 Mario
Fadel, auditor general de la Nación, confirmó las irregularidades detectadas en las
contrataciones de la Secretaría de Recursos Naturales durante la gestión de María Julia
Alsogaray anticipadas por Página/12 en su edición de ayer, y aseguró que hubo casos en
los que se pagaron “valores que superan en 10 veces los vigentes en plaza”. El
informe se terminó en octubre (antes de las elecciones presidenciales) y en febrero será
puesto a consideración del Colegio de Auditores, presidido por Rodolfo Barra. Con
mayoría justicialista, dicho cuerpo deberá pronunciarse en torno del dictamen que
abriría las puertas a una investigación judicial sobre la actuación de la ex
funcionaria y podría dar elementos para su enjuiciamiento por dolo o negligencia en
perjuicio del patrimonio del Estado.
Además de la conducta de María Julia, el caso pone a prueba al titular de la AGN, Barra,
que por primera vez deberá pronunciarse sobre irregularidades cometidas por ex
funcionarios del menemismo. Por el receso prácticamente total de la Auditoría durante
enero, ayer no se registraron repercusiones desde el sector justicialista que actualmente
es mayoría en el organismo (por mandato constitucional, la oposición controla ese
cuerpo). El informe lapidario sobre las contrataciones “a dedo” y los enormes
sobreprecios abonados ya había sido puesto a consideración de María Julia para que
realizara su descargo en octubre. Pero la funcionaria abandonó su cargo el 9 de diciembre
pasado sin responderlo. Ahora fue nuevamente elevado a su sucesor, Oscar Massei, quien
podría presentarse de oficio ante la Justicia para denunciar los manejos de esa
repartición en perjuicio del Estado.Los auditores examinaron con particular dedicación
las obras contratadas para el Programa Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia), en el
cual se pudieron verificar diversas y graves irregularidades. Entre ellas, el desvío de
fondos entre distintos componentes del programa para bajar los montos globales por rubro,
de forma de eludir la obligación de contratar mediante licitación pública. Así, por
ejemplo, se realizaron trece contrataciones directas con empresas proveedoras de mano de
obra para tareas de mantenimiento y refacción de un mismo edificio, por valores apenas
inferiores a los 100 mil pesos cada uno, límite establecido por la Ley de Contabilidad
para poder contratar sin licitación. Los auditores pusieron, además, en tela de juicio a
las empresas adjudicatarias, sin antecedentes ni trayectoria comercial que justificara que
se las hubiera convocado a cotizar. Tampoco figuran en los pliegos de convocatoria
“las cantidades sobre las que debían presentarse las ofertas”, lo cual impide
cualquier tipo de comparación de precios.El precio que se abonó en diversos contratos
del mismo programa (Prodia) por los materiales también se abre a sospechas. Por ejemplo,
por un revestimiento cuyo precio en plaza es de 5,80 pesos el metro cuadrado, Recursos
Naturales pagó 49 pesos. El monto global que se abonó por el contrato para la ejecución
de mampostería y revoques para las oficinas del Prodia (expediente 1221/96) ascendió a
71.771,76 pesos, pero según la AGN su valuación a precios de mercado sólo alcanzaba a
37.373,71 pesos. La mano de obra para la construcción de los sanitarios, los vidrios
traslúcidos y el contrapiso, por ejemplo, se habría abonado entre 4 y 5 veces su valor
real de plaza. En declaraciones a una radio porteña, Mario Fadel confirmó la existencia
del informe con las observaciones aludidas. “Primero, la presunción del
desdoblamiento (de las contrataciones), a efectos de evitar licitaciones y de esa manera
realizar contrataciones directas. Según los auditores que hicieron el trabajo de campo,
las argumentaciones de María Julia para fundamentar ese desdoblamiento no son
válidas”, señaló. “Por otra parte -agregó–, se presume y se visualiza a
simple vista una gran cantidad de sobrefacturaciones en las compras.” Mencionó que
“hay casos en que llegan hasta el 1000 por ciento: hay valores que están superando
10 veces el valor de plaza”. Fadel refirió que esta actitud impune “tiene que
ver con la idea de que el poder es eterno, y que no debe rendirse cuentas a nadie; este
informe realmente tiene una contundencia que es la que se le dio hoy en los medios”,
apuntó en relación a la nota de tapa de Página/12 de ayer. Finalmente, con respecto a
la actitud que puede asumir Barra al evaluar el informe, señaló: “Yo creo que debe
firmarlo; más allá de toda otra consideración, es una auditoría realizada muy
profesionalmente, lo que podrá hacer es alguna observación respecto al dictamen en
sí”. Barra deberá responder en febrero a dicho desafío.
| “Deben ir a la Justicia” “Apenas
aparezca cualquier tipo de señas que nos conduzca a demostrar que fue ilícito, debe ser
llevado a la Justicia”, manifestó Graciela Fernández Meijide sobre el supuesto
enriquecimiento ilícito de Carlos Menem, del cual señaló que “es notorio (el
enriquecimiento), tanto el suyo como el de su entorno”. La ministra de Acción Social
también hizo declaraciones sobre la emblemática y sospechada dupla de ex funcionarios
menemistas: Alderete y María Julia. Del ex interventor de PAMI aclaró que de las 18
causas en las que está involucrado, los delitos más graves “han sido cuidadosamente
cubiertos con papeles legales”; en cambio, “los más fáciles de probar tal vez
no sean los más graves”. Al ser consultada –en el programa “La
Cornisa” de radio Uno, que conduce Luis Majul– si era posible que Víctor
Alderete quedara detenido, contestó “es posible”. Además, indicó que María
Julia correría la misma suerte “si se encuentra cualquier hecho que conduzca a
ello”. “Tantos años de un gobierno monocolor termina convenciendo a todos que
son los dueños y utilizan la gestión a discreción”, sintetizó. “La sociedad
está muy castigada, hay mucho sufrimiento, mucho dolor y es bueno que la Justicia
funcione y se liquide la impunidad”, concluyó Fernández Meijide. |
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