Bangladesh no es sólo el nombre exótico de un lugar capaz de habilitar todo tipo de fantasías turísticas, sino también la geografía de una realidad desgarradora que, en el inevitable marco de la globalización, demuestra una salud envidiable para reproducirse. Bangladesh es el epicentro de la región más azotada por el tráfico de mujeres y niñas. Se calcula en cerca de 200.000 el número de personas traficadas anualmente en el país. Y precisamente por eso Bangladesh es el territorio que más conoce de las secuelas de una “industria sexual” en crecimiento continuo.

Esa es una de las claves a la hora de explicar por qué la Coalición contra el tráfico de mujeres -una asociación feminista con status consultivo II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas formada diez años atrás- escogió a Dhaka, la capital de Bangladesh, para llevar a cabo entre el 25 y el 30 de enero la Conferencia Global Organizándonos Contra la Explotación Regional y Globalmente. La otra cara de la elección, la estrictamente temática, se relaciona con otro aspecto no tan sencillo de explicar ni fácil de entender: la propuesta que, a mediados del año pasado, hiciera la Organización Internacional del Trabajo para legalizar la prostitución a fin de incorporarla en el mercado económico formal. En función de esos ejes, los 395 asistentes -de los cuales 332 pertenecían al país anfitrión y el resto se repartían entre representantes de Cuba, Chile, Puerto Rico, Venezuela, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Maldivas, Bhutan, Hong Kong, Filipinas, Tailandia, Japón, Australia, el Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos, Mali, Nigeria y Argentina- realizaron durante los días del encuentro ponencias, talleres y paneles sobre distintos aspectos de la problemática del tráfico sexual en los que, además de las exposiciones, se dedicaba un tiempo a escuchar los relatos de sobrevivientes de redes de tráfico sexual. “En uno de los talleres de prevención de la prostitución y de prevención del tráfico con mujeres en prostitución, una sobreviviente que brindaba su testimonio dijo una frase que me impactó mucho: ‘Lo único que quiero recordarles a las mujeres en esa situación es que cada día deben tener presente que de quien más deben cuidarse es de la persona que les dice que las va a cuidar, que no se hagan problema’”, comenta la sexóloga Sara Torres, quien asistió en representación de nuestro país para disertar en el espacio “Voces de la Resistencia contra la Explotación Sexual”.

“Esta conferencia -reza la introducción de la Declaración que cerró el encuentro- tuvo como objetivos primordiales: producir una reflexión conjunta acerca de la prostitución, el tráfico y la explotación sexual de niñas y mujeres, y desarrollar estrategias regionales y mundiales.” El resultado de esa reflexión fueron la Declaración -un extenso pronunciamiento sobre los fenómenos de la explotación sexual y la prostitución, seguido por una recomendación de los derechos que deben asistir a las personas en esas situaciones- y las Conclusiones para América.

Prostitucion y leyes

Tal vez lo que más de cerca toque a nuestro país sean, precisamente, las Conclusiones para América, en las que se puntualizan los Acuerdos de la Reunión de Dirigentes Regionales de América y el Caribe. Por ejemplo, el primer punto se propone “adoptar a nivel mundial el 23 de setiembre como el Día Contra la Prostitución, en reconocimiento a la Ley Palacios, primer intento legislativo en el continente, contra la prostitución de mujeres, niñas y niños. Esta ley cuyo autor fue el Dr. Alfredo Palacios, aprobada desde 1913 en Argentina, es la primera ley en América que protege a las víctimas de explotación sexual, combate el flagelo y penaliza a los responsables. Esto fue acordado entre el Consejo Nacional del Menor y la Familia de Argentina y la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres en 1996”.

En cambio, y precisamente en momentos en que parece reavivarse la lucha para modificar el Código de Convivencia porteño en pro de una penalización, el segundo de los cinco items contiene una recomendación fuertemente crítica: “Rechazar cualquier intento dirigido a la penalización o que intente penalizar a mujeres y niñas/os prostituidas/os, por parte de los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y municipales, en particular ante la situación planteada en la República Argentina y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o cualquier otra instancia en ese país. Entendemos que cualquier medida a tales efectos equivale a la violación de los pactos, convenciones y tratados internacionales que el Estado argentino se comprometió a cumplir en defensa de los derechos humanos de las mujeres”. Este último tema, entonces, plantea una diferenciación ya destacada en la Declaración de la Conferencia: a la hora de penalizar, no puede considerarse en un mismo nivel a las personas en situación de prostitución que a los terceros que lucran con ello. En palabras de la Coalición: “El desafío de los gobiernos es reconocer que la prostitución es una industria masiva y creciente aunque no se convierta en trabajo. El desafío de los gobiernos es garantizar los derechos y la protección de las mujeres que se encuentran bajo condiciones de tráfico sexual y prostitución mientras se reconozca que la prostitución viola la dignidad humana y los derechos de la mujer.

El desafío de los gobiernos es penalizar al número cada vez mayor de explotadores sexuales, proxenetas, chulos, comerciantes de mujeres y dueños de burdeles, mientras que no se penalice a las mujeres que se encuentran bajo condiciones de tráfico sexual y prostitución”