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Quien sea electo presidente al caer la tarde, deberá enfrentar las presiones del poder económico local para que aplique un brutal plan de ajuste.

Los candidatos salieron a negar que vayan a aplicar semejante ajustazo.

Se abrió un frente interno entre los propios empresarios: la Unión Industrial critica duramente la receta ortodoxa Consejo Empresario.

Cash revela hoy el resto de la agenda que tratarán de imponer los representantes del capital más concentrado.

Por Maximiliano Montenegro

Quien sea electo presidente al caer la tarde, deberá enfrentar, a partir de mañana, las presiones del establishment, que ya tiene listo un plan de gobierno para el sucesor de Carlos Menem. El lunes último, Página/12 adelantó los puntos más destacados del programa que el Consejo Empresario Argentino (CEA), integrado por los titulares de los mayores holdings del país, ofrecerá al flamante mandatario hacia mediados de noviembre. La filtración de la propuesta, que incluye un ajuste fiscal de 3400 millones de pesos y el despido de 85 mil empleados públicos, desconcertó a los dirigentes del CEA, quienes, con el documento en mano, querían sorprender a un presidente apurado por formar gobierno y sensible a la opinión de los “mercados”, y no a candidatos lanzados a captar votos en el tramo final de la campaña. Cash publica hoy el resto de la agenda que tratará de imponer el poder económico: despidos masivos en el Estado; arancelamiento de las universidades; acabar con la corrupción en el PAMI; superflexibilización laboral; y “reglas macrofiscales” para terminar de cerrar todos los caminos que no conduzcan al ajuste: entre ellas, techo al endeudamiento de Nación y provincias y un fondo fiscal anticrisis.
El CEA, liderado por Manuel Sacerdote del Bank Boston, nuclea a título personal los treinta presidentes de los mayores grupos económicos que operan en el país, sean de capital local u extranjero. Expertos lobbistas, los máximos dirigentes del Consejo ya tendieron sólidos puentes de acceso directo tanto a Fernando De Rúa como a Eduardo Duhalde. Pero la difusión, por parte de este diario, del plan de gobierno que guardaban celosamente para el reemplazante de Menem, los descolocó. En especial, porque los candidatos salieron a desmentir que fueran a realizar un ajustazo como el que plantea el documento.
Para colmo, la Unión Industrial Argentina, que aglutina exclusivamente al empresariado nacional, salió al cruce de la fórmula ortodoxa sugerida por el Consejo Empresario. Junto con representantes del agro y la construcción, la UIA está trabajando en una propuesta diferente, en rasgos generales, mucho más digerible para la clase política (ver aparte).
Ante semejante panorama, en los últimos días, los popes del establishment discutieron la posibilidad de descartar la mayor parte del esquema de achique de la administración pública, elaborada por FIEL (Fundación de Investigaciones Latinoamericanas), que, hasta hace poco, miraban con entusiasmo. También hablaron de aprobar una mínima parte de los trabajos acercados por las tres consultoras contratadas para idear el programa: además de FIEL, la cavallista Fundación Mediterránea y Gobierno y Sociedad, dirigida por Miguel Angel Broda. Temen que, si suben la apuesta de entrada, firmando un ajuste insoportable para el presidente entrante, el rechazo de todo el arco político sea unánime.
Ajustazo, parte dos
Sea como fuere, Cash revela aquí más detalles de las polémicas medidas con las que, tarde o temprano, el establishment presionará al nuevo gobierno:
- Plan de despido de 85 mil empleados públicos: FIEL sugirió implementarlos, progresivamente, desde el primer año de gobierno, pagando indemnizaciones y cursos de capacitación para los nuevos desempleados. También incluye un programa de reducción a la mitad de los cargos políticos de rango jerárquico, manteniendo el número actual de Ministerios, pero eliminando todas las Secretarías y Subsecretarías. Esta nueva “reforma” del Estado implicaría, después del segundo año de gestión, un recorte del gasto público de 3.400 millones de pesos.
- Arancelamiento de universidades: también lo prevé el estudio presentado por FIEL. Propone un arancel de 80 pesos mensuales para los estudiantes delas universidades nacionales, compensando a quienes demuestren provenir de familias de bajos ingresos con un sistema de becas. El ex banquero Fernando de Santibañes, asesor predilecto de De la Rúa, alentó a los economistas de FIEL para que este punto sea parte de las propuestas del CEA.
- Sobrecostos en el PAMI: es otra de las perlas del informe de FIEL. Dice que con nuevos procedimientos licitatorios en las compras del organismo se podrían ahorrar 450 millones de pesos. Es decir, los técnicos predilectos del establishment calculan que la “crema” en el presupuesto de la obra social de los jubilados, conducida por Víctor Alderete, alcanza al 20 por ciento.
- Techo al endeudamiento público: el proyecto fue elaborado por la Fundación Gobierno y Sociedad. Dice que durante la Convertibilidad el déficit fiscal fue de 20 millones de pesos, mientras que la deuda pública nueva superó los 60 mil millones. La diferencia se explica por consolidación de deudas, como la previsional, capitalización de intereses y los fondos fiduciarios extrapresupuestarios para obra pública. La idea es que estos ítem también deberían contabilizarse como déficit fiscal y obligar, entonces, al gobierno a hacer un recorte mayor del gasto. El establishment teme que en el futuro los reclamos de distintos sectores sean respondido con bonos de deuda pública, que sería una forma de burlar las estrictas metas de déficit fiscal acordadas con el FMI. La regla sería que la deuda creciera menos que el PBI, de modo tal de reducir la relación deuda/producto, que aumentó durante toda la última década. Así, se cerraría la salida de emergencia que utilizaron tanto Cavallo como Roque Fernández para darle aire al menemismo frente a los reclamos de ajuste de los organismos internacionales. En el Consejo Empresario hay coincidencia de que este será una de las principales puntos del documento final.
- Límite al crecimiento del gasto nominal público: es otra de las medidas que en el CEA no dudan que será avalada. Plantea un esquema más rígido que el de la ley de Convertibilidad fiscal, aprobada recientemente. Según ésta, el gasto público crece cuando aumenta el producto, mientras que se mantiene estable en caso de recesión. La nueva regla busca que relación gasto/producto caiga siempre.
- Fondos de estabilización fiscal: son dos. El mayor tendría el objetivo de asistir a la Nación y a las provincias frente a un shock macroeconómico externo. Inicialmente, sería constituido con recursos aportados por el FMI (a través de una línea contingente o de los fondos no utilizados del crédito de facilidades ampliadas vigente). Después, con la recaudación creciendo a la par del PBI y el gasto por debajo, habría superávit fiscal para abastecer al fondo.
- Fondo de salvataje provincial: más chico que el anterior, apunta a reemplazar el actual esquema de salvaje a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), repartidos discrecionalmente desde la Casa Rosada hasta las provincias amigas. Todos los años se detraería una cuota de los recursos totales a transferir a las provincias. Y un Organismo Fiscal Federal, constituido por un cuerpo político y otro técnico de la Nación y las provincias, determinaría qué provincias necesitan la asistencia. Posteriormente, la provincia iría devolviendo el préstamo del fondo.
- Organismo Fiscal Federal: más en general, velaría por el cumplimiento de las nuevas “reglas fiscales”. Por ejemplo, que se respete el techo al endeudamiento también en las provincias. O que los gobernadores cumplan con la eliminación de “impuestos distorsivos” (sellos, ingresos brutos, etc.), que –según el CEA– aumentaron en los últimos tiempos en varias provincias, afectando la competitividad empresarial.
- Superflexibilización laboral. Contempla los siguientes puntos:
–Redefinir la categoría de PyME (pequeña y mediana empresa), ampliándola a un límite de 400 a 300 personas. De ese modo, podrían aprovechar empresas hoy consideradas grandes de beneficios en la contratación de personal sólo permitida por ley para las más pequeñas.–Ampliar el período de prueba a dos años para las empresas ya instaladas y tres años para las innovadoras.
–Reponer los contratos promovidos con una duración de 3 años.
–Facilitar la negociación por empresa para todos los sectores, pero en especial para las firmas de menos de 100 personas.
Así las cosas, el establishment económico pretende que el sucesor se pruebe el mismo traje del ajuste que durante tanto tiempo vistió Menem. ¿De la Rúa o Duhalde aceptarán el “regalo” y lo lucirán con tanto orgullo como el presidente saliente?

El traje que usó Menem para el que viene

FIEL, la cavallista Fundación Mediterránea y la Fundación Gobierno y Sociedad, dirigida por Broda, realizaron el plan pedido por el Consejo Empresario. Los trabajos, que suman más de 500 páginas, están siendo estudiados cuidadosamente por la cúpula empresarial. Todas las consultoras firmaron una carta de confidencialidad, porque para el CEA era clave manejar los tiempos de la presentación de la propuesta. Por eso, la publicación de Página/12 de los puntos principales creó conmoción en el Consejo, que ahora evalúa cómo moderar los términos de sus demandas para no suscitar el rechazo de la clase política, pocos días después de las elecciones. Aquí un resumen de lo publicado:
- La propuesta sobre reforma de la administración pública y reducción del gasto, que presentó FIEL, era la que más entusiasmaba al establishment. Proponía un ajuste del gasto público de 3400 millones de pesos y el despido de 85 mil empleados públicos.
- También de FIEL es la idea de ampliar en 5 años la edad promedio de jubilación junto con los años mínimos de aporte. Sólo así, se dice, se podría salvar el agujero financiero derivado del déficit previsional en el mediano y largo plazo.
- Un equipo de Gobierno y Sociedad, dirigido por Arnaldo Bocco, estimó la evasión tributaria en IVA y Ganancias en 15 mil millones de pesos anuales. Y propone una serie de medidas para mejorar la gestión de la AFIP y reducir la evasión, especialmente en Ganancias.
- El capítulo de la reforma tributaria fue elaborado por un equipo conducido por Juan Carlos Gómez Sabaini, el tributarista preferido de Machinea. Y causó revuelo en el CEA, que no piensa aprobar el documento. El motivo es que sugiere medidas que afectan los intereses de los bancos. Por ejemplo, eliminar las exenciones en el pago de Ganancias en la compra y venta de acciones. Y discute si deberían estar gravadas, más en general, las rentas financieras, lo cual abre la puerta para imponer Ganancias a los plazos fijos.
- Finalmente, existe un plan para poner en marcha una red de protección social. En el CEA están preocupados por el descontento social que provocará otro ajuste en un contexto de altísimo desempleo y pobreza. El programa, diseñado por Horacio Rodríguez Larreta, les resulta atractivo porque plantea reasignar fondos destinados actualmente a ayuda social, sin gastar un centavo más en el área.

El selecto club del poder

En el CEA confluyen los titulares de los mayores grupos económicos del país, de origen local y multinacional. Tanto el presidente, Manuel Sacerdote, del Bank Boston, como su vice, Enrique Ruete Aguirre, del HSBCRoberts, representan a la banca internacional, así como Jorge Brea, de Shell, al capital extranjero. Pero también forman parte del club dueños de empresas de capital local, como Eduardo Escassany, del Galicia, o Santiago Soldati.
El dirigentes del Consejo Empresario tienen línea directa tanto con Fernando De la Rúa como con Eduardo Duhalde. Pero además, cuentan con hombres clave en uno y otro partido. Ricardo López Murphy y Fernando de Santibañes, dos de los hombres de confianza en temas económicos de De la Rúa, mantienen reuniones frecuentes con Sacerdote y Ruete Aguirre. Más aún, el trabajo de achique del Estado, elaborado por FIEL para el Consejo, le fue adelantado semana atrás a José Luis Machinea, el candidato a ministro de Economía de la Alianza.
El nexo de Duhalde con el CEA es el ex embajador menemista ante la ONU, Emilio Cárdenas, hoy director del HSBC-Roberts, aunque éste bajó el perfil de sus contactos políticos después de que el candidato del justicialismo decidiera profundizar su estrategia electoral de “pegarle” al establishment.

Interna empresaria: La UIA ataca el plan del CEA

“Estas propuestas salvajes no dan resultado”

-La Industrial Industrial Argentina no quiere quedarse relegada en la agenda del próximo gobierno. En los últimos días, tras la publicación de este diario, los dirigentes de la entidad analizaron la propuesta del Consejo Empresario y decidieron salir a cruzarla. Dicen que “sólo está pensada para complacer a los mercados”. Esta semana se reunieron, por primera vez, los cuadros técnicos del denominado Grupo Productivo (integrado por la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción y las Confederaciones Rurales Argentinas) y prometen tener listo un documento que ofrecerán al presidente electo a fines de noviembre.
“Nosotros también vamos a presentar una propuesta. Y estamos dispuestos a debatirlo públicamente. Hay que mostrar a la sociedad los dos planes y hacerse responsable ante la gente. Por un lado, la visión productiva, que plantea políticas sensatas y acordadas para recrear socialmente un círculo virtuoso. Y por otro lado, la política exclusiva del ajuste, que hasta ahora ha demostrado que no da resultados.” Así, sin vueltas, José Ignacio De Mendiguren, secretario de la UIA, criticó el programa de ajuste del Consejo Empresario. “Este sector (del empresariado) tiene que salir a la luz: si proponen echar 100 mil personas más del Estado para solucionar las cosas, que digan qué se hace con el 30 por ciento de personas que están desempleadas o subdempleadas”, agregó.
En la UIA saben que el poder económico real está hoy representado en el selecto grupo de hombres de negocios que participan del Consejo. Sin embargo, apuestan a ser interlocutores destacados del flamante gobierno
haciendo valer el peso político de la entidad, que aglutina a la mayoría de las cámaras empresarias de todo el país.
Este es el resumen de las críticas de De Mendiguren a la propuesta del CEA:
- “Se puede hacer un ajuste fiscal por el lado de algunos ítem, como gastos reservados, pero no se puede echar más empleados públicos a la calle. Hoy hay 30 por ciento de la población económica desempleada o subempleada y no se puede seguir contrayendo la demanda. Es un círculo vicioso que profundiza la recesión y los problemas de empleo.”
u “Un ajuste económico siempre es un ajuste social. Un mal ajuste económico es un desastre social. No se puede seguir pensando en este tipo de propuestas salvajes, que además de ser inequitativas no son efectivas.”
- “El objetivo prioritario de la política económica, en la actual coyuntura, debe pasar por aumentar la competitividad de la producción de manera de inducir la reactivación.”
- “Para bajar el riesgo país hay que mostrar capacidad de repago, generar los dólares provenientes de las exportaciones para poder pagar las deudas. El problema es que hoy no existe en Argentina ninguna actividad productiva rentable.”
- “Sin demanda en el mercado interno y falta de competitividad para exportar no habrá ajuste fiscal que alcance a equilibrar las cuentas del Estado y nos alejamos del objetivo de vivir en un país integrado socialmente.”