Por Eduardo Videla
 La Justicia
porteña ordenó paralizar una construcción de 5300 metros cuadrados que la Universidad
de Buenos Aires lleva a cabo en el predio de la Facultad de Agronomía, hasta tanto se
realicen los estudios de impacto ambiental, y condenó al gobierno de la ciudad a
“cumplir y hacer cumplir” la ley de protección del medio ambiente. Al aceptar
un recurso de amparo presentado por los vecinos, el juez en lo contravencional Marcelo
Vásquez concluyó que las autoridades comunales “omitieron en forma flagrante”
su deber de controlar esa obra y que su “inacción se extendió a la falta de control
de los comercios que, sin habilitación alguna, funcionan dentro del predio de la
UBA”.El conflicto por la construcción en Agronomía se inició a mediados de
setiembre, cuando los vecinos descubrieron que la UBA levantaba un nuevo edificio en ese
espacio verde, el cuarto en importancia en la ciudad. A mediados de 1998, la Universidad
había inaugurado un edificio destinado a aulas, de 5800 metros cuadrados, y el nuevo
emprendimiento, denominado Módulo Docente II, era parte del proyecto global Centro
Universitario Paternal, que incluye además un tercer edificio.Si bien el predio pertenece
a la UBA, el 39 por ciento de su superficie estaba abierto al uso público. Los vecinos
sostienen que con las obras, ese espacio se reducirá al 12,1 por ciento. Como impacto
negativo en el medio ambiente, señalaron la tala de árboles y la desaparición de
especies de aves como pájaros carpinteros, calandrias y zorzales, por el aumento del
ruido y la circulación de vehículos. Con esos argumentos, presentaron un recurso de
amparo con el objeto de paralizar la obra, al considerar que estaban en riesgo sus
derechos a la salud, la seguridad y el medio ambiente. La presentación la encabezó
María del Carmen Martínez, en su doble condición de abogada y vecina del barrio.El
amparo se inició contra el Gobierno de la Ciudad, por supuesta inacción en el
cumplimiento de las normas: al Ejecutivo porteño le compete la aprobación de todas las
obras en la ciudad. El procurador general de la ciudad, Ernesto Mercer, contestó la
demanda con argumentos que, a criterio del juez, resultaron “carentes de sustento
legal” y “contradictorios”. El procurador negó que los demandantes
tuvieran derecho a hacer el reclamo “por no acreditar un perjuicio que los afecte de
un modo directo, personal e inmediato”, sostuvo que la obra fue iniciada antes de la
sanción de la ley de medio ambiente y afirmó que la UBA se había comprometido a
realizar los estudios de impacto ambiental. En un dictamen de 79 páginas –el primero
en el que la Justicia aplica la ley 123, de medio ambiente–, el juez Vásquez
rechazó los argumentos del procurador. Consideró “grave” la omisión que
Mercier hizo de la regulación que existe en la Constitución de la Ciudad sobre la
protección ambiental; sostuvo que “cualquier habitante” de la ciudad tiene
derecho a un reclamo de este tipo; y rechazó la pretensión de exigirles a los propios
afectados un informe de impacto ambiental: “Pretender que los individuos asuman esos
compromisos básicos cuando el Estado se retrotrae injustificadamente en su ejercicio es
un flagrante incumplimiento a las obligaciones derivadas de la Constitución”,
argumentó.El juez comprobó además que “no es cierto que la construcción se haya
iniciado antes de la sanción de la ley”. Y consideró que aun cuando se esté a la
espera de un “presunto estudio de impacto ambiental que estaría realizando la
UBA”, el gobierno debió “verificar in situ las posibles consecuencias
perjudiciales, sin perjuicio de impedir el avance de las obras”. “Resulta
absurdo esperar indefinidamente el cumplimiento (del estudio) para adoptar las decisiones
conducentes ¿El gobierno le ordenaría a la UBA demoler las obras de comprobarse que
alteran el equilibrio del ambiente?”, se preguntó el juez. Tras mencionar que,
efectivamente, la Dirección de Obras dispuso el 18 de noviembre paralizar la
construcción yque esa medida nunca se cumplió, calificó la conducta del gobierno como
una “omisión arbitraria e ilegal”.Según la abogada Martínez, efectivos de la
comisaría 47 notificaron el jueves 30 a los responsables de la obra que debían paralizar
la construcción”. “Sin embargo, hoy (por ayer) seguían trabajando”. El
jueves a última hora, cuando ya se iniciaba la feria judicial, el gobierno porteño
apeló la sentencia.
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