|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Las tarifas
de los peajes bajarán un 8 por ciento en promedio a partir del próximo 15 de marzo. El
anuncio, que se formalizará hoy mismo en el Palacio de Hacienda, se encuadra en la serie
de medidas impulsadas por el Gobierno tendientes a atemperar la mayor presión fiscal
sobre la población por el paquete impositivo. “Después de arduas negociaciones,
hemos conseguido una rebaja que hasta hace algunos meses se consideraba utópica”, se
entusiasmó ayer Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura, al adelantar el acuerdo
sellado con las empresas concesionarias. Además, el Gobierno está efectuando auditorías
en esas compañías para evaluar si vienen cumpliendo con los contratos.Este es el segundo convenio firmado por el Gobierno con las empresas de servicios públicos desde que Fernando de la Rúa asumió hace casi un mes. El primero se había rubricado con las telefónicas, que también instrumentarán descuentos a partir de marzo. Por otra parte, la Alianza pretende que las rebajas se extiendan a otros sectores, como las tasas cobradas por las tarjetas de crédito, las comisiones de las AFJP y a otras compañías de servicios públicos privatizadas (gasíferas, eléctricas y trenes). “Aspiramos a una mejora en el bolsillo de la gente, en el costo argentino y en la competitividad de las empresas”, sostuvo el ministro. En la actualidad, por cada cien kilómetros recorridos, los usuarios pagan 1,74 peso de peaje promedio. Según el acuerdo logrado por el Gobierno, ese monto debería caer hasta 1,60 peso por cada cien kilómetros. Según expresó Gallo en declaraciones radiales, a cambio de la disminución en los peajes el Gobierno no otorgará nada. “Las concesionarias van a tener que ajustar la eficiencia de sus propios gastos administrativos y de sus inversiones”, apuntó el funcionario. Las rutas nacionales en las que habrá rebajas son las siguientes: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 33, 34, 36, 38, 193, 205, 252, A005, A009 y A012. Todavía restan acordar rebajas en cuatro caminos más, admitió Gallo. En ese sentido, la negociación más difícil está planteada en la ruta 14 (une las provincias de Entre Ríos y Corrientes, bajo la administración de Caminos del Río Uruguay), cuya concesión fue renegociada por el gobierno menemista y que recién se extingue en el año 2018. No obstante, en la Casa Rosada están satisfechos por el logro obtenido: “La rebaja incluirá al 80 o 90 por ciento del tráfico que utiliza los corredores viales del país”, estimó el ministro de Infraestructura. Los costos de los peajes estuvieron en la mira de la Alianza aún antes de asumir el mandato debido a que las ganancias de las concesionarias superan en muchos casos las obtenidas por otras compañías de servicios privatizadas. En efecto, según un estudio de la comisión especial que en Diputados analizó al sector, el índice de rentabilidad de las concesionarias, que mide la relación entre ganancias y el capital propio, resultó de un 26,4 por ciento anual en promedio durante el período 19901997, los primeros siete años de explotación. Ese margen supera lo obtenido por otras empresas de servicios públicos privatizadas, como las telefónicas (10,7%), gasíferas (12,2%) y energéticas (4,5%). Desde que comenzaron a operar y hasta mediados del ‘98, las tarifas de los peajes habían aumentado un 69,3 por ciento en promedio, aunque en algunos casos, como las rutas 12 y 16 (atraviesan Corrientes, Chaco y Misiones), los incrementos llegaron al ciento por ciento. En el mismo período de siete años, el índice de costos de la construcción –que de alguna manera están vinculados a los que deben enfrentar las empresas concesionarias– se elevó el 44 por ciento. Además de impulsar la rebaja, en el Gobierno quieren saber si las compañías están cumpliendo con los contratos. En ellos están fijadas las pautas de inversiones y de calidad en el servicio, y los funcionarios enviaron equipos técnicos para que constaten si los privados están satisfaciendo esos requerimientos. “En marzo tendremos los resultados”, prometió Gallo. Pese a que fue bien recibido por la oposición, algunos miembros del PJ plantearon objeciones. Para el justicialista Dámaso Larraburu, por caso, “la rebaja debería ser mayor para que tenga sentido”, ya que así como está planteada quedará neutralizada por el aumento de la presión impositiva sobre el transporte de media y larga distancia. Por su parte, el demócrata progresista Alberto Natale señaló que “la decisión es correcta pero la rebaja podría ser muy superior ya que, mientras las tarifas aumentaron, los costos de las concesionarias vienen disminuyendo”. En cambio, los empresarios prefirieron ayer hacer silencio y aguardar los anuncios oficiales para formular declaraciones.
|