La
evasión en los impuestos que recauda la AFIP (Administración Federal de Ingresos
Públicos) llega hoy a los 29 mil millones de pesos anuales, o 10 por ciento del PBI, en
una hipótesis conservadora. Es decir, puede ser mucho más. A ese impresionante cálculo
llega el actual subsecretario de Política Tributaria, Juan Carlos Gómez Sabaíni, en el
extenso trabajo sobre el sistema tributario federal que realizó con otro experto, Jorge
Gaggero, y que Página/12 anticipó en su edición de ayer. En realidad, ellos hablan de
"incumplimiento" en lugar de evasión, aunque no siempre.
Como quiera que sea, la fuga de recaudación
habría trepado en 1999 hasta los 35 mil millones de pesos si se incorporan a la medición
los fiscos provinciales y municipales. Esto toma todavía más color porque el guarismo
representa así doce puntos del Producto. Ahora bien: la presión tributaria consolidada
Nación/Provincias estimada para 1999 era (el estudio es de setiembre) de 21,5 puntos
(17,7 para la Administración Nacional y 3,8 para las restantes), con lo que la
recaudación potencial, incluyendo las tasas y contribuciones municipales, alcanzaría
--de no haber escapes-- a un 36 por ciento del PBI.
Ante estos números, Gaggero y Gómez
Sabaíni constatan, "en toda su crudeza", la paradoja tributaria argentina:
debido a la sobreimposición a los consumos, la presión legal consolidada no es lo que se
llamaría baja, comparada con la de otros países de desarrollo intermedio, "pero el
nivel de evasión es extremadamente alto en relación con el predominante en ese mismo
grupo de naciones". ¿No es curioso que este Gobierno, que le confió a Gómez
Sabaíni la conducción política de estos asuntos, debute con un aumento en las tasas
impositivas, incluyendo a las que gravan los consumos?
Otra notable comprobación: con una
reducción de sólo una cuarta parte en la evasión (de 12 a 9 puntos del PBI) se podría
casi alcanzar el equilibrio fiscal convencional. Y si fuese dado conseguir que la fuga de
contribuciones se redujese un tercio (a 8 puntos del Producto, ya cerca de lo que ocurre
en Chile), "se podría lograr un equilibrio fiscal más sustancial (que evitase la
acumulación de deuda pública por causas distintas del financiamiento del déficit
convencional)".
Los autores afirman, a partir de esto, que "hasta que la
AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos; es decir, DGI más Aduana) y las
administraciones provinciales no logren un salto de credibilidad, toda nueva reforma
tributaria resulta contraindicada". Así piensa el hombre que está exactamente
arriba de Carlos Silvani. |
