|
|
|
|
|
|
|
|
|
 La Justicia
abrió un nuevo debate acerca de la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final. La Sala II de la Cámara Federal solicitó a Federico Gómez Miranda –hijo del
desaparecido Conrado Gómez– que fundamente por escrito la impugnación de las normas
que realizó oralmente el mes pasado a través del abogado Eduardo Barcesat en una causa
en la que está involucrado el ex marino Alfredo Astiz. El patrocinante de Gómez Miranda
argumentó que las leyes son inconstitucionales y nulas por ser contrarias a los pactos
internacionales sobre derechos humanos y por haber sido sancionadas “a punta de
pistola”. Conrado Gómez fue detenido el 10 de enero de 1977 en Buenos Aires, en un procedimiento que se extendió desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Gómez era abogado y miembro de una sociedad cuyas tierras y bienes fueron robadas por el dictador Emilio Eduardo Massera y su familia. Después de su secuestro, Gómez fue visto en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La causa en la que fue planteada la inconstitucionalidad y la nulidad de las leyes de perdón fue iniciada a raíz de las declaraciones formuladas por el ex marino Alfredo Astiz en enero de 1998 a la revista trespuntos. Allí, Astiz aseguró que era “el hombre mejor preparado para matar políticos o periodistas” y que “todos los días vienen camaradas a pedirme que encabece una sublevación”. Estas expresiones le valieron más de una decena de denuncias por apología del delito y amenazas, además de provocar que le dieran de baja en la Armada. Gómez Miranda también lo acusó por la desaparición de su padre y pidió que el proceso sea caratulado como “genocidio”. La impugnación de las llamadas leyes de impunidad –que en 1986 y 1987 posibilitaron la libertad de cientos de represores– fue presentada ante el juez federal Gustavo Literas, quien tuvo a su cargo el caso en primera instancia. El magistrado desestimó la solicitud hecha por Gómez Miranda y su abogado, quienes apelaron a la Cámara. El mes pasado, Barcesat hizo una presentación oral por el mismo tema ante la Sala II de la Cámara Federal porteña. Ahora, el tribunal –integrado por Eduardo Luraschi, Horacio Cattani y Martín Irurzun– solicitó que los argumentos sean expuestos por escrito ya que, antes de dar su veredicto, un fiscal debe opinar. En la fundamentación acerca de la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final Barcesat argumentará que “el nacimiento de una ley de la nación no puede ser la consumación de un delito” y que estas normas fueron “obtenidas a punta de pistola para consumar una rebelión”. El abogado también recordará, como lo hizo en su informe oral ante los camaristas, que las leyes fueron descalificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de Seguimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por ser contrarias a los convenios internacionales sobre derechos humanos. La querella, además, solicitará que Astiz sea juzgado por genocidio en aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, suscripto por la Argentina en 1956. Si este planteo es aceptado, podrían sumarse como imputados a este proceso los demás responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. La apertura de un juicio por genocidio en el país haría peligrar el juicio que lleva el juez Baltasar Garzón en España. El debate sobre la validez de las llamadas leyes de impunidad se reabrió a principios de 1998 cuando seis diputados del Frepaso presentaron un proyecto para que las normas sean anuladas por el Congreso. Finalmente, las leyes fueron derogadas, lo que no modificó la situación de quienes habían sido beneficiados por ellas. Pero un tribunal puede declarar su inconstitucionalidad y los represores podrían ser juzgados.
ALFONSIN ESTUVO CON DE LA RUA EN LA ROSADA
|
