LITERAS PIDIO A GARZON PRECISIONES SOBRE LOS REPRESORES
“La causa sigue abierta”

El juez a quien el Gobierno giró el pedido de detención de 48 represores enviado por el magistrado español le solicitó a éste mayores detalles sobre los imputados. El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, interpretó que la medida de Literas fue rechazar el pedido de Garzón, pero sus dichos fueron replicados por el mismo juez federal: no hubo rechazo alguno. El tema fue tratado en el gabinete nacional. El juez federal Gustavo Literas pidió más precisiones a su par español Baltasar Garzón. Además de datos personales de los acusados, delitos y leyes, solicitó fotografías y huellas dactilares.

  “La causa está abierta”, dijo el juez Gustavo Literas a Página/12. Hizo la aclaración después de haber enviado a través de la Cancillería un pedido para que su par español Baltasar Garzón complete datos que faltaban en el pedido de captura librado contra 47 militares y un civil argentinos acusados de genocidio, torturas y terrorismo. El magistrado español deberá agregar detalles sobre qué hechos se le imputan a cada uno de los procesados, cuándo y dónde se cometieron, qué delitos equivalentes prevé la legislación argentina y contra qué personas se perpetraron los crímenes, entre otras cuestiones.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, expresó su propia interpretación sobre el planteo de Literas, diferente en algunos puntos de la que le dio el propio magistrado. “El juez consideró que los elementos que le habían llegado no eran suficientes como para ni siquiera analizar prima facie la pertinencia y procedencia de la petición –tradujo el ministro–, por eso ni siquiera rozó a la cuestión de fondo y también dejó a salvo su competencia y estableció cuál era el incumplimiento del fax remitido por Interpol respecto de las exigencias del tratado” de cooperación entre Argentina y España.
El tema, que desde la semana pasada ocupa un lugar central en la agenda gubernamental, fue abordado ayer en la reunión de gabinete. Allí, el ministro del Interior, Federico Storani, explicó las características técnicas del proceso y reiteró que considera “extremadamente difícil” que la disposición prospere. El presidente Fernando de la Rúa salió a reforzar las afirmaciones de sus ministros: “El juez lo ha rechazado (al pedido). Considera que no reúne los mínimos requisitos”.
Declaraciones van, declaraciones vienen, Literas y Gil Lavedra se pasaron la tarde pronunciando frases encontradas. Para el ministro “la decisión judicial ha sido no hacer lugar al pedido tramitado por el juez Baltasar Garzón”. Literas advirtió que “no se trata de un rechazo”, sino de un pedido para “que se cumplan los recaudos establecidos por el tratado de cooperación entre Argentina y España”. Sin embargo, sus allegados admitieron que las tres hojas remitidas desde España eran “incompletas “ y “precarias”, al punto que, señalaron, “en ningún lugar se cita el tratado”.
“No es posible que estos hechos prosperen jurídicamente en el país por una cuestión de soberanía; es imposible hacer entrar este pedido en los convenios entre España y Argentina, sin perjuicio del cauce que los jueces españoles quieran darles a sus disposiciones”, dijo Gil Lavedra. Literas matizaba: “No quiero cometer los mismos errores que los gobiernos de facto. Lo que le solicito a Garzón es para evitar nulidades o impugnaciones para eventuales procesos de extradición”.
Los pedidos de captura que recibió Interpol Argentina anteayer constituyen la primera partida que se desprende del auto de procesamiento contra 98 represores argentinos librado por Garzón el 2 de noviembre pasado, luego de que en octubre del año pasado la Audiencia Nacional ratificara por unanimidad la competencia del juez para investigar los crímenes ocurridos durante las dictaduras en Chile y Argentina. Con ese documento el magistrado pedía la captura internacional de los acusados en cualquier lugar del planeta, incluso en territorio argentino. La lista incluía, entre otros, a Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi, Guillermo Suárez Mason, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta y Antonio Pernías.
La iniciativa de Garzón, anticipada por Página/12 en octubre, obligó a la Alianza a fijar una posición. Una vez concretado el pedido, el nuevo gobierno optó por derivar la resolución a la Justicia. Fue la manera que eligió para diferenciarse de la gestión de Carlos Menem, quien en 1998 había firmado un decreto que rechazaba la colaboración con el proceso porgenocidio sustanciado en la Audiencia Nacional de España. De todas maneras, los nuevos gobernantes se encargaron de bajar las expectativas.
Carlos Slepoy, abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid, evaluó como un hecho positivo “que se haya dado traslado a la Justicia” y que “el juez Literas requiriera nuevos datos porque implica un reconocimiento de la existencia de este juicio”. Sin embargo, manifestó que las declaraciones del titular de Justicia y de Interior “desmerecen la actitud que han tenido”.
“Están tratando de marear la lombriz –advirtió Slepoy–. Intentan crear una imagen de Garzón como alguien improvisado cuando los improvisados son ellos; hace tiempo sabían que iba a llegar este pedido. Deberían tener una posición más clara. Se les presenta una posibilidad histórica de lavar la mancha que significan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y dar un paso histórico en la consolidación de la democracia en la Argentina”.
Por lo pronto a Literas –que es el mismo magistrado que levantó el pedido de captura contra el banquero menemista Raúl Moneta y el que lleva la causa del accidente del avión de Lapa– le preocupan los errores del pedido de Garzón. Además de datos personales de los acusados, delitos y leyes, solicitó fotografías y huellas dactilares. Recién cuando reciba la nueva documentación se dedicará a definir si la captura es procedente.
El camino se perfila sinuoso y está cantado que el caso terminará en la Corte Suprema ante la apelación de una u otra de las partes. Fuentes judiciales explicaron que en el proceso podrán ir presentándose cuestionamientos “tales como definiciones de territorialidad, firmas de convenios contra genocidio posteriores a los hechos, doble imputación, planteos de cosa juzgada”. De hecho, ya hay discusiones claves sobre el tapete. Por ejemplo, los abogados que actúan en el juicio en España sostienen que los militares que ya fueron juzgados (que es la minoría), lo fueron por homicidios o torturas pero no por delitos de lesa humanidad. En contraposición, el gobierno argentino sostiene que “los hechos por los que se los juzgaría son los mismos, aunque se haga referencia a otros delitos, de modo que no se los juzgará dos veces”, en palabras de Gil Lavedra.
Una controversia que debería saldarse si el tema sigue su curso y se empiezan a tramitar las extradiciones es el hecho de que la Argentina no prevé la extradición de nacionales. En este sentido Slepoy manifestó que “los acusados entonces deberían ser sometidos a la Justicia argentina por los delitos por los que se los acusan en España, es decir por genocidio”.

PRINCIPAL