Por Raúl Dellatorre El informe de la
Auditoría General de la Nación que denunció el pago de sobreprecios y contrataciones
irregulares en la Secretaría de Recursos Naturales durante la gestión de María Julia
Alsogaray ya llegó a manos de la Oficina Anticorrupción. Oscar Massei, nuevo titular del
área, elevó el informe que recibió el último jueves y solicitó además una prórroga
en el plazo de 10 días que le otorgó la AGN para hacer observaciones al estudio. Su
intención es determinar la responsabilidad de la ex secretaria en los hechos investigados
y, eventualmente, sumar elementos de prueba. Por otra parte, aseguró a Página/12 que
“no hay constancias en la secretaría de que la ex funcionaria percibiera lo que dijo
cobrar: no había gastos reservados en el área, por lo tanto tendrá que explicar y
probar quién le daba y de dónde sacaba esos 10 mil pesos que dijo que cobraba para
justificar un ingreso de 18 mil pesos por mes”. Este último dato es trascendente en
torno a la investigación por enriquecimiento ilícito que se tramita en la Justicia.
“Estoy buscando todos los antecedentes para hacer un cotejo técnico con el informe
de la Auditoría; los expedientes son innumerables, pero por lo que estuve viendo el
informe se ajusta a determinadas pautas de las contrataciones en esta área, que al menos
están fuera de lo que es un manejo normal y regular de la administración pública”,
señaló Massei a este diario. El funcionario, ex diputado nacional y ex juez y miembro
del Tribunal Superior de su provincia, Neuquén, confirmó la existencia de
irregularidades referidas a sobreprecios, contrataciones directas sin justificación y
desvío de partidas en el marco de un programa de obras por un monto global de 38 millones
de dólares, ejecutado entre 1995 y 1999.
“Creo que esto es parte del manejo impune de los dineros del Estado y
fundamentalmente en esta era menemista, que (los funcionarios) creían que nunca se iba a
terminar. Ahora vamos a poner todo sobre el tapete”, señaló Massei, sentado en uno
de los sillones más calientes (junto al de Víctor Alderete, ex titular del PAMI) que
dejó la anterior administración.
El nuevo secretario alertó que la investigación también derivará en un sumario interno
por las responsabilidades administrativas que les pudieran caber a los titulares de las
direcciones de Asuntos Legales y Técnicos, si oportunamente los mismos no hubieran
objetado las contrataciones. “Los funcionarios políticos renunciaron con la anterior
administración y los contratos por el Programa Desarrollo Institucional Ambiental
(Prodia, bajo el cual se realizaron las contrataciones auditadas por la AGN) vencieron el
31 de diciembre, pero los funcionarios de carrera siguen en la secretaría: a algunos los
estoy esperando que retornen de sus vacaciones porque tengo varias preguntas que
hacerles”, señaló. En esta situación se encuentra, por ejemplo, el director de
Relaciones Institucionales, Roberto Bignoli, estrechamente ligado a María Julia, quien
retorna de vacaciones el 14 de enero.
El titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, ya tomó cartas en el asunto.
“Los distintos elementos que son de dominio público ameritan que iniciemos una
investigación”, señaló ayer Massoni. Ellos son el informe de la AGN (que ayer
llegó a sus manos), las propias declaraciones de la ex funcionaria en cuanto a sus
ingresos por cobro de “sumas extraordinarias”, más la información que pueda
obtenerse de las causas judiciales abiertas en su contra.
Un comunicado de prensa de la Auditoría General de la Nación, que preside el
ultramenemista Rodolfo Barra, señaló que “el supuesto informe de Auditoría no fue
tratado por el Colegio de Auditores de la AGN, es sólo un borrador que (...) fue enviado
al organismo auditado para que produzca los descargos o aclaraciones pertinentes”.
Dicho informe fue adelantado en forma exclusiva por Página/12 el último lunes,
información a la que alude el parte de prensa. Aunque no tiene firma, el comunicado es la
primera expresión pública, aunque implícita, de Barra en torno al tema, tratando de
minimizar el informe de los auditores. Cuando el Colegio de Auditoresque él preside deba
pronunciarse sobre el mismo, en junio, quizá se encuentre con más elementos que inculpen
a su ex compañera de ruta María Julia de los ahora existentes en “sólo un
borrador”.
| Las cuentas de Rodolfo Barra El nuevo titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(Orsna), Eduardo Sguigla, logró reducir en alrededor de 6 millones de pesos los gastos
corrientes y operativos de la entidad que durante el último tramo de la administración
menemista encabezó el polémico Rodolfo Barra, actual auditor general de la Nación. La
principal reducción se produjo en la planta de personal. La nueva administración
encontró que por cada 2,6 empleados de las empresas concesionarias existía un
controlador, por lo que decidió no renovar 110 contratos laborales. De acuerdo con el
comunicado del ente regulador, esta reducción afectó en mayor medida a “los puestos
jerárquicos o de elevadas remuneraciones”. Entre los legados de Barra eliminados
también figuran 22 teléfonos celulares que insumían 17 mil pesos mensuales y gastos
diversos considerados innecesarios, como servicios de mozos, provisión de plantas y
jardinería, contratos de mantenimientos varios, alquiler de fotocopiadoras, asesorías
externas y pagos por desarraigo. |
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