 El
Presidente Fernando de la Rúa y el ministro del Interior, Federico Storani, anunciaron
que enviarán a la Justicia la orden de captura internacional de 48 militares argentinos
emitida por el juez español Baltasar Garzón, que debe hacerse efectiva en cualquier
lugar donde se encuentren, incluso en Argentina. Frente a un tema que aparece como un test
para el gobierno aliancista, los nuevos gobernantes optaron por sostener, así, su
posición original, pero evitaron hacer un pronunciamiento político directo sobre el
fondo de la cuestión.
El 2 de noviembre Garzón firmó el auto de procesamiento de 98 militares argentinos. La
medida, anticipada en octubre por Página/12, se volvió efectiva con la
orden de captura librada el anteúltimo día de 1999 y que tiene como fin que se juzgue a
los militares argentinos en España. En principio, la disposición se ciñe a 48 casos
porque, según explicó el abogado querellante en el juicio español, Carlos Slepoy, no se
contaba con todos los datos personales necesarios de los acusados. Entre los militares que
Interpol debe arrestar como responsables o sospechosos de los delitos de genocidio,
terrorismo y tortura figuran Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Armando
Lambruschini, Guillermo Suárez Mason, Emilio Massera, Alfredo Astiz y Antonio Domingo
Bussi. El gobierno de Carlos Menem había ordenado por decreto en 1998 no colaborar con
Garzón y eso le valió un pedido de procesamiento por obstrucción de justicia por parte
de los diputados Jorge Rivas y Alfredo Bravo. El nuevo gobierno eligió diferenciarse
dando cabida a la vía jurídica. El Presidente y el ministro del Interior desplegaron
ayer, en un discurso en el que evitaron hacer definiciones políticas, argumentos con los
que anunciaron la derivación a la Justicia de la decisión de habilitar o no el pedido de
captura.u “El sistema judicial argentino debe ser respetado”, manifestó
Fernando de la Rúa desde Ushuauaia. Aclaró que todavía no recibió ningún pedido
oficial y que Argentina “no es dependiente para que sobre su sistema jurídico se le
deban imponer otros”. “Si el pedido llega lo consideraremos como corresponde y
lo resolveremos de acuerdo con los tratados existentes entre la Argentina y España, como
el de extradición”, añadió. u “Acá se enfrentan dos sistemas jurídicos, dos
Estados de derecho, el del Reino de España y el argentino, cada uno con sus
procedimientos, sus actuaciones, sus juicios y sus leyes y en ese marco debe decidirse: si
los hechos que ocurrieron aquí debe juzgarlos otro país o debemos juzgarlos nosotros
mismos”, agregó el mandatario.u De la Rúa dijo, además, que comparte la postura
del papa Juan Pablo II quien, en su mensaje de fin de año, subrayó que “los
crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una
nación” y que “la puesta en marcha de la institución de una Corte penal que
los juzgue es un paso importante” (ver aparte). u Aunque insistió con la política
de “estudiar cada caso y girarlo a la Justicia”, Storani aseguró que el
gobierno nacional no intentará “bloquear” los pedidos de captura contra
militares y policías. u El titular de Interior advirtió, a su vez, que “en
Argentina existieron juicios y hubo condenas” y “se va a respetar el principio
de cosa juzgada, pues no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa”. Aclaró,
paralelamente, que muchos militares no fueron alcanzados por la Obediencia Debida, el
Punto Final o el indulto en delitos tales como los de apropiación de niños. La orden de
captura internacional llegará a la cartera que conduce Storani en los próximos días
–posiblemente mañana– y será girada a la Justicia. El texto, conocido en
noviembre, deja en claro que “las referidas órdenes de detención han de ser
expedidas sin restricción espacial o territorial alguna”. Y continúa: “Es
decir que Interpol deberá darles curso a todos y cada uno de los países que forman parte
de la misma. Y por ende, una vez averiguado el paradero de cualquiera de losprocesados,
debe ser ejecutada por la autoridad policial y judicial que corresponda, incluido el país
de la nacionalidad de los procesados, dado el carácter extraterritorial de los presuntos
delitos que se imputan y los convenios multilaterales y bilaterales en vigor, por encima
de otros criterios ajenos al estrictamente jurídico que aquí se mantiene”. La causa
contra ex represores argentinos que se sigue en España por violaciones a los derechos
humanos durante la última dictadura incluye a las juntas militares, los marinos de la
ESMA y al ex gobernador de Tucumán. Por lo pronto Slepoy, el abogado argentino que forma
parte de la querella en España, estaría conforme con que el Poder Ejecutivo argentino
dejara actuar a la Justicia. El expediente es similar al que sigue también el juez
Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que fue detenido en Londres hace
más de un año y aguarda la extradición a España.
| Una manito del Papa “Los
crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una
nación”. La frase, que avala el enjuiciamiento de militares argentinos y chilenos en
España o en cualquier país del mundo, fue pronunciada por el Papa Juan Pablo II en el
mensaje de la Jornada Mundial de Paz. “Quien viola los derechos humanos ofende la
conciencia humana en tanto tal y ofende a la humanidad misma. El deber de tutelar derechos
trasciende, pues, los confines geográficos y políticos dentro de los que son
conculcados”, manifestó el Papa. Casi simultáneamente con el pedido del juez
español Baltasar Garzón para que sean capturados “donde se los encuentre” a 48
represores argentinos y luego de un año en el que el arresto en Londres del dictador
chileno Augusto Pinochet instaló el debate acerca de la existencia de una jurisdicción
internacional para juzgar delitos de lesa humanidad, Juan Pablo II señaló que
“debemos dar gracias a Dios que siga creciendo en la conciencia de los pueblos la
convicción de que los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen
fronteras”. |
| Qué dicen los organismos Los
representantes de organismos de derechos humanos han planteado posiciones similares acerca
del pedido de extradición de militares:
 Simón
Lázara (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos): “La medida es
positiva porque apunta al corazón mismo de la impunidad. También es importante que en la
Argentina continúen las causas en curso que hacen que algunos de los represores
procesados por Garzón estén en prisión. Ahora esperemos que actúe la Justicia. El
decreto que firmó Menem es inválido”.
Adriana
Calvo (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos): “El fallo es un
éxito de la lucha de tantos años de los grupos de derechos humanos, y la historia a
veces sigue estos caminos tortuosos que nos hacen que debamos buscar justicia en el
exterior. El Gobierno debe hacer lo único que le permite la ley, que es meter presos a
estos 48 militares”.
Laura
Bonaparte (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora): “El fallo de
Garzón es impecable, ha tomado todos los recaudos para que no se lo pueda rebatir y está
confirmando que es un juez que hace justicia teniendo en cuenta las declaraciones
internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad. El Gobierno debe acatar las
resoluciones que Garzón ha pedido”.
Mabel
Gutiérrez (Familiares de Ex Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas):
“El Gobierno debe respetar los acuerdos de extradición. Lo que debe hacer es
extraditar (a los militares) y si no lo hace realmente será un muy mal antecedente en
cuanto a derechos humanos”. |
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