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El presidente Fernando de la Rúa volvió ayer a Buenos Aires desde Ushuaia, en donde participó de los festejos de Año Nuevo, con un pronóstico sombrío. Dijo que en Tierra del Fuego se vivía una situación similar a la de Corrientes debido a su "alto endeudamiento", y que esta semana se reunirá con el gobernador José Estabillo para analizar cómo superar el problema. Durante la mañana, De la Rúa jugó al golf en el Ushuaia Golf Club y después se dedicó a un breve recorrido turístico. Pasó por el Museo Marítimo, recorrió el Parque Nacional, comió cordero asado y realizó su primera visita como Presidente a una unidad naval. En tanto, su esposa, Inés Pertiné, aprovechó para practicar trekking en el bosque de lengas que rodea al hotel Del Glaciar, donde se hospedaron. Además, el secretario de Turismo, Hernán Lombardi --el único funcionario que acompañó al Presidente en su viaje--, adelantó que De la Rúa volverá a Ushuaia en abril para promocionar la temporada de nieve. El Presidente y su familia emprendieron la vuelta a las 14, a bordo del Tango 03. Al aeropuerto lo fue a despedir Estabillo y quien será su sucesor, el justicialista Carlos Manfredotti. De la Rúa y Estabillo ya habían estado juntos analizando la crítica situación fueguina. Antes, el Presidente había recibido también a una delegación de ATE, encabezada por Jorge Portel, que le acercó un proyecto para reducir el gasto en la provincia sin llegar a los despidos. "Hay un gasto fijo muy alto y bajos ingresos con una coparticipación muy comprometida. Se necesita un replanteamiento financiero", analizó De la Rúa, al hablar en la zona militar del Aeroparque Jorge Newbery. El otro tema que ocupó a De la Rúa fue la orden de captura internacional librada contra 48 militares argentinos emitida por el juez español Baltasar Garzón. El Presidente reiteró que si bien todavía "no me ha llegado nada" y que sólo se enteró del tema por los diarios, su posición será la de respetar el tratado de extradición que existe entre España y la Argentina. "Hay que tener en cuenta que hay dos sistemas jurídicos, el de España y el de la Argentina y, por supuesto, el Gobierno nacional va a defender el sistema jurídico argentino", insistió. La posición del Gobierno, explicada ayer a Página/12 por el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, es la de girar el tema a la Justicia para que decida, marcando una diferencia con lo realizado por la gestión de Carlos Menem.
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