Por Santiago Rodríguez La Legislatura
porteña –o, al menos, buena parte de sus miembros– no se tomará vacaciones. Es
que los diputados comenzaron a debatir ayer la ley electoral y como no llegaron a un
acuerdo para aprobarla –se necesitan dos tercios–, quedaron en seguir trabajando
a lo largo de este mes en busca de un consenso que permita sancionarla en los primeros
días de febrero. Pero, además, durante enero el edificio de Perú y Diagonal Sur será
escenario de muchas de las conversaciones que los partidos políticos del distrito
–y, en particular, la Alianza y Nueva Dirigencia– mantienen con los ojos puestos
en las próximas elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad.
La sanción de la ley electoral forma parte, en cierta medida, de las negociaciones
abiertas entre los aliancistas y los hombres de Gustavo Beliz. En la Alianza consideran
que un apoyo de Nueva Dirigencia resultaría importante y constituiría toda una señal
para el objetivo final que persiguen: que el partido del ex ministro del Interior apoye al
candidato de la coalición a la jefatura de gobierno, Aníbal Ibarra, en un eventual
ballottage contra Domingo Cavallo.
“Comenzamos la sesión con la firme intención de lograr los votos necesarios para
sancionar la ley. Lamentablemente los partidos de la oposición prefirieron no
facilitarnos todavía el acuerdo necesario para su aprobación”, rezongó la
presidenta del bloque de la Alianza, Gabriela González Gass.
Pero más allá de las quejas en público, los aliancistas están convencidos de que
finalmente conseguirán los dos tercios que se requieren para aprobar la ley electoral y
que serán los diputados de Beliz quienes se sentarán en sus bancas para llegar a ese
número. Las conversaciones ya están en marcha y el frepasista Eduardo Jozami aclaró, en
el mismo recinto, que “nuestro proyecto es modificable en aras del consenso”.
Las elecciones porteñas serán el primer test electoral que deba enfrentar la Alianza y
para los frepasistas representan la oportunidad para reponerse de la derrota de Graciela
Fernández Meijide en la provincia de Buenos Aires. Ibarra aparece hasta ahora primero en
las encuestas aunque no supera el 50 por ciento de los votos, lo cual lo obligaría a
disputar una segunda vuelta con Cavallo, quien lo secunda en los sondeos.
Los dirigentes que manejan la campaña del candidato aliancista priorizan un acuerdo con
Beliz en torno de la ley electoral con la mira puesta en el eventual ballottage, pero
también porque consideran prácticamente imposible llegar a un consenso con el PJ.
“Esta ley no puede responder a la demanda política de una sola elección como
pareciera pretender la Alianza”, advirtió la peronista Kelly Olmos, mientras que su
compañero César Torres acusó a la Alianza de “no construir consenso con las
minorías”.
Abel Fleitas Ortiz de Rosas –el legislador de Nueva Dirigencia que se quedará por
estos días trabajando con Olmos, Jozami y el radical Facundo Suárez Lastra– no
descartó un acuerdo en torno de la ley electoral. “Empezamos a debatir y hay
coincidencia en la necesidad de sancionarla”, explicó a Página/12.
La alternativa de respaldar a Ibarra en una hipotética segunda vuelta es otro cantar.
“No hay ninguna posibilidad de un acuerdo con la Alianza”, afirmó el diputado
belizista Miguel Doy.
Los operadores que manejan la relación entre Nueva Dirigencia y la Alianza no se niegan,
de todos modos, a evaluar ninguna hipótesis. En un escenario en el cual una polarización
Ibarra-Cavallo podría licuar el caudal electoral de Beliz, cuanto más tiempo pase menor
será el poder de negociación del ex ministro del Interior.
LA IGLESIA CORDOBESA CRITICA
Luz roja para privatizar
”Hay que evitar
secuelas perniciosas en las personas y en las familias, obviando lo que puedan ser
inadmisibles consecuencias de una globalización deshumanizante”, advirtió la
Pastoral Social de Córdoba al gobernador José Manuel De la Sota en referencia a la
privatización de empresas públicas que proyecta la administración justicialista. La
respuesta del ministro de Gobierno provincial, Oscar González, fue inmediata. “La
simple preocupación sin solución o alternativa no tiene sentido”, afirmó al
intentar clausurar el ping-pong de anuncios y réplicas.
José Manuel de la Sota había anunciado la incorporación de capital privado a empresas
que permanecen bajo la órbita estatal. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), el Banco de la Provincia de Córdoba y Lotería de Córdoba serían las afectadas
por la avanzada privatizadora local. La publicidad de la medida generó un comunicado por
parte del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social de Córdoba reclamando por el resguardo
de los trabajadores y su seguridad social. La Iglesia subrayó que “cualquier sistema
de privatización que se utilice debe contener las normas precisas de protección de la
continuidad laboral”.
A su vez, la contestación del oficialismo no se hizo esperar. “Celebramos que la
Iglesia tenga preocupaciones por las cuestiones sociales pero nosotros también las
tenemos y, por eso, estamos tratando de evitar el colapso de las empresas públicas, que
en la situación en que se encuentran actualmente podrían dejar a miles de trabajadores
sin su fuente laboral”, argumentó González apropiándose –al menos,
discursivamente– de la preocupación por el desempleo. Además, el ministro cordobés
puso en juego la palabra de su jefe recordando que De la Sota “garantizó que nadie
perderá su fuente de trabajo”.
El titular de la Pastoral Social, Horacio Saravia, reforzó el comunicado con
declaraciones a la prensa y explicó que “la Iglesia acompaña a los trabajadores en
una seria preocupación porque cuando se toca el trabajo se toca toda la médula social y
nadie puede dudar de que la privatización tiene relación con el trabajo”.
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