiciones para defender el canal y sus
fronteras, según una encuesta publicada por el diario La Prensa. A las doce y un minuto
de este mediodía, a pedido de las autoridades y de la histórica efemérides,
automovilistas y pilotos de lanchas y buques costeros harán sonar sus bocinas o silbatos
porque para entonces se habrá completado la transferencia de la histórica vía acuática
de 76 kilómetros que enlaza los océanos Pacífico y Atlántico. Aportó este año fiscal
568,9 millones de dólares en el peaje cobrado a los barcos que la transitan, a razón de
36 diarios. Trabajan en sus diferentes tramos y oficinas 9136 empleados, 8832 nacionales.
Panamá, provincia de Colombia, consiguió la independencia en 1903 porque así lo quiso
Estados Unidos para construir una obra que hizo leyenda, obligó a la contratación de
70.000 braceros y aún condiciona el futuro de la nación istmeña. Pasan a ser patrimonio
nacional los terrenos ribereños donde se asentaban las bases militares. Pantallas de
televisión gigantes han sido instaladas en varios puntos de la capital y ciudades del
interior para que los panameños puedan seguir desde la calle la ceremonia de entrega.
Conciertos, fuegos artificiales y 21 cañonazos anunciarán asimismo el cumplimiento del
Tratado de Entrega firmado en 1977 por el difunto general Omar Torrijos y el presidente
James Carter. Pero el Tratado de Neutralidad anexo, una auténtica espada de Damocles,
establece que Estados Unidos podrá intervenir militarmente si considera que peligra el
funcionamiento del canal. El gobierno niega que esto vaya a ocurrir algún día, y ha
reiterado al mundo que nada tiene que temer, ni siquiera el efecto 2000 porque el manejo
de las esclusas es casi todo mecánico, con perillas e interruptores que datan de
principios de siglo. Panamá, prometió la presidenta Mireya Moscoso asume el resto,
cumplirá a satisfacción con el tráfico marítimo internacional y establecerá las
medidas y acuerdos necesarios para proteger el cauce artificial, intentado en 1880 por el
ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, triunfador en Suez. El renacimiento de la
autoestima e identidad no ocultan las preocupaciones de los sectores hacia la iz-quierda.
Lo importante no es preocuparme si vienen o no vienen (los norteamericanos), sino
que nosotros no brindemos ningún tipo de excusa para que esto suceda, subraya el
político y cantautor panameño Rubén Blades, el intérprete de Pedro Navaja,
protagonista de un concierto gratuito llamado Patria Entera. Grupos de activistas
recordarán en actos paralelos a los compatriotas que perdieron la vida protestando contra
la presencia gringa, y la derogación del Tratado de Neutralidad. Los
seguidores de Torrijos, fallecido el 31 de julio de 1981, acudirán a la Plaza 5 de Mayo,
la misma en que el general explicó los tratados canaleros. El Partido Revolucionario
Democrático (PRD), fundado por Torrijos, ha acusado al gobierno de Moscoso, viuda del
caudillo conservador Arnulfo Arias, derrocado en 1968 por Torrijos, de minimizar la figura
de su líder.
LAGOS SUPERA EN DOS PUNTOS A LA DERECHA
CHILENA
Hay un socialista en mi copa
Por Pablo Rodríguez
Como para
que en el brindis de fin de año la derecha chilena recuerde que las cosas todavía están
en su contra en la perspectiva del ballotage del 16 de enero, la encuestadora Feedback
publicó ayer el primer sondeo luego del cuasi-empate electoral entre el candidato
presidencial oficialista, Ricardo Lagos, y el derechista Joaquín Lavín. Según el
estudio, hecho en la semana posterior a la primera vuelta del 12 de diciembre, Lagos
aventaja a Lavín por 2,6 por ciento. El candidato derechista tampoco recibe demasiados
favores de quienes lo apoyan. Cuando la coyuntura de Augusto Pinochet detenido en Londres
favorecía la estrategia de Lavín de separarse de los militares (con quienes colaboró
estrechamente durante la dictadura), el ex vicecomandante en jefe del ejército, general
en retiro Rafael Villarroel, dijo hoy que espera que bajo un eventual gobierno de Lavín
se termine con la persecución y los juicios a militares por violaciones a los derechos
humanos.No es bueno que sigamos con esto, por eso tiene que haber un cambio en todo
sentido. Con Joaquín Lavín como presidente veo con muchas más perspectivas y
posibilidades el poder alcanzar la unidad nacional, dijo Villarroel, ex mano derecha
de Pinochet durante su régimen (1973-1990), en una entrevista publicada ayer por el
diario oficialista La Nación. Villarroel también señaló que si en los comicios del 16
de enero triunfa Lagos se creará un entorno negativo en torno al tema y
agregó que no lo ha pasado bien durante estos diez años de gobierno de la Concertación.
Me ha afectado lo que le ha pasado a mucha gente del sector pasivo de la Defensa, a
la que tengo mucho aprecio y mucho respeto y que han sido maltratados, dijo al
referirse a los inculpados en algunos de los juicios. El mismo Villarroel afronta en Chile
53 querellas criminales, que investiga el juez Juan Guzmán. En declaraciones a Radio
Cooperativa, el magistrado dijo ayer que espera finiquitar durante el año 2000 la mayor
parte de las investigaciones sumarias sobre estas querellas. Y como si esto fuera poco, el
fiscal de la Corte Suprema chilena, Enrique Paillás, aprobó el viaje a Chile del juez
francés Roger Le Loire, que pidió autorización para interrogar a ex militares por las
desapariciones de cinco franceses durante el régimen de Pinochet. Hace dos semanas,
había sido la jueza argentina María Servini de Cubría la que había viajado a Santiago
para interrogar a otros imputados, en este caso en el crimen del ex jefe del ejército,
Carlos Prats, cometido en Buenos Aires en 1974.
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