Por Julio Nudler Alejandro Peyrou, flamante
diputado frepasista, condujo como gerente de Control de Gestión Ambiental de la
Auditoría General de la Nación el equipo de diez técnicos que analizó, entre abril y
octubre de 1999, el Prodia (Programa Desarrollo Institucional Ambiental), descubriendo
numerosas irregularidades y el pago de sobreprecios que promediaron, en un cálculo
conservador, el 344 por ciento. Ese Programa fue ejecutado por la Secretaría de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable, conducida hasta el reciente recambio presidencial por
María Julia Alsogaray. Página/12, que reveló el contenido del lapidario documento en su
edición del lunes último, entrevistó ayer a Peyrou.
–¿Qué instancias recorrió el informe de la AGN sobre el Prodia?
–Este informe fue aprobado por una Comisión de Supervisión, con participación de
dos auditores generales, el justicialista Julio Casavelos y el radical Héctor Rodríguez.
Ellos lo examinaron y avalaron que fuera enviado en vista al organismo para que hiciera su
descargo, como establece el trámite de rutina.
–Sin embargo, Rodolfo Barra se refiere a ese documento, en un comunicado de prensa
que emitió anteayer, como un “supuesto informe” que es “sólo un
borrador”.
–No es “sólo un borrador” ni es un “supuesto informe”. Es un
informe de Auditoría que es borrador en la medida en que todavía no fue visto por el
organismo auditado, ni refrendado al final por el Colegio de Auditores. La de Barra es una
declaración de mal gusto. Juega con las palabras para desnaturalizar los hechos. Se
expresa peyorativamente de un dignísimo informe que elaboró la gente que trabaja en el
organismo que él preside ahora, y además refiere hechos muy graves como para que él lo
minimice.
–Entonces, “borrador” sólo significa que el informe aún no completó el
trámite de rigor.
–Exactamente. Equivale a decir “informe preliminar”. A diferencia de la
mezquina actitud de Barra, que busca desvalorizar el trabajo ajeno, debo decir que en este
estudio buena parte de la colaboración más seria y sustancial la prestaron profesionales
que están afiliados al justicialismo. Es muy importante que no se desmantele esos
valiosos equipos técnicos.
–Los que trabajaron en este informe, ¿en qué situación están?
–Unos técnicos son de planta, y otros, contratados.
–¿Hay que temer por su estabilidad?
–Obviamente. Los contratos vencieron el 15 de diciembre y deberían renovarse el 15
de febrero. De modo que en este momento están sin contrato. Espero que no se convierta a
la Auditoría en un organismo adicto a una facción política.
–¿Cómo quedó la relación de fuerzas dentro de la AGN?
–Además de estar presidida por Barra, éste cuenta con un Colegio adicto, donde la
Alianza está en minoría. Como para disciplinar al propio PJ, Barra echó a dos gerentes
generales peronistas pero no menemistas.
–¿Qué debe hacer ahora Oscar Massei, el sucesor de Alsogaray en Recursos Naturales,
con el informe?
–Debe evaluarlo y comunicarle a la Auditoría sus conclusiones. Si Massei no objetara
nada, el Colegio de Auditores, que lo analizará una vez devuelto a la AGN, es obvio que
tendría que aprobarlo.
–Vale decir que sería absurdo que Recursos Naturales aceptara el contenido del
informe y luego la Auditoría se echase atrás...
–Sería un despropósito, un escándalo.
–De manera que Barra probablemente se vea en la, para él, incómoda situación de
darle curso a un informe tan condenatorio para la gestión de María Julia...
–Por supuesto. Es previsible que a fines de este mes ya podrá ir el informe a
consideración del Colegio. La investigación señala diversasirregularidades, pero lo que
es definitivamente grave es que se haya contratado obras por precios largamente superiores
a los de mercado.
–El informe habla precisamente de “perjuicio fiscal”. ¿Esto puede dar
lugar a una acción penal?
–Sí, pero la Auditoría se limitaría a poner en manos de la Justicia los elementos
que haya reunido.
–En el informe se menciona a las empresas adjudicatarias de los contratos con enormes
sobreprecios, pero no se dice quiénes eran los dueños.
–Porque no lo averiguamos. Como norma y como práctica, los auditores revisan toda la
actuación, mirando qué está bien y qué está mal. En su informe sólo han de mencionar
lo que está mal. Si todo estuviera bien, el auditor no haría ninguna objeción. En este
caso, se chequeó una muestra de actividades, y el resultado fue una lista de objeciones.
–En el caso de los precios, ¿por qué no buscaron otras fuentes comparativas en los
casos en que ciertos rubros no figuraban en la revista Vivienda?
–No hacía falta. Alcanzaba con lo que se vio.
–Pero con ese método el informe probablemente se queda corto respecto de los
sobreprecios pagados.
–El objetivo no es determinar el daño. La Auditoría no persigue cuantificar el
perjuicio fiscal. Se limita a establecer si existió daño o no. Para la AGN, la magnitud
de los sobreprecios es simplemente indicativa. La Auditoría no va a pedir resarcimiento
por ello. Esta no es su tarea.
Massei pide explicaciones por los $ 18 mil de María
Julia
Un sueldo sin recursos naturales
”María Julia Alsogaray deberá explicar de qué agujero negro del Estado, del
gobierno de la Nación, obtenía esos 10 mil pesos que decía percibir como ingresos
reservados o secretos”, precisó ayer quien la sucedió al frente de la Secretaría
de Recursos Naturales, Oscar Massei. Dicho sobresueldo fue mencionado por la ex
funcionaria para justificar un nivel de ingresos que permitiera explicar el
enriquecimiento patrimonial que obtuvo durante su paso por la gestión pública. “Yo
asevero con contundencia que ese dinero no salió de la secretaría, jamás percibió de
aquí esos 10 mil pesos de gastos reservados a que hace referencia, porque no hubo nunca
gastos reservados en el área ni hay constancia de retiro de esa suma de dinero: a ella le
compete probar de dónde los obtenía”, remató Massei.
La ex funcionaria fue acusada de enriquecimiento ilícito por los fiscales Eamon Mullen y
José Barbaccia, quienes calcularon un incremento ilegal de su patrimonio de por lo menos
dos millones de pesos. El juez Juan José Galeano, a cargo de la causa, pidió informes a
Estados Unidos sobre supuestas cuentas bancarias de María Julia en dicho país y en
paraísos fiscales mencionados en una denuncia del diputado de la Alianza Juan Pablo
Cafiero. La declaración patrimonial realizada por la funcionaria ante la ex Oficina de
Etica Pública, al 10 de diciembre pasado, da cuenta de propiedades por valor de 1,65
millón de pesos. Allí señaló que sus ingresos mensuales ascendían a cerca de 18 mil
pesos por el ejercicio de sus funciones en la secretaría.
“Lo que yo puedo asegurar –manifestó ayer Massei, en el transcurso de una
entrevista radial– es que en mi secretaría está certificado que la ex secretaria
percibía 3667 pesos como sueldo de bolsillo más un rubro denominado gastos protocolares
de 4250 pesos. Jamás percibió de la secretaría esos 10 mil pesos de gastos
reservados”.
En una entrevista radial, María Julia Alsogaray había señalado el 27 de diciembre
pasado que esos ingresos “extra” provenían de “una ley secreta” que
le había asignado ese privilegio a todos los ministros y secretarios de Estado.
“Cuando llegué a ser secretaria de Estado se me comunicó que, además del salario,
se me iba a entregar por mes un sobre con una cantidad equis de dinero variable, para ser
utilizado como un verdadero sobresueldo. Esto no estaba en una planilla, no había nada,
no se firmaba recibo. Y además se venía haciendo desde varios gobiernos atrás”,
afirmó sin ponerse colorada.
A partir de las declaraciones de la ex funcionaria y los elementos aportados por quien la
reemplazó en el cargo, se abre una instancia en la que no será María Julia la única
funcionaria que deberá dar explicaciones, ya que los hechos podrían involucrar no sólo
el enriquecimiento ilícito de funcionarios sino además el desvío de fondos públicos en
beneficio personal de ministros y secretarios.
Brasil endurece su posición
Cruce peligroso de autos
El
gobierno brasileño impondrá restricciones a la importación de automóviles y piezas de
vehículos procedentes de la Argentina en caso de que la prórroga en el régimen
automotor, que dispuso el Gobierno argentino, se extienda más de lo previsto o de si toma
medidas unilaterales para el sector. El anuncio fue hecho por el secretario de Política
Industrial del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, Helio Mattar.
“Si la Argentina logra una autorización de la Organización Mundial del Comercio y
prorroga su régimen automotor más allá del 29 de febrero, Brasil va a adoptar
unilateralmente aranceles para los productos argentinos de ese sector”, dijo Mattar.
De acuerdo con la norma que estaba vigente, el régimen automotor argentino se
extinguiría el 31 de diciembre, como ocurrió con el brasileño. Pero entonces se
decidió, como medida precautoria –dijo ayer José Luis Machinea– prorrogar el
régimen por 60 días más, período en el cual se debería llegar a un nuevo acuerdo
entre ambos países para fijar una “política automotriz común”. En
declaraciones a medios brasileños, Mattar dijo que si la Argentina decide pedir a la
Organización Mundial del Comercio una prórroga de su régimen automotor más allá de
esos 60 días, “causará distorsiones en el comercio regional de automóviles que
Brasil no podrá aceptar”. Y agregó que “Brasil podrá adoptar medidas
unilaterales e incluso exigir derechos de importación a los automóviles
argentinos”.
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