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Por Adriana Meyer  El
escándalo conocido como "la mafia del oro" tiene un episodio nuevo, ahora con
el administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Silvani, apuntado por el fiscal
federal Miguel Angel Osorio. El fiscal le envió un oficio para sugerirle que debía
exigir a las empresas involucradas que paguen los 19 millones de pesos correspondientes al
IVA sobre el oro que exportaron y que nunca ingresaron al organismo recaudador. Silvani le
respondió a Osorio que no tiene competencia para emitir un decreto judicial de tales
características. El flamante director general de la DGI, Marcelo Ramos (ver aparte),
pidió la nulidad de la medida del fiscal. La Cámara Federal había establecido que "los integrantes del grupo Piana montaron y utilizaron una estructura empresarial a los fines de defraudar al Estado nacional", a través de la exportación de supuestas manufacturas de oro fabricadas con materia prima importada. La maniobra consistió en aprovechar dos resoluciones del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo: la Aduana pagaba reintegros de 10 a 15 dólares por cada 100 que se exportaban y las barras de oro importadas que se usaban como materia prima no pagaban arancel. Casa Piana y otras treinta empresas cometieron dos tipos de delito para incrementar el margen de ganancia: fraguaron la contabilidad para evadir impuestos e incrementar la devolución de tributos por parte de la DGI, y sobrefacturaron la mercadería presuntamente exportada para cobrar más reintegros de la Aduana. Este ilícito involucró un monto de unos 600 millones y es investigado por el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, mientras que por el primero --por 100 millones-- se abrió una causa en 1995 en el juzgado de Jorge Ballestero, quien la delegó en Osorio. Piana simuló cadenas de operaciones comerciales entre empresas que realizaron supuestos trabajos sobre productos que luego destinaban a la exportación. "De este modo, lograban que el ente fiscal les otorgue reintegros (sobre impuestos) que, en realidad, nunca habían incorporado a las arcas del Estado", explicaron los camaristas. Diez empresas actuaron como proveedores directos de Casa Piana y de la firma Gemmodesign en circuitos de operaciones ficticias, mediante los cuales se inflaba el precio de los productos. El tribunal señaló, además, "la necesidad de profundizar la investigación respecto de la posible inclusión del Banco Quilmes" en la maniobra. La mayoría de los subproveedores de Piana resultaron ser en algunos casos empresas inexistentes, en otros carecían de actividad o, cuando la tenían, demostraron no haber efectuado el trabajo que se les imputaba, según el chequeo que efectuó la DGI. La Justicia comprobó la existencia de facturación melliza expedida a nombre de Piana. El paso siguiente en la operatoria era la exportación de los productos a empresas del exterior, las que en connivencia con el grupo Piana los adquirían a precios muy sobrevaluados. Y el circuito se completó cuando esas firmas transfirieron importantes montos de divisas hacia Casa Piana y Gemmodesign. "La maniobra culmina cuando el crédito fiscal es reintegrado por la Dirección General Impositiva, ya sea vía directa de devolución a la empresa exportadora o por vía indirecta a través de la transferencia de dicho crédito a un tercero, el que en todos los casos resultó ser el Banco Quilmes. De este modo, Casa Piana obtuvo reintegros ilegítimos en el período comprendido entre los meses de noviembre de 1993 y febrero de 1995, lo que significó en conjunto un perjuicio estimado para el fisco por un monto superior a los 19 millones de pesos", concluyó la Cámara. Osorio entendió que los empleados de la DGI encargados del control tuvieron un rol protagónico para "perpetrar la defraudación en perjuicio del fisco", que no se hubiera concretado "sin su consciente colaboración". Según él, los funcionarios tenían la experiencia suficiente para advertir que "el oro comprado como divisa perdía su condición de exento de impuesto con el cambio de destino al cual lo sometía Casa Piana al utilizarlo como materia prima". El fiscal destacó que las exportadoras no ingresaron
montos millonarios a la DGI para "evitar colocar la operatoria en niveles dinerarios excesivamente llamativos" que pusieran en riesgo la maniobra. De hecho, las autoridades de Estados Unidos sospecharon de los elevados montos en juego e iniciaron una causa por lavado de dinero en la que fue detenido (ahora con arresto domiciliario) Enrique Piana. En este marco, los trece empleados de la DGI, que estaban acusados de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, argumentaron que el IVA no debía abonarse y el juez Ballestero les dio la razón. El ex secretario de Ingresos Públicos Carlos Tacchi los contradijo. Declaró en la causa que "el oro como moneda de cambio, al pasar a ser utilizado como materia prima tiene que pagar el impuesto". La Cámara adoptó el mismo criterio, pero entendió que para establecer las responsabilidades de los funcionarios de la DGI es necesario interrogarlos nuevamente. El 11 de noviembre resolvió revocar los sobreseimientos de Ballestero y les dictó la falta de mérito. El 22 de noviembre, la fiscalía le envió un oficio a Silvani, con una copia de la resolución de la Cámara, a los fines de que los entes recaudadores a su cargo intenten recuperar parte de los millones de pesos en que se defraudó al Estado. Osorio explicó a Página/12 que emitió el decreto sobre la necesidad de cobrar el IVA a las empresas involucradas en el escándalo siguiendo lo establecido por la Cámara Federal, que señaló que "la ley prevé claramente la obligatoriedad del pago del IVA en las condiciones en que Casa Piana compró y luego utilizó el metal". "Si el cobro del IVA quedó pendiente, ello debe ser remediado cobrando ahora a quien todavía quede solvente", razonó. El fiscal considera que sumando la maniobra que investiga Tiscornia, en la que está mencionado un banco de primera línea, la DGI podría obtener unos 150 millones. "Hay intereses económicos muy grandes que no permiten una adecuada investigación, dada la capacidad que tienen de corromper", disparó Osorio. El 3 de diciembre Silvani le contestó que "la forma en que debe aplicar, percibir y fiscalizar los tributos a su cargo son funciones de su exclusiva competencia". El funcionario pudo haber optado por el silencio pero prefirió negarse en forma explícita porque estaría interesado en que el decreto pierda vigencia para evitar responsabilidades penales en el futuro. El fiscal podría denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ni un juez, ni un fiscal tienen la autoridad para ordenar algo a alguien que está afuera de una causa, pero el sentido de la iniciativa es devolverle al erario parte del dinero que se llevaron los protagonistas de este caso de corrupción, tal como ocurrió con los cuatro millones y medio que el juez Adolfo Bagnasco logró repatriar en la causa IBM-Banco Nación.
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