¿Una propuesta progresista debe oponerse a que todos los sectores económicos sean alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado? ¿Es más justo que a algunos les toque y a otros no? La discusión no pasa por si el IVA es regresivo o no, pues se sabe que es un tributo que grava a todas las personas por igual sin importar el nivel de ingresos. Lo que está en juego es la equidad dentro de un controvertido sistema tributario. Y lo que se pone en evidencia con el IVA del 21 por ciento para la medicina prepaga es el poder de lobby de corporaciones empresarias. Resulta evidente que apoyar esa iniciativa de Roque Fernández no gana votos. No hay dudas de que el tema es muy complejo. Pero la demagogia no debería ser el camino para una fuerza que se quiere presentar como una nueva alternativa de hacer política.

La clase media y media baja se sentirá aliviada si aborta la iniciativa del IVA del 21 por ciento a las prepagas. Pero encarar esa cuestión exclusivamente a partir de ese aspecto es simplista, funcional a los intereses de las prepagas y significa caer en una trampa que no permite un análisis profundo de una situación compleja.

Es un dato de la realidad que en el actual contexto de deterioro en la atención de la salud, vastos sectores medios se volcaron a las compañías de seguro de salud (las prepagas no son otra cosa) como alternativa. El aumento de la cuota mensual por el IVA los arrojará nuevamente, entonces, al castigado sistema estatal. Y, por lo tanto, la generalización de ese impuesto terminará afectando al hospital público, sumando una presión adicional al ya frágil servicio sanitario nacional. Además, para acercar agua al molino de los que se oponen desde una sincera postura progresista al IVA a las prepagas, vale destacar que gran parte de los clientes de mayor poder adquisitivo no se verán afectados. Esto sucede porque muchas personas de ingresos altos (ejecutivos, gerentes y empleados de sueldos elevados) usan la medicina prepaga por intermedio de obras sociales, servicio que sigue exento del pago de IVA. Una considerable cantidad de empresas, aprovechando la desregulación parcial del sector, canalizan el aporte obligatorio a través de una obra social que subcontrata a una prepaga.

Si no se avanza un poco más en el análisis del proyecto de aplicar el IVA a prepagas, la conclusión está cantada: los políticos “progresistas” no deben apoyar su generalización. De todos modos, no resiste ninguna prueba de equidad tributaria que otros bienes estén alcanzados por el IVA y las prepagas no. Cualquier propuesta para un sistema tributario más justo, con eje principal en Ganancias y Bienes Personales, debería incluir que todos paguen IVA, incluyendo los medios de comunicación. El IVA no debería tener exenciones, como tampoco el Impuesto a las Ganancias, que no alcanza a la renta financiera.

La discusión debería pasar no por si un sector tiene o no IVA, sino en bajar su alícuota. Y si sobre ese menor nivel se debería aplicar un IVA diferencial por productos de acuerdo con su impacto en una canasta de consumo de sectores postergados. Incluso debatir el destino de la recaudación del IVA a prepagas, al presentarse la oportunidad de hacer una redistribución de ingresos planteando asignaciones específicas con esos fondos para mejorar la prestación de la salud pública.

Eso sí, antes de seguir el debate, hay que recordarles a los dueños de las prepagas el capítulo IVA del manual de impuestos: al aplicarse el IVA, éste debería cargarse sobre una menor tarifa puesto que, si las compras a proveedores que realizan sus empresas son en blanco, antes tenían un IVA incluido en la factura, que ahora aparecerá discriminado y a descargar como crédito fiscal. Y, por lo tanto, pueden compensarlo, salvo que quieran incrementar las utilidades a costa de sus clientes.