Por Irina Hauser La Justicia
federal recibió ayer el pedido de captura de 48 represores argentinos emitida por el juez
Baltasar Garzón, que debe concretarse en cualquier lugar del planeta donde se encuentren.
La orden del magistrado español fue recibida por el ministro del Interior, Federico
Storani, quien inmediatamente la giró al juez de turno, Gustavo Literas. Este paso toma
distancia de lo actuado por el gobierno de Carlos Menem y “agota” el decreto que
ordenó no colaborar con el proceso de Madrid, según dijo a Página/12
el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. La orden de captura es la primera partida
que se desprende del auto de procesamiento contra un centenar de militares y policías
argentinos acusados de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura firmado por Garzón
el último 2 de noviembre.Es la primera vez que el juez español incluye al territorio
argentino al dictar una resolución. Entre los militares que Interpol debería arrestar si
el juez que instruye el expediente le da vía libre figuran Jorge Rafael Videla, Leopoldo
Galtieri, Jorge Anaya, Armando Lambruschini, Guillermo Suárez Mason, Emilio Massera,
Alfredo Astiz y Antonio Domingo Bussi. “El juez tiene que resolver si el tema es de
su competencia o si lo es de la Cámara Federal que juzgó a los ex comandantes”,
explicó a este diario un alto funcionario judicial. “Tiene que analizar si se trata
o no de un asunto de feria, si están justificadas las razones de arresto, si están
cumplidos los recaudos formales. El juez también podría rechazar la medida por
cuestiones formales o pedir que España amplíe los fundamentos, son muchas las
posibilidades”, añadió el mismo vocero. Gil Lavedra dejó su impresión en claro a
Página/12: “Garzón va a tener que justificar muy bien las razones para pedir el
arresto de 50 personas y tendrá que fundamentar por qué el derecho extranjero debe
prevalecer sobre el argentino. La aplicación del derecho extranjero es casi imposible; de
todas maneras nos sujetaremos a lo que digan los tratados”. Otros comentarios que
circulaban ayer en el Ministerio de Justicia sugerían que tal vez los tres folios que
componen la orden de captura no basten para justificar la medida ordenada por Garzón. En
una reunión que mantuvieron a la tarde el presidente Fernando de la Rúa y Storani
celebraron que, a diferencia del gobierno anterior, ahora se dé “cumplimiento a la
Ley de Cooperación Internacional” que obliga a trasladar el tema desde el Ministerio
del Interior a la Justicia federal. Gil Lavedra, en diálogo con este diario, añadió:
“Este Gobierno se va a ajustar a la ley. No vamos a desconocer la competencia de la
Justicia cualquiera sea el mérito o la seriedad del planteo”. –¿Derogarán el
decreto con que Menem negó colaboración a Garzón? –preguntó Página/12. –El
decreto ya está agotado, no se deroga. Storani reiteró su postura de “respetar el
principio de cosa juzgada”. “Fue el gobierno de Raúl Alfonsín el que ordenó
el juicio a las juntas, hubo juicio y condenas ejemplares para los principales
responsables del terrorismo de Estado que tras siete años de cárcel fueron indultados
por Menem”, manifestó el ministro a este diario. También buscó diferenciar el
juzgamiento a militares argentinos de la causa que Garzón lleva contra el dictador
chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres hace más de un año. “Pinochet no
había sido juzgado nunca ni estaba en proceso judicial –agregó–. Acá sí hubo
juzgamiento, leyes del Parlamento y aún hoy hay procesos para muchos de los requeridos
por Garzón.” Guillermo Valera, uno de los abogados de la acusación popular en
España, manifestó su rechazo a los dichos de Storani y a cualquier duda esbozada sobre
la posibilidad de extraditar a los 48 acusados. “Extraditarlos es una obligación
ineludible –señaló–. De lo contrario se incurre en responsabilidad
internacional. Si Argentina no extradita, tendría la obligación de juzgar en territorio
local. El problema es, si bien aquí está tipificado el delito de genocidio (por el cual
Garzón pide lacaptura), no se le ha fijado una pena y eso impediría cumplir con la
obligación de juzgar.” El letrado aclaró, además, que “en estos casos tampoco
puede decirse que hay cosa juzgada”. “A las Juntas se las juzgó por asesinatos
y torturas, pero nunca por genocido ni por torturas como plan sistemático. Es cierto que
quienes están procesados o en proceso judicial, por ejemplo, por apropiación de menores,
deben terminar de ser juzgados. Pero luego deben ser sí o sí extraditados.” El
planteo del letrado sintoniza con el que Garzón formuló a principios de noviembre,
cuando dictó procesamientos contra 98 militares, policías y un civil argentinos.
“Las órdenes de detención –dice el texto de Garzón– han de ser expedidas
sin restricción espacial o temporal alguna (...), una vez averiguado el paradero de
cualquiera de los procesados, debe ser ejecutada por la autoridad policial y judicial que
corresponda, incluso el país de la nacionalidad de los procesados, dado el carácter
extraterritorial de los presuntos delitos que se imputan y los convenios multilaterales y
bilaterales en vigor, por encima de otros criterios ajenos al estrictamente jurídico que
aquí se mantiene.” En cuanto a Literas, se trata de un hombre que llegó a la
Justicia en virtud de sus lazos con el peronismo histórico y luego se fue acercando al
menemismo. Fue designado juez hace seis años y mantuvo siempre un bajo perfil. Es quien
instruye una causa en que los abogados querellantes Alberto Pedroncini y David Baigún
piden la inconstitucionalidad de los indultos y en la que no hubo grandes novedades. Poco
antes del cambio de gobierno estudiaba seriamente la posibilidad de dejar los tribunales
para trabajar en el estudio del ex ministro de la Corte, Mariano Cavagna Martínez. Pero
todo indica que postergó la retirada porque tiene en sus manos el expediente por el
accidente del avión de Lapa. Pese al pedido formulado por Garzón y al hecho de que el
gobierno haya asegurado que respetará los compromisos internacionales, en Argentina no
está todo dicho. El juez tiene varias opciones y la definición sobre las capturas
podría demorarse. Pase lo que pase, seguramente habrá apelaciones de una u otra parte
que podrán llevar la causa a la Corte Suprema.
CARTA OFENDIDA DEL UNICO CIVIL
BUSCADO POR INTERPOL
Un amigo del Tigre en la ESMA
Los 48 argentinos sobre
los que pesan los pedidos de captura internacional librados por el juez Baltasar Garzón
reclamaron al gobierno español que “castigue” a ese magistrado y que deje sin
efecto las órdenes que impartió a Interpol. La solicitud la formuló el abogado Gonzalo
Torres de Tolosa, el único civil buscado por Garzón en el marco de la causa por
genocidio y terrorismo de Estado contra los militares de la última dictadura. Torres de
Tolosa no sólo acusó a Garzón de pretender erigirse en “juez del mundo” y le
atribuyó un afán “colonizador”, sino que además señaló que debería pedir
“asilo político” en Cuba y hasta sugirió que España tendría sus propios sus
propios “vuelos de la muerte”. “Los africanos ilegales –explicó–
son deportados y se cuenta que los aviones no llegan a destino porque arrojan su carga
(humana) al mar.”Torres de Tolosa remitió su pedido al ministro de Relaciones
Exteriores de España, Abel Matutes, a quien conminó a “cumplir con la actividad que
le compete como funcionario público” y le exigió que inicie “las acciones
penales correspondientes” contra Garzón y los querellantes en el juicio contra los
militares. También le solicitó que “despliegue con la celeridad necesaria” las
medidas necesarias para que Garzón “sea castigado y se dejen sin efecto la
disparatadas órdenes de captura” porque el juicio que viene tramitando “resulta
absolutamente ilegítimo”.Durante la dictadura Torres de Tolosa era un habitué en la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En su carta al gobierno español, admitió tener
“una sólida amistad personal” con Jorge Acosta, alias El Tigre, el otrora jefe
del centro clandestino de detención que funcionó en ese lugar y actualmente preso por el
robo de bebés durante la dictadura, así como sus “frecuentes visitas a la Unidad de
Tareas Operativas de la ESMA, generalmente a comer”. También explicó que lo hacía
para “brindar apoyo moral a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad de mi país que combatían al terrorismo” y confesó que “desempeñé
diferentes tareas, que no pueden ser consideradas delictivas, por requerimiento de las
autoridades de la Armada Argentina”.La versión de Adolfo Scilingo es otra: el ex
marino lo denunció ante Garzón de actuar bajo el alias de Teniente Vaca y haberlo
acompañado en un vuelo en el que arrojaron a más de una docena de prisioneros vivos
desde un avión de la Armada. “Es un alcohólico habitual y, por lo tanto, incapaz e
inimputable”, advirtió Torres de Tolosa acerca de Scilingo. Además, le endilgó su
condición de “partícipe necesario” de los cargos que le imputó a Garzón por
solicitar su detención y la de 47 militares argentinos: “Prevaricato, denegación de
justicia, fraude procesal, falso testimonio, falsedad ideológica, circunvención de
incapaz y asociación ilícita”.Torres de Tolosa tampoco ahorró calificativos para
Garzón: sostuvo que “su actividad está únicamente destinada a ser un show montado
para adquirir notoriedad”, alertó que pretende convertirse en “juez del
mundo” y calificó su decisión de enjuiciar a los responsables de las violaciones a
los derechos humanos en la Argentina como un “disparatado intento colonizador”.
Además, ironizó con la posibilidad de que Garzón, “abrumado por los hechos y su
errático comportamiento, abandone silenciosamente España y pida asilo político en
algún país socialista, por ejemplo Cuba”.El abogado arriesgó que España tendría
sus propios “vuelos de la muerte”: sugirió que los africanos ilegales
deportados de ese país no siempre llegan a destino, y también afirmó que los pesqueros
españoles y de la Comunidad Europea “arrojan los polizontes (sic) al mar, incluidas
aguas territoriales de España, para evitar el gasto de declarar esos pasajeros
ilegales”. En su opinión, Garzón debe investigar esos presuntos crímenes, además
del martirio del santificado sacerdote argentino Héctor Valdivieso Sáez y otros 33
religiosos, fusilados en el levantamiento minero de Asturias, en 1934, y las matanzas en
el “Archipiélago Gulag” de Rusia.
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“Mi posición es la misma que la del
Gobierno”
La búsqueda de la verdad y los temas
de indígenas, discapacidad y acceso a la Justicia serán los ejes de Diana Conti en la
Subsecretaría de Derechos Humanos. |
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Por Victoria Ginzberg
“Tardamos un
poco” dijo el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra antes de poner en funciones a
la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, quien llenó la última vacante dentro
de la cartera. La ex diputada por el Frepaso habló con Página/12 minutos después de
asumir, en un despacho ajeno –aún no conocía el suyo– y todavía nerviosa
después de un acto sencillo y cálido en el que estuvieron presentes funcionarios,
diputados, miembros de organismos de derechos humanos y empleados de la Subsecretaría. La
abogada especialista en Derechos Humanos hizo hincapié en la necesidad y posibilidad de
“dar un salto cualitativo” en la averiguación de la Verdad sobre los crímenes
de la última dictadura militar. “Mi posición es la del gobierno”, dijo
respecto al pedido de captura internacional librada contra 48 represores argentinos por
juez Garzón. –¿Cuáles son sus proyectos para la Subsecretaría de Derechos
Humanos? –El proyecto es trabajar fuertemente el tema de la verdad, pero también
será impulsar la promoción de los derechos humanos en todo el país, para que ésta sea
una subsecretaría federal que preste colaboración a las provincias y que realice
políticas activas en temas que se han elegido en función de las posibilidades
presupuestarias y recursos humanos que hay en la actualidad. Vamos a trabajar
especialmente en los temas de discapacidad, indígenas, acceso a la Justicia,
capacitación y educación en derechos humanos. –Hizo referencia a “la
verdad” sobre los crímenes de la última dictadura. ¿Considera que la instancia de
la Justicia está superada? –No. Me referí a “la verdad” porque la
subsecretaría ha trabajado mucho el tema del pasado –y por supuesto no se va a
desatender ni el cumplimiento de las leyes reparatorias ni la comisión de identidad u
otras que ya existen en la subsecretaría–, pero creo que el tema de “la
verdad” hace falta y es el momento para dar un salto cualitativo donde se sistematice
lo que hay “de verdad” y se genere algún mecanismo que posibilite mayor
esclarecimiento. Esto no tiene relación con los juicios que están en manos de las
cámaras federales. Lo digo porque creo que llegó el momento de que desde la
subsecretaría y desde este ministerio se dé un salto cualitativo y se sistematice y
amplíe lo que hay. –Para ampliarlo se necesitaría que empiecen a hablar los
represores. –Y para que empiecen a hablar quienes en aquel momento fueron
funcionarios hay que solucionar un conflicto entre dos intereses. Creemos que nadie va a
decir la verdad si puede ser pasible de represión o de castigo, porque esto hace a la
condición humana. El derecho a la verdad es una obligación que tiene que garantizar el
Estado y por lo tanto creo que el conflicto hay que resolverlo en función de obtener la
verdad. –¿La propuesta es parar los juicios? –Yo dije que hay un conflicto de
intereses. Y hay un compromiso para que se resuelva con un fuerte consenso entre todos los
sectores interesados. Yo puedo tener algunas ideas, pero primero quiero hablar con todos,
con los organismos de derechos humanos, con los políticos, porque tal vez hagan falta
leyes; la ley de “la verdad” nunca se sancionó. –¿Cuál es su posición
sobre lo que debería hacer el Gobierno con el pedido de captura de 48 represores que
llegó a Argentina? –Mi posición desde la Subsecretaría de Derechos Humanos va a
ser la posición del Gobierno. En todo caso la discusión se va a dar internamente. Pero
yo soy una subsecretaria del Estado argentino y voy a representar la política del
Gobierno en materia de derechos humanos. –Pero su posición personal puede ser
diferente. –Hasta ahora, y por eso estoy en este cargo, tengo la misma posición que
tiene el Gobierno. –¿Cuál es su balance sobre las gestiones anteriores?–De la
gestión de Alicia Pierini resalto su fuerte voluntad de llevar adelante una
subsecretaría desde el inicio, cuando no existía, de habertrabajado las leyes
reparatorias y con la comisión nacional de identidad. Más allá de su pertenencia
política, se manejó con una amplitud y un criterio acertado y productivo. La gestión de
Inés Pérez Suárez no se vio. Como observadora no vi gestión alguna. –Los derechos
humanos no fueron un tema de campaña... –Creo que el desempleo y la inseguridad son
tan fuertes que son los temas de los argentinos de hoy. Este gobierno está dispuesto a
garantizar el derecho a la verdad pero hay que atender prioritariamente el hoy y el futuro
de los argentinos. Los derechos humanos van a estar relegados o no en función de si el
pueblo argentino los relega o no, porque un gobierno se maneja en función de las demandas
de la gente y este gobierno es un gobierno para la gente. –Hubo algunas idas y
vueltas antes de confirmarla en el cargo. ¿Tuvo algún condicionamiento cuando le
ofrecieron el cargo? –Ninguno. –¿Todavía piensa que hay que anular las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final? –Con el proyecto de Alfredo Bravo y Juan Pablo
Cafiero que yo acompañé se reabrió un debate que estaba adormecido, creo que el debate
se dio, no se tapó. Hubo una resolución en el Congreso y eso mostró el consenso de hoy
en la Argentina. Ese consenso pasó por una derogación de las leyes, no por su anulación
en el Parlamento, por lo tanto quiero respetar ese consenso.
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