Por SANDRA CHAHER

Estados Unidos es el país de las grandes contradicciones, de las hipocresías, de las fastuosas estafas a la ética de la misma “conciencia americana”. El país que fue fundado sobre premisas de progreso y libertad -que aún hoy sus políticos repiten articuladamente- está hace tiempo desarticulado. Lo denunciaron primero sus artistas y pensadores; hoy la descoyuntura ya es imposible de ser obviada por cualquier ciudadano. En el país donde las banderas de los derechos humanos siempre fueron izadas como símbolos de libertad, las mujeres presas son sometidas a todo tipo de abusos que acaban de ser denunciados por Amnesty International, paralelamente al lanzamiento de una campaña nacional y mundial para revertir la situación.

Abusos sexuales, negligencia médica, desatención, son conductas que las mujeres norteamericanas encarceladas viven todos los días. Según declaró William Schultz, director ejecutivo de Amnesty en Estados Unidos, durante la presentación del informe No es parte de mi sentencia: violaciones de los derechos humanos de las mujeres bajo custodia: “El abuso sexual es prácticamente un hecho cotidiano para las presas norteamericanas”. Y luego agregó: “En nuestra investigación se documentan además otras violaciones a los derechos humanos, como guardias que encadenan sus piernas a las patas de la cama y personal médico que se rehúsa a autorizar tratamientos de enfermedades en las que está en juego la vida.”

Quizá pocos se sorprenderían si estas observaciones pertenecieran a Malasia o China, cuyo autoritarismo ha sido naturalizado por los países occidentales. Pero no sólo es humillante que suceda en cualquier lugar del mundo, sino que aporta al teatro del espanto que la información provenga de un país que cada año se erige en árbitro de la conducta correcta en derechos humanos, estableciendo las tareas bien y mal hechas por cada país.

No es ni por casualidad el único tema en el que Estados Unidos muestra la perversión y el sadismo agazapados debajo de un puritanismo formal y pacato, pero los datos atormentan por lo pesadillescos: doce estados de la Unión (el 25 por ciento) -Alabama, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, Montana, Oregon, Nebraska, Utah, Vermont, Washington, West Virginia y Wisconsin- no tienen leyes que prohíban el contacto sexual entre las internas y sus guardias. Y no azarosamente estos guardias, en oposición a lo que sucede en casi todo el mundo -sobre todo en las naciones autodenominadas desarrolladas- integran el 70 por ciento de la custodia de las presas (en Canadá, el 91 por ciento del personal carcelario de un penal de mujeres es también femenino). Hay más: tan usual como las conocidas requisas es para este plantel masculino obligar a desnudarse a las internas, manosearlas, observarlas mientras se bañan y monitorearlas las 24 horas por video. Un auténtico festín voyeurista en un país que se llama a las filas del catolicismo y el protestantismo más ortodoxos.

En el resto de los estados, donde existen leyes que penalizan el contacto sexual de los guardias con las internas, la normativa es tan laxa que la situación no es mejor. En Michigan, por ejemplo, el Departamento de Justicia acaba de lanzar una investigación por la amplitud de las denuncias de abuso. Y en California fueron iniciados numerosos juicios alegando abuso sistemático de las autoridades carcelarias. Incluso uno de los fiscales de ese estado acaba de promulgar diecisiete acusaciones, por abuso sexual, contra un guardia que datan de 1992.

La negligencia médica y las torturas físicas son otro de los capítulos del informe del terror. La falta de cuidado de la salud de las pacientes abarca a todas las unidades y se cita el caso de una mujer que pidió durante una década ser atendida por los bultos que tenía en uno de sus pechos. Nunca le respondieron hasta que se le debió hacer una doble mastectomía y quitarle además el útero por la metástasis que había hecho el tumor. Entre los impedimentos físicos, el más común es atar a las presas con cadenas mientras trabajan, incluyendo a las embarazadas. A una de ellas la mantuvieron encadenada mientras paría, con lo cual no podía abrir las piernas lo suficiente para que pasara el bebé; finalmente un guardia decidió quitarle momentáneamente los grilletes.

La presentación de No es parte de mi sentencia fue acompañada por el lanzamiento de acciones legislativas en los doce estados que no poseen leyes que resguarden a las detenidas del abuso sexual. Y en otras 200 ciudades de Estados Unidos también se están dando charlas, presentando petitorios y haciendo campañas que incluyen el envío de cartas a las presas. Las autoridades de Amnesty International presentaron el informe preocupadas no sólo por los datos precedentes sino también por el dramático incremento del número de mujeres detrás de rejas. Se triplicaron desde 1985, y un tercio de ellas lo está por causas relacionadas con drogas. La nueva legislación en esta área permite condenar a una persona desde quince años hasta toda la vida si se comprueba que tuvo algún grado de participación, aunque no tenga antecedentes y sin que se consideren atenuantes. Otra de las preocupaciones de Amnesty es la discriminación racial de las condenadas. Las afroamericanas son ocho veces más que las blancas; y las hispanas, cuatro.

A fines del siglo XVIII, John Adams, segundo presidente norteamericano -y uno de los llamados “padres fundadores” del país-, sentó algunas de las premisas en derechos humanos sobre las que aún hoy Estados Unidos basa sus discursos filosóficos y políticos: “Tenéis derechos que preceden a todo gobierno terrestre; derechos que no pueden ser abolidos ni limitados por leyes humanas; derechos que derivan del Gran Legislador del Universo”. Dos siglos después, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado se ocupa de elaborar anualmente un informe sobre la evolución de los derechos humanos en el mundo que registra con pelos y señales las violaciones a cualquiera de las convenciones de la ONU y los pactos internacionales. Argentina, como es de esperar, no suele ser destacada por sus aciertos, pero paradójicamente algunas de las principales críticas que ese informe hizo a nuestro país en enero de 1998 fueron “la discriminación y violencia contra las mujeres” y “la mala situación de las cárceles”.