AJUSTE
establishment
Quien
sea electo presidente al caer la tarde, deberá enfrentar las
presiones del poder económico local para que aplique un brutal
plan de ajuste.
Los
candidatos salieron a negar que vayan a aplicar semejante ajustazo.
Se
abrió un frente interno entre los propios empresarios: la Unión
Industrial critica duramente la receta ortodoxa Consejo Empresario.
Cash
revela hoy el resto de la agenda que tratarán de imponer los
representantes del capital más concentrado.
Por
Maximiliano Montenegro
Quien
sea electo presidente al caer la tarde, deberá enfrentar, a partir
de mañana, las presiones del establishment, que ya tiene listo
un plan de gobierno para el sucesor de Carlos Menem. El lunes último,
Página/12 adelantó los puntos más destacados del
programa que el Consejo Empresario Argentino (CEA), integrado por los
titulares de los mayores holdings del país, ofrecerá al
flamante mandatario hacia mediados de noviembre. La filtración
de la propuesta, que incluye un ajuste fiscal de 3400 millones de pesos
y el despido de 85 mil empleados públicos, desconcertó
a los dirigentes del CEA, quienes, con el documento en mano, querían
sorprender a un presidente apurado por formar gobierno y sensible a
la opinión de los mercados, y no a candidatos lanzados
a captar votos en el tramo final de la campaña. Cash publica
hoy el resto de la agenda que tratará de imponer el poder económico:
despidos masivos en el Estado; arancelamiento de las universidades;
acabar con la corrupción en el PAMI; superflexibilización
laboral; y reglas macrofiscales para terminar de cerrar
todos los caminos que no conduzcan al ajuste: entre ellas, techo al
endeudamiento de Nación y provincias y un fondo fiscal anticrisis.
El CEA, liderado por Manuel Sacerdote del Bank Boston, nuclea a título
personal los treinta presidentes de los mayores grupos económicos
que operan en el país, sean de capital local u extranjero. Expertos
lobbistas, los máximos dirigentes del Consejo ya tendieron sólidos
puentes de acceso directo tanto a Fernando De Rúa como a Eduardo
Duhalde. Pero la difusión, por parte de este diario, del plan
de gobierno que guardaban celosamente para el reemplazante de Menem,
los descolocó. En especial, porque los candidatos salieron a
desmentir que fueran a realizar un ajustazo como el que plantea el documento.
Para colmo, la Unión Industrial Argentina, que aglutina exclusivamente
al empresariado nacional, salió al cruce de la fórmula
ortodoxa sugerida por el Consejo Empresario. Junto con representantes
del agro y la construcción, la UIA está trabajando en
una propuesta diferente, en rasgos generales, mucho más digerible
para la clase política (ver aparte).
Ante semejante panorama, en los últimos días, los popes
del establishment discutieron la posibilidad de descartar la mayor parte
del esquema de achique de la administración pública, elaborada
por FIEL (Fundación de Investigaciones Latinoamericanas), que,
hasta hace poco, miraban con entusiasmo. También hablaron de
aprobar una mínima parte de los trabajos acercados por las tres
consultoras contratadas para idear el programa: además de FIEL,
la cavallista Fundación Mediterránea y Gobierno y Sociedad,
dirigida por Miguel Angel Broda. Temen que, si suben la apuesta de entrada,
firmando un ajuste insoportable para el presidente entrante, el rechazo
de todo el arco político sea unánime.
Ajustazo, parte dos
Sea como fuere, Cash revela aquí más detalles de las polémicas
medidas con las que, tarde o temprano, el establishment presionará
al nuevo gobierno:
- Plan de despido de 85 mil empleados públicos: FIEL sugirió
implementarlos, progresivamente, desde el primer año de gobierno,
pagando indemnizaciones y cursos de capacitación para los nuevos
desempleados. También incluye un programa de reducción
a la mitad de los cargos políticos de rango jerárquico,
manteniendo el número actual de Ministerios, pero eliminando
todas las Secretarías y Subsecretarías. Esta nueva reforma
del Estado implicaría, después del segundo año
de gestión, un recorte del gasto público de 3.400 millones
de pesos.
- Arancelamiento de universidades: también lo prevé el
estudio presentado por FIEL. Propone un arancel de 80 pesos mensuales
para los estudiantes delas universidades nacionales, compensando a quienes
demuestren provenir de familias de bajos ingresos con un sistema de
becas. El ex banquero Fernando de Santibañes, asesor predilecto
de De la Rúa, alentó a los economistas de FIEL para que
este punto sea parte de las propuestas del CEA.
- Sobrecostos en el PAMI: es otra de las perlas del informe de FIEL.
Dice que con nuevos procedimientos licitatorios en las compras del organismo
se podrían ahorrar 450 millones de pesos. Es decir, los técnicos
predilectos del establishment calculan que la crema en el
presupuesto de la obra social de los jubilados, conducida por Víctor
Alderete, alcanza al 20 por ciento.
- Techo al endeudamiento público: el proyecto fue elaborado por
la Fundación Gobierno y Sociedad. Dice que durante la Convertibilidad
el déficit fiscal fue de 20 millones de pesos, mientras que la
deuda pública nueva superó los 60 mil millones. La diferencia
se explica por consolidación de deudas, como la previsional,
capitalización de intereses y los fondos fiduciarios extrapresupuestarios
para obra pública. La idea es que estos ítem también
deberían contabilizarse como déficit fiscal y obligar,
entonces, al gobierno a hacer un recorte mayor del gasto. El establishment
teme que en el futuro los reclamos de distintos sectores sean respondido
con bonos de deuda pública, que sería una forma de burlar
las estrictas metas de déficit fiscal acordadas con el FMI. La
regla sería que la deuda creciera menos que el PBI, de modo tal
de reducir la relación deuda/producto, que aumentó durante
toda la última década. Así, se cerraría
la salida de emergencia que utilizaron tanto Cavallo como Roque Fernández
para darle aire al menemismo frente a los reclamos de ajuste de los
organismos internacionales. En el Consejo Empresario hay coincidencia
de que este será una de las principales puntos del documento
final.
- Límite al crecimiento del gasto nominal público: es
otra de las medidas que en el CEA no dudan que será avalada.
Plantea un esquema más rígido que el de la ley de Convertibilidad
fiscal, aprobada recientemente. Según ésta, el gasto público
crece cuando aumenta el producto, mientras que se mantiene estable en
caso de recesión. La nueva regla busca que relación gasto/producto
caiga siempre.
- Fondos de estabilización fiscal: son dos. El mayor tendría
el objetivo de asistir a la Nación y a las provincias frente
a un shock macroeconómico externo. Inicialmente, sería
constituido con recursos aportados por el FMI (a través de una
línea contingente o de los fondos no utilizados del crédito
de facilidades ampliadas vigente). Después, con la recaudación
creciendo a la par del PBI y el gasto por debajo, habría superávit
fiscal para abastecer al fondo.
- Fondo de salvataje provincial: más chico que el anterior, apunta
a reemplazar el actual esquema de salvaje a través de los Aportes
del Tesoro Nacional (ATN), repartidos discrecionalmente desde la Casa
Rosada hasta las provincias amigas. Todos los años se detraería
una cuota de los recursos totales a transferir a las provincias. Y un
Organismo Fiscal Federal, constituido por un cuerpo político
y otro técnico de la Nación y las provincias, determinaría
qué provincias necesitan la asistencia. Posteriormente, la provincia
iría devolviendo el préstamo del fondo.
- Organismo Fiscal Federal: más en general, velaría por
el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales. Por ejemplo,
que se respete el techo al endeudamiento también en las provincias.
O que los gobernadores cumplan con la eliminación de impuestos
distorsivos (sellos, ingresos brutos, etc.), que según
el CEA aumentaron en los últimos tiempos en varias provincias,
afectando la competitividad empresarial.
- Superflexibilización laboral. Contempla los siguientes puntos:
Redefinir la categoría de PyME (pequeña y mediana
empresa), ampliándola a un límite de 400 a 300 personas.
De ese modo, podrían aprovechar empresas hoy consideradas grandes
de beneficios en la contratación de personal sólo permitida
por ley para las más pequeñas.Ampliar el período
de prueba a dos años para las empresas ya instaladas y tres años
para las innovadoras.
Reponer los contratos promovidos con una duración de 3
años.
Facilitar la negociación por empresa para todos los sectores,
pero en especial para las firmas de menos de 100 personas.
Así las cosas, el establishment económico pretende que
el sucesor se pruebe el mismo traje del ajuste que durante tanto tiempo
vistió Menem. ¿De la Rúa o Duhalde aceptarán
el regalo y lo lucirán con tanto orgullo como el
presidente saliente?
El
traje que usó Menem para el que viene
FIEL,
la cavallista Fundación Mediterránea y la Fundación
Gobierno y Sociedad, dirigida por Broda, realizaron el plan pedido por
el Consejo Empresario. Los trabajos, que suman más de 500 páginas,
están siendo estudiados cuidadosamente por la cúpula empresarial.
Todas las consultoras firmaron una carta de confidencialidad, porque
para el CEA era clave manejar los tiempos de la presentación
de la propuesta. Por eso, la publicación de Página/12
de los puntos principales creó conmoción en el Consejo,
que ahora evalúa cómo moderar los términos de sus
demandas para no suscitar el rechazo de la clase política, pocos
días después de las elecciones. Aquí un resumen
de lo publicado:
- La propuesta sobre reforma de la administración pública
y reducción del gasto, que presentó FIEL, era la que más
entusiasmaba al establishment. Proponía un ajuste del gasto público
de 3400 millones de pesos y el despido de 85 mil empleados públicos.
- También de FIEL es la idea de ampliar en 5 años la edad
promedio de jubilación junto con los años mínimos
de aporte. Sólo así, se dice, se podría salvar
el agujero financiero derivado del déficit previsional en el
mediano y largo plazo.
- Un equipo de Gobierno y Sociedad, dirigido por Arnaldo Bocco, estimó
la evasión tributaria en IVA y Ganancias en 15 mil millones de
pesos anuales. Y propone una serie de medidas para mejorar la gestión
de la AFIP y reducir la evasión, especialmente en Ganancias.
- El capítulo de la reforma tributaria fue elaborado por un equipo
conducido por Juan Carlos Gómez Sabaini, el tributarista preferido
de Machinea. Y causó revuelo en el CEA, que no piensa aprobar
el documento. El motivo es que sugiere medidas que afectan los intereses
de los bancos. Por ejemplo, eliminar las exenciones en el pago de Ganancias
en la compra y venta de acciones. Y discute si deberían estar
gravadas, más en general, las rentas financieras, lo cual abre
la puerta para imponer Ganancias a los plazos fijos.
- Finalmente, existe un plan para poner en marcha una red de protección
social. En el CEA están preocupados por el descontento social
que provocará otro ajuste en un contexto de altísimo desempleo
y pobreza. El programa, diseñado por Horacio Rodríguez
Larreta, les resulta atractivo porque plantea reasignar fondos destinados
actualmente a ayuda social, sin gastar un centavo más en el área.
El
selecto club del poder
En el CEA confluyen los titulares de los mayores grupos económicos
del país, de origen local y multinacional. Tanto el presidente,
Manuel Sacerdote, del Bank Boston, como su vice, Enrique Ruete Aguirre,
del HSBCRoberts, representan a la banca internacional, así como
Jorge Brea, de Shell, al capital extranjero. Pero también forman
parte del club dueños de empresas de capital local, como Eduardo
Escassany, del Galicia, o Santiago Soldati.
El dirigentes del Consejo Empresario tienen línea directa tanto
con Fernando De la Rúa como con Eduardo Duhalde. Pero además,
cuentan con hombres clave en uno y otro partido. Ricardo López
Murphy y Fernando de Santibañes, dos de los hombres de confianza
en temas económicos de De la Rúa, mantienen reuniones
frecuentes con Sacerdote y Ruete Aguirre. Más aún, el
trabajo de achique del Estado, elaborado por FIEL para el Consejo, le
fue adelantado semana atrás a José Luis Machinea, el candidato
a ministro de Economía de la Alianza.
El nexo de Duhalde con el CEA es el ex embajador menemista ante la ONU,
Emilio Cárdenas, hoy director del HSBC-Roberts, aunque éste
bajó el perfil de sus contactos políticos después
de que el candidato del justicialismo decidiera profundizar su estrategia
electoral de pegarle al establishment.
Interna
empresaria: La UIA ataca el plan del CEA
Estas propuestas salvajes no dan resultado
-La
Industrial Industrial Argentina no quiere quedarse relegada en la agenda
del próximo gobierno. En los últimos días, tras
la publicación de este diario, los dirigentes de la entidad analizaron
la propuesta del Consejo Empresario y decidieron salir a cruzarla. Dicen
que sólo está pensada para complacer a los mercados.
Esta semana se reunieron, por primera vez, los cuadros técnicos
del denominado Grupo Productivo (integrado por la UIA, la Cámara
Argentina de la Construcción y las Confederaciones Rurales Argentinas)
y prometen tener listo un documento que ofrecerán al presidente
electo a fines de noviembre.
Nosotros también vamos a presentar una propuesta. Y estamos
dispuestos a debatirlo públicamente. Hay que mostrar a la sociedad
los dos planes y hacerse responsable ante la gente. Por un lado, la
visión productiva, que plantea políticas sensatas y acordadas
para recrear socialmente un círculo virtuoso. Y por otro lado,
la política exclusiva del ajuste, que hasta ahora ha demostrado
que no da resultados. Así, sin vueltas, José Ignacio
De Mendiguren, secretario de la UIA, criticó el programa de ajuste
del Consejo Empresario. Este sector (del empresariado) tiene que
salir a la luz: si proponen echar 100 mil personas más del Estado
para solucionar las cosas, que digan qué se hace con el 30 por
ciento de personas que están desempleadas o subdempleadas,
agregó.
En la UIA saben que el poder económico real está hoy representado
en el selecto grupo de hombres de negocios que participan del Consejo.
Sin embargo, apuestan a ser interlocutores destacados del flamante gobierno
haciendo valer el peso político de la entidad, que aglutina a
la mayoría de las cámaras empresarias de todo el país.
Este es el resumen de las críticas de De Mendiguren a la propuesta
del CEA:
- Se puede hacer un ajuste fiscal por el lado de algunos ítem,
como gastos reservados, pero no se puede echar más empleados
públicos a la calle. Hoy hay 30 por ciento de la población
económica desempleada o subempleada y no se puede seguir contrayendo
la demanda. Es un círculo vicioso que profundiza la recesión
y los problemas de empleo.
u Un ajuste económico siempre es un ajuste social. Un mal
ajuste económico es un desastre social. No se puede seguir pensando
en este tipo de propuestas salvajes, que además de ser inequitativas
no son efectivas.
- El objetivo prioritario de la política económica,
en la actual coyuntura, debe pasar por aumentar la competitividad de
la producción de manera de inducir la reactivación.
- Para bajar el riesgo país hay que mostrar capacidad de
repago, generar los dólares provenientes de las exportaciones
para poder pagar las deudas. El problema es que hoy no existe en Argentina
ninguna actividad productiva rentable.
- Sin demanda en el mercado interno y falta de competitividad
para exportar no habrá ajuste fiscal que alcance a equilibrar
las cuentas del Estado y nos alejamos del objetivo de vivir en un país
integrado socialmente.