 Por
Maximiliano Montenegro@La Ley de Emergencia Fiscal, que el Ejecutivo presentará el lunes
al Congreso, incluye una batería de medidas para atacar la evasión impositiva y
previsional. Desde un sistema electrónico de control en sectores de altísima evasión,
como el agropecuario, hasta un nuevo régimen previsional para la construcción. Además,
se otorgará a las AFJP la potestad de intimar a empresas y autónomos que no estén
pagando los aportes previsionales. También será incluida una norma para bancarizar las
operaciones superiores a los 10 mil pesos y extender el sistema privado de control
preembarque de las importaciones. Todavía se discute si conceder facultades
extraordinarias a la AFIP, para trabar embargos y ejecutar en sede administrativa. Mas
allá de estas iniciativas, el número dos de Rodolfo Terragno en la Jefatura de Gabinete,
Raúl Palacio, le dijo a Página/12 que esa repartición ve con buenos ojos la política
de dar a publicidad la lista de grandes evasores del fisco. “Ayudaría a manejar el
tema con la mayor transparencia”, aseguró. Los equipos del Gobierno trabajan a
tiempo completo para afinar los detalles de la Ley de Emergencia Fiscal. El proyecto
contempla una agresiva modificación de las leyes laborales, en línea con los reclamos
empresariales y del FMI; y una serie de instrumentos para facilitar el financiamiento de
las PyMEs (ver aparte). En lo económico, el otro pilar del programa de Emergencia radica
en un conjunto de medidas para reducir la evasión.En este tema, Terragno hizo valer el
mandato constitucional que pesa sobre la Jefatura, como “responsable político”
de la recaudación fiscal, y concentró el trabajo de los equipos técnicos de la AFIP
bajo su órbita. Palacios, secretario general de la Jefatura, adelantó a este diario que
la ley incluirá los siguientes puntos: u Creación de un sistema de control electrónico
para fiscalizar sectores identificados como de “alta evasión”. Sería el caso
de la compraventa de ganado, donde el dispositivo serviría para controlar el origen de la
hacienda, el volumen de la faena y el destino de la carne. Sólo se especificará un marco
legal y que autoridad de aplicación será la Secretaría de Agricultura y la AFIP. Como
instrumentos, podrían utilizarse chips prendidos en los vacunos y/o sensores
fotoeléctricos en corrales y mataderos. También se aplicará el control electrónico
para los molinos harineros. u Bancarización de todas las operaciones superiores a los 10
mil pesos. Para que la compraventa de propiedades se deje de liquidar en efectivo, se
propiciará una modificación de las escrituras para conciliarlas con los medios de pago
bancarios. u Habrá un régimen previsional especial para el sector de la construcción,
similar al que la reforma tributaria dispuso para el servicio doméstico. El mismo se
aplicaría para las empresas constructoras con una facturación inferior a los 12 millones
de pesos. Consistiría en un aporte fijo según la categoría ocupacional a cambio de un
seguro de salud y beneficios previsionales. Además, al acogerse al régimen,
automáticamente, se les otorgaría la residencia a los inmigrantes de países limítrofes
que trabajan en el sector. u Se instrumentará un sistema de fiscalización previsional
por medio de las AFJP, a las que se les otorgaría facultades para intimar y efectuar
denuncias legales contra las empresas y autónomos que no efectuaran aportes
previsionales. Actualmente, sólo el 45 por ciento de los afiliados al sistema de AFJP
están pagando las contribuciones previsionales. Así, se calcula que la
“evasión” entre los que están inscriptos y no pagan asciende a los 4 mil
millones de pesos anuales.u Se extenderá el sistema de control preembarque de
importaciones, que actualmente cubre un 20 por ciento de las posiciones arancelarias.
Además, se prevé crear un fondo específico para su financiamiento, que podría surgir
de una tasa especial (de entre 0,25 y 1 punto) a las importaciones.Hoy, el fisco les
adeuda a las empresas privadas de control unos 45 millones de pesos.u Se le dará un
status legal especial al SINTyS (Sistema de Información Tributaria y Social), obligando a
organismos públicos y privados a aportar sus registros a esa base de datos. El SINTyS, un
proyecto a cargo de Carola Pessino, funcionaria sobreviviente del menemismo, permitiría
cruzar información de distintas fuentes (seguro de salud, operaciones bancarias, registro
automotor, adquisiciones inmobiliarias, etc.) para ayudar a la AFIP a detectar evasores.
Todavía no está decidido si se le otorgará facultades extraordinarias a la AFIP para
ejecutar en sede administrativa a evasores y morosos, salteando la vía judicial. Los
detractores de la medida dicen que vulnera el derecho constitucional de defensa ante la
Justicia, convirtiendo a la AFIP en juez y parte. |
