La Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña aprobó el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta para vender 12 predios para pagar deudas, entre ellos el que forma parte del polígono denominado Barrio Padre Carlos Mugica, más conocido como Villa 31 de Retiro y otros seis que están en los alrededores. A esos lotes se le suma el 35 por ciento del Mercado de Hacienda, en Mataderos. La iniciativa, un poco maquillada, es la misma que fracasó el año pasado cuando el oficialismo no logró los 40 votos necesarios, y se tuvo que conformar con la aprobación del convenio en el que Nación le cedió los terrenos a Ciudad. Los vecinos del barrio rechazaron la norma porque no les garantiza la propiedad de la tierra y por considerar que es expulsivo al posibilitar que el mercado inmobiliario compre los terrenos.

El proyecto que pasará al recinto para su tratamiento, y que requiere de doble lectura y audiencia pública, autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los inmuebles y a que “el producido de las ventas que se realicen tenga como destino específico el financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, además de la cancelación de amortizaciones de deuda”.

Los terrenos que estaban en manos del Estado nacional fueron transferidos por un convenio el año pasado, a cambio de que Ciudad se hiciera cargo del  financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo, que vincula la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Autopista Illia. Nación tomó deuda por 400 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y a su vez le pidió a Ciudad que absorbiera parte de esa deuda y se hiciera cargo de 175 millones de dólares.

El integrante de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del Barrio Carlos Mugica Héctor Guanco dijo a PáginaI12 que “el gobierno sigue avanzando sin escuchar a los vecinos ni respetar la ley 6129 de reurbanización del barrio, que dice que todas las decisiones deben pasar por el Consejo de Gestión Participativa (CGP), que integra el gobierno, distintos organismos públicos y los consejeros del barrio”.

Según explicó Guanco, “si sale esta ley será expulsiva para las 44 mil familias del barrio. Proponen enajenar las tierras para pagar deuda y poder venderlas a terceros que no son del barrio, con lo que a nosotros prácticamente nos estarían expulsando. En el primer artículo habla de brindar soluciones habitacionales definitivas  a los vecinos del barrio, como sostiene la misma ley que incumplen, pero eso no garantiza que los vecinos, a los que los quieren hacer escriturar sin siquiera saber cuánto van a tener que pagar, sean definitivamente los dueños de la tierra”.

En el mismo sentido, la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde afirmó  que “el proyecto no garantiza la permanencia de los habitantes del barrio  Mugica en sus propias tierras. La puesta a disposición de tierra pública, como ya nos tienen acostumbrados el gobierno, se agrava en este caso porque se trata de un barrio habitado. El proyecto no es claro y determinante acerca del destino de esas tierras y deja abierta la posibilidad de que puedan ser compradas por aquellos que siempre quisieron desalojar el barrio por estar ubicado en donde está”.

El abogado Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explicó que “cuando se trata de viviendas sociales, el gobierno para escriturar las tierras a nombre de los vecinos no necesita ninguna autorización de la Legislatura. Pero sí la necesita para vender a terceros que no son del barrio. Y con este proyecto, lo que está mostrando es la fuerte voluntad de liberar la mayor cantidad de suelo para venderlo para  especulación inmobiliaria. Y ese interés va a generar que el gobierno dedique menos tierras para la urbanización. Al quedar indeterminado en el proyecto qué se puede vender y qué no, queda sobreentendido que se puede vender todo. Si no, especificarían cuál sector queda para el barrio y cuál para la venta”.