Hace poco menos de un año, en medio del debate por la legalización del aborto, un informe presentado por la senadora Nancy González con la colaboración de las médicas Analía Messina, Patricia Rosemberg y Viviana Mazur, daba cuenta de que al menos 43 mujeres mueren por año a causa de abortos mal practicados: una mujer por semana por aborto clandestino, y que incluso las cifras oficiales podrían ser más altas si la mortalidad materna no fuera subestimada por certificaciones médicas deficientes. “El costo del aborto inseguro”, destacó que con una interrupción del embarazo segura, legal y gratuita podrían evitarse esas muertes y también las 47.063 hospitalizaciones por abortos incompletos o mal realizados que ocurren por la práctica ilegal y sin acceso a la información necesaria. A casi un mes del próximo 8 de agosto, primer aniversario del voto antiderechos de un Senado que negó la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), González presentó ayer un proyecto de ley que impulsa el reconocimiento y la reparación económica para niñxs y adolescentes cuyas madres o gestantes fallecieron por abortos realizados en condiciones inseguras.

“En aquellos diez días inmediatos posteriores al rechazo del proyecto de IVE, seis niños y niñas perdieron a sus madres por esta causa que podría haber sido evitada. Quedaron privados del derecho a una vida en familia, y el Estado está ausente”, lamentó la senadora del Frente Para la Victoria (FPV). Los registros no descienden: a tres meses de iniciado 2019, otra mujer de 30 años, madre de dos niños, falleció en la Maternidad 25 de Mayo, en Catamarca, víctima de una septicemia generalizada por abortar en la clandestinidad. “El proyecto que presentamos hoy respondería a la pregunta de qué pasa con las niñas y niños que han perdido a su madre en circunstancias de la práctica de un aborto clandestino.”

El “Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto”, intenta subsanar el tremendo daño político y de salud pública que causaron 38 senadores el 8A, para consagrar como destinatarixs de la reparación económica a personas menores de 21 años o con discapacidad, hijxs de víctimas de abortos clandestinos ante la decisión de no continuar con los embarazos. Su antecedente directo es la “Ley Brisa” 27.452, de “Reparación económica para hijxs de víctimas de violencia de género o intrafamiliar” sancionada en 2018, y que hace hincapié en la responsabilidad del Estado frente a las violencias de género y su incapacidad para prevenir los femicidios. 

En los fundamentos de la iniciativa que firmaron además Ana María Ianni, María de los Angeles Sacnun, Marcelo Fuentes, Norma Durango, María Pilatti Vergara, María Odarda y Fernando “Pino” Solanas, se reconoce la urgencia de dar alguna respuesta tras el rechazo a la legalización de la IVE y frente a las dificultades políticas para su tratamiento inmediato. “Dado que el problema del aborto persiste y que los tiempos parlamentarios impiden en el corto plazo volver a darle tratamiento, resulta urgente al menos el abordaje de las cuestiones que la circundan. Quizás una de las más importantes consecuencias del aborto es la situación de desprotección en la que quedan los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora pierde la vida en un aborto y quedan afectados directamente en su vida cotidiana.”

El proyecto, explicó González, “propone una reparación económica para las niñas, niños y adolescentes. No es un subsidio; es reconocer que donde el Estado debió haber estado, no estuvo. El otro pilar es la incorporación de los sistemas de apoyo. En este sentido propone un equipo interdisciplinario que asista y contenga a las niñas, niños y adolescentes. Necesitamos que el Estado reconozca y acompañe a estxs niñxs, que no sean revictimizadxs, que no queden en la soledad que deriva de la clandestinidad.” 

La reparación económica deberá ser abonada en forma mensual por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con los incrementos móviles establecidos en la Ley 26.417, hasta que su titular alcance los 21 años. “Es inembargable y retroactiva al momento del fallecimiento de la progenitora o persona gestante a causa de embarazo finalizado en aborto.”

También será compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que niñxs y adolescentes sean beneficiarixs, con el régimen de alimentos que perciban por parte de sus progenitorxs u otrxs familiares, y con cualquier prestación de las cual sean destinatarixs. La prestación debe ser percibida por la persona que se encuentre al cuidado, “sea guardador/a, tutor/a, curador/a o adoptante. Al cumplir los 18 años, las/os titulares de la prestación la perciben directamente. Mientras que el Estado nacional será responsable de contener y acompañar mediante equipos interdisciplinarios a las niñas, niños y adolescentes, y estará a cargo a través de la autoridad de aplicación del seguimiento y el control de la ley, pudiendo intervenir organismos competentes en la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes según dispone la Ley 26.601.

“Hemos intentado evitar las muertes mediante la legalización del aborto y no lo hemos logrado. Pero nos ha quedado el legado de proteger al menos a los hijos e hijas de esas mujeres que el Estado no pudo salvar, víctimas colaterales de este flagelo”, concluyó González. Y la sesión del 8 de  agosto fue simbólica porque determinó un antes y después en las lecturas que se hagan de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “A partir de la mañana del 9 de agosto todas las mujeres y personas gestantes que mueren por embarazos finalizados por  aborto están reconocidas por la sociedad y deberían estarlo también por el Estado argentino. Son víctimas de un sistema de salud que falló, que las empujó a la clandestinidad y que en consecuencia murieron. Porque el Estado estuvo ausente. Entonces es necesario reconocer que en esas muertes no son sólo cuerpos lo que se registra: son hijos e hijas que quedan sin una madre. Son historias que quedan detenidas por un Estado que los y las abandonó.”