Por Laura Vales Una nueva
sospecha complica la situación de Víctor Alderete. Los primeros resultados de una
investigación interna realizada en el PAMI indican que el 20 por ciento de la millonaria
deuda contraída con los prestadores de la obra social es de origen ilegítimo. Se trata
de cuentas todavía impagas por servicios de atención médica que en realidad nunca se
prestaron, cuyo monto total podría superar los 100 millones de dólares, según los
números que maneja la intervención.
Con esta primera evaluación en la mano, el triunvirato integrado por Cecilia Felgueras,
Angel Tonietto y Horacio Rodríguez Larreta encargó a un equipo de técnicos que avance
en el análisis detallado de cada uno de los contratos que dejó la gestión anterior, con
el objetivo de documentar caso por caso cuáles fueron las prestaciones fantasma. El PAMI
ya canceló parte de la deuda con sus prestadores, luego de recibir un auxilio del
Gobierno de 100 millones de dólares. Pero aún debe pagar la correspondiente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre; la intervención quiere sentarse a la mesa de
negociaciones con un panorama detallado sobre los servicios que fueron subprestados, con
el objetivo de acordar una quita en el monto de la deuda, rescindir los convenios en los
que se comprueben irregularidades y elevar las denuncias correspondientes a la oficina
anticorrupción, encargada de impulsar las investigaciones penales ante la Justicia.
Las empresas sospechadas de haber generado deuda ilegítima son precisamente aquellas que
mantuvieron los mejores vínculos con la anterior gestión en el Instituto. “Los
prestadores que presuntamente entregaban retornos cobraron hasta el último mes” de
la gestión de Alderete, graficó ayer la ministra de Desarrollo Social Graciela
Fernández Meijide al ser consultada sobre la existencia de una ruta de coimas en el PAMI
durante la gestión de Alderete. “Había prestadores que evidentemente no habían
entregado retorno algunos, y a ésos no se les pagaba. En cambio, otros habían sido
pagados hasta el último mes; ésos, ahora, están siendo auditados.”
El PAMI arrastra una interminable lista de denuncias sobre la poca transparencia en los
contratos, básicamente centradas en la existencia de sobreprestaciones –destinadas a
incrementar los gastos– como también de subprestaciones para aumentar las ganancias.
“Pero en el último año, con el atraso en los pagos a los prestadores se alimentó
un círculo perverso”, explicó ayer uno de los investigadores; “como el
Instituto no pagaba, las gerenciadoras cortaron sus prestaciones y desmantelaron buena
parte de sus servicios pero siguieron facturando como siempre”.
Los encargados de rastrear las prestaciones fantasma dicen que la clave para generar esta
deuda ilegítima estuvo en la falta de controles sobre las gerenciadoras contratadas por
la obra social de los jubilados. Alderete llegó a entregar a algunas empresas
intermediarias la facultad de auditarse a sí mismas, como en el caso de los servicios de
ambulancias para la Capital Federal. Pero en los expedientes archivados en el edificio de
Perú y Diagonal Sur también se encontraron órdenes expresas para que no se controlara a
clínicas psiquiátricas del interior del país, precisamente ante denuncias concretas de
jubilados que se quejaron por no recibir servicios que el PAMI pagaba religiosamente.
| Licitaciones por Internet Graciela Fernández Meijide dijo que el Ministerio de Desarrollo Social
divulgará a través de Internet las licitaciones para las compras de alimentos y que
prevé bajar en un 20 por ciento los costos de compra de las mercaderías destinadas a los
planes de ayuda social. “El objetivo es utilizar ese ahorro para ampliar el número
de familias asistidas”, sostuvo Meijide, quien señaló además que en su área se
investiga si hubo robo de mercaderías durante la gestión anterior.
“La decisión es reemplazar las compras directas –en las que no hay competencia
alguna– por licitaciones y a la vez adquirir las cajas cerradas de mercaderías para
evitar que en el proceso de recepción, embalaje y distribución de los alimentos se
pierdan cosas, tal como ocurría hasta que tomamos la gestión”, agregó. Su
ministerio impulsa a la vez la creación de un padrón único de beneficiarios de los
planes sociales, una medida con la que se pretende evitar que las partidas de asistencia
sean usadas como prebendas políticas. La ministra afirmó que el padrón no había sido
implementado porque “en la política del `favor por voto’ no importaba si (la
asistencia) se superponía”. Aunque hasta ahora sólo hubo conversaciones sobre el
tema con gobernadores aliancistas, aseguró que se invitará a todos los mandatarios, ya
que “quien está más cerca (de la gente) es el gobierno de la intendencia y de la
gobernación, mucho más que el nacional”. |
LOS CREDITOS DEL GRUPO YOMA
Más impulso a la causa
La
Alianza quiere que la Oficina Anticorrupción se ocupe de impulsar las investigaciones
contra el Grupo Yoma. Para ello, un conjunto de diputados del Frepaso llevará al despacho
de José Massoni las causas que desde hace tiempo maneja la Justicia federal sin resultado
conocido.
Las denuncias contra los Yoma surgieron como resultado de un año de investigación e
incluyeron datos sobre supuestos reintegros ilegales del IVA y cuestionamientos a
gestiones anteriores de los bancos Ciudad, Provincia y Nación por la entrega de 140
millones de pesos en créditos aún impagos. Además, gracias a una promoción impositiva
concedida por decreto, las curtiembres de los Yoma fueron beneficiadas con 225 millones de
pesos. En principio, la denuncia que intenta demostrar que el grupo tuvo protección
estatal durante la gestión de Carlos Menem será entregada la semana próxima por la
diputada Graciela Ocaña y el ex legislador provincial y hoy intendente de Avellaneda,
Oscar Laborde, aunque puede que se agreguen más firmas. “Está claro que los jueces
no tienen ninguna intención de apurar las investigaciones. Por eso, queremos que la
Oficina Anticorrupción pueda seguir las causas y darles el impulso necesario”,
explicó Ocaña. Las causas contra el Grupo Yoma son cuatro. Tres son investigadas por el
juzgado federal de Claudio Bonadío y la restante, en el Carlos Liporaci.
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