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Por Julio Nudler  Un informe
concluido por la Auditoría General de la Nación en octubre último, en el que trabajaron
diez técnicos para analizar uno de los programas ejecutados por la Secretaría que
comandaba María Julia Alsogaray, denuncia numerosas irregularidades en los procedimientos
y en el manejo de fondos, además del pago de enormes sobreprecios en contratos
adjudicados de modo directo, a dedo, en los que se eludió la licitación o el concurso
público mediante argumentos falaces o desdoblando los encargos para quedar debajo del
máximo admitido por la legislación. En una de las obras correspondientes al Prodia
(Programa Desarrollo Institucional Ambiental) se pagó 4,44 veces el valor que hubiese
correspondido, de acuerdo a los precios vigentes en plaza. En la Secretaría de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable (ex Medio Ambiente), la dirección general de
Coordinación de Proyectos estaba en manos de Santiago Bignoli, conocido por los empleados
del organismo como "el novio", en virtud de su relación personal con la jefa.
Al mismo tiempo que se encargaba de contratar a dedo y con sobreprecios alucinantes
diversas obras para las instalaciones de la repartición, Bignoli también se ocupaba de
la refacción del suntuoso petit hotel que la hija de Alvaro posee en Junín 1435, entre
otras operaciones inmobiliarias.Con un presupuesto global de 38 millones de dólares, 30 de los cuales provienen de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, el Prodia abarca tres subprogramas y una extensísima lista de contrataciones. En este sentido, los desmanejos descubiertos por la AGN bajo la presidencia del ahora remplazado Enrique Paixao en los casos aislados que eligió auditar pueden tomarse como botones de muestra, indicando un vasto estado de corrupción. Luis María Castelo, quien fue coordinador del Prodia entre abril de 1995 y mediados de 1996, cuestionó desde temprano el manejo que se hacía de los fondos, según reveló a este diario. En premio a su actitud fue removido de esa función. Lo que agotó la paciencia de María Julia fue la objeción de Castelo a la contratación directa de una consultora perteneciente a la Marina con recursos del Prodia para una tarea (la revisión de formularios presentados por empresas privadas) que no tenía relación alguna con ese programa. Castelo, cuyo contrato fue cancelado, trabaja actualmente en Bolivia. La AGN tardó seis meses en auditar el Prodia, terminando la tarea el 20 de octubre, en vísperas de las elecciones. Luego de que el informe atravesara todas las instancias previstas dentro de la Auditoría, fue enviado a los dominios de María Julia para que ella lo contestara e hiciera su descargo. Sin embargo, la funcionaria abandonó el cargo sin responderlo, por lo que el documento volvió al organismo legislativo de control, ahora encabezado por Rodolfo Barra, y tornó estos días a ser despachado, esta vez hacia el escritorio del sucesor de la Alsogaray, Oscar Massei, quien difícilmente se desviva por refutarlo. "Se observan notables diferencias entre la estructura presupuestaria original y la que efectivamente reflejaron los gastos efectuados", apuntan los auditores en el capítulo dedicado a revisar el presupuesto, los contratos y las adquisiciones. En esencia, hubo un significativo desvío de fondos, restándole recursos a un componente denominado Sistema de Información Ambiental (SIAN) para derivarlos a otro componente llamado Fortalecimiento Institucional (FI). La distorsión fue tal que invirtió las magnitudes previstas. Aunque el SIAN representaba un 20,0 por ciento del presupuesto total del Prodia, sólo concitó el 9,5 por ciento del gasto final efectuado. En cambio, si al FI debía asignarse el 11,2 por ciento de los recursos, terminó recibiendo el 20,8. Adicionalmente a este panorama, el informe señala "un manejo discrecional de la presentación del presupuesto, dado que la rendición de gastos se realiza con diferentes modalidades de presentación y grados de agregación, de acuerdo al destinatario de dicha información". Se sugiere, por tanto, la intención de confundir y dificultar la comprensión de los datos. En lo concreto, "no se advierte que exista una utilización del presupuesto como herramienta de gestión y de control, sino como una estructura extremadamente flexibilizada para acomodar los gastos realizados". Para los escandalizados auditores, un "ejemplo paradigmático de este punto son los gastos efectuados por 2 millones de pesos, pese a no haber estado contemplados en el presupuesto original del programa, englobados en las líneas de `Mantenimiento Edificio' (proyecto y dirección de obra del entrepiso de la Secretaría), `Apoyo SRNyDS' (Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable), `Apoyo reunión ministros' (200.000 pesos pagados a Andrés S.A.) e `IVA, equipos y otros' (380 mil pesos)." Respecto de este último caso, de la información remitida por la Secretaría se desprende --de acuerdo al informe-- que en ese rubro "se incluyen gastos de 346 mil pesos por IVA de PCR Tetra-Tech (una consultora), y que dicho pago forma parte del desglose de los $ 1.050.000 que se abonaron en concepto de IVA a la mencionada consultora y que, por no encontrarse contemplados en el presupuesto original, fueron distribuidos en diversas líneas de gasto". Los expertos de la AGN tampoco lograron encontrar una clara justificación, en relación con los objetivos definidos del Prodia, de lo realizado por la empresa Sisteval, como para sustentar el desembolso de 291 mil pesos. Compendiando sus comentarios y observaciones, los auditores detectaron, entre otras, las siguientes deficiencias: * No se contó en el proyecto y los planes de ejecución y seguimiento del programa con una metodología que describiera con precisión y apropiadamente los objetivos y resultados esperados. * Hubo una generalizada demora en las acciones previstas inicialmente. No resultan plausibles las justificaciones, según las cuales esas demoras fueron causadas por variables ajenas al Prodia, como las coyunturas políticas provinciales o desinteligencias con las contrapartes locales. * Se observaron notables diferencias entre el presupuesto original y los gastos efectuados, transformando las importancias relativas de diversos componentes. Se advirtió asimismo un manejo discrecional de los recursos, dado que la rendición de gastos se realizó con diferentes modalidades de presentación y grados de agregación. * La tramitación de doce contrataciones directas, todas por montos inferiores a $ 100.000, podría evidenciar que, mediante este sistema desdoblado de contratación, se eludió la aplicación del régimen licitatorio. * Los pliegos de especificaciones técnicas en los expedientes de obra carecían de las cantidades de insumos a adquirir. * El procedimiento de contratación del proyecto y dirección de obra adoleció de diversas anomalías: no se establecieron en forma clara y precisa los requisitos y antecedentes que debían contener las ofertas; no se agregaron los curricula vitae de los profesionales no seleccionados; no se hallaron evaluaciones de los antecedentes o de las cotizaciones por parte de las áreas técnicas de la Secretaría de Recursos Naturales; no quedó justificada la contratación directa por ideoneidad técnica especial. * Los precios de las ofertas adjudicadas para la obra de oficinas del programa son largamente superiores a los valores corrientes en el mercado, representando un perjuicio fiscal. Dado que el Prodia ya finalizó, los auditores optaron por cerrar su lapidario informe con una serie de recomendaciones dirigidas a Recursos Naturales, para que en sucesivos planes, programas y proyectos no se incurra en anomalías semejantes. Algunos de esos consejos, que nadie debería en realidad necesitar: * Aplicar procedimientos de licitación y/o concurso público para posibilitar una mayor concurrencia y oposición entre los aspirantes. * Proceder a deslindar responsabilidades respecto del perjuicio fiscal derivado de los precios de obra. * Adjudicar obras y/o adquisiciones a valores corrientes en el mercado.
LA MUJER QUE BATE LOS RECORDS EN TRIBUNALES
* La causa más molesta para la hija del capitán ingeniero es la que corresponde por supuesto enriquecimiento ilícito que está a cargo del juez federal Juan José Galeano, abierta en 1993. Los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia cuestionaron que con su sueldo de funcionaria haya acumulado un patrimonio de más de dos millones de dólares. A partir de la denuncia del frepasista Juan Pablo Cafiero sobre la existencia de dos cuentas secretas en las islas Caimanes a nombre de Alsogaray y de un abogado norteamericano llamado John Merton Sinclair, que superarían ampliamente el monto de enriquecimiento ilícito calculado por los fiscales, Galeano pidió informes a la auditoría del Congreso y al Tesoro de Estados Unidos --el cual investiga maniobras de lavado de dinero en todo el mundo--. * El juez federal Guillermo Tiscornia la sigue investigando por evasión de impuestos a pesar de decidir el mes pasado que no había "mérito suficiente" para procesarla. El 19 de noviembre María Julia declaró ante el juez y logró desembarazarse de la responsabilidad de no pagar, durante el año 1992, los impuestos de algunos de sus inmuebles. Atribuyó la culpa a "inescrupulosos manejos" de su ex contador, a quien la funcionaria menemista habría entregado los fondos para los pagos a la antigua DGI. * El juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Cearras la investigan ya que mientras estaba al frente de Entel le habría pagado a la empresa PrecomNec diez millones de dólares por una deuda inexistente. Frente a esta sospecha de estafa, María Julia --confirmando la irregularidad-- devolvió los diez millones al Estado. * El juez federal Gustavo Literas lleva una causa por el destino del dinero de la venta del hotel Llao Llao. El informe de la AGN reveló que el Estado perdió casi 3 millones de dólares en la operación inmobiliaria. * El juez federal Jorge Ballestero averigua por qué no dispuso de los medios necesarios para evitar la propagación de incendios en los bosques de Bariloche. Se le imputan los delitos de mal desempeño de los deberes de funcionario público. * El fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez Carlos Liporaci que la investigue por no haber realizado un estudio de impacto ambiental cuando se privatizaron los aeropuertos.
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