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Después de los peajes, les toca el
turno a las AFJP y a las gasíferas

También se está negociando la rebaja de las tarifas eléctricas. Los peajes bajarán en promedio 8 por ciento sin que las concesionarias obtengan nada a cambio. Sigue la negociación por la deuda.

Nicolás Gallo y José Luis Machinea, ministros de Infraestructura y de Economía, respectivamente.
Anunciaron la rebaja de peajes. Los usuarios se ahorrarán $ 20 millones anuales.

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t.gif (862 bytes)  “Después de una ardua negociación, hemos logrado una rebaja en los peajes que beneficiará a los sectores de la producción de todo el país”. Con estas palabras, Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura, presentó oficialmente el descuento del 8 por ciento en los peajes de quince rutas nacionales que empezará a regir el próximo 15 de marzo. Tanto Gallo como José Luis Machinea, su par en Economía, insistieron en que las compañías concesionarias no recibirán nada a cambio y que, de esta manera, los privados absorberán los costos, de entre 18 y 20 millones de pesos, que supone la disminución de las tarifas. Además, Machinea dijo que existen conversaciones con las empresas eléctricas y gasíferas para que éstas también se sumen a la disminución de tarifas. Y que la próxima semana se anunciarán “medidas de estímulo para los sectores productivos”. Al mismo tiempo, adelantó que “la manera más posible” de bajar las comisiones de las AFJP se dará a través de un sistema de premios a los afiliados que aportan regularmente al sistema previsional.La conferencia de prensa organizada en el Palacio de Hacienda se inició con una hora de retraso, justo a las cinco de la tarde. La demora se debió a que, mientras los periodistas aguardaban en el microcine del 5º piso, a escasos metros de allí funcionarios y empresarios apuraban la firma del acta de acuerdo. “Estuvimos negociando hasta las 23.30 (de anteayer). No hubo tiempo para firmar nada”, comentó a este diario uno de los empresarios viales. Los responsables de las concesionarias acompañaron a los ministros durante la conferencia, pero algunos de ellos no pudieron ocultar su molestia por el sorpresivo anuncio del Gobierno. “Me enteré por la radio. Veníamos conversando, pero no teníamos nada definido. Nos sorprendió”, comentó un empresario a Página/12 en un pasillo del ministerio una vez finalizada la conferencia de prensa. “Fue una negociación difícil. Lo menos parecido a una charla de café”, comentó a este diario Gallo.La rebaja tarifaria comprende a las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 11, 33, 34, 36, 38, 193, 205, A-005, A-009 y A-012. “Engloba a entre el 75 y el 80 por ciento del tránsito total en las rutas nacionales concesionadas”, calculó el titular de Infraestructura. Del descuento quedaron afuera las rutas provinciales como la 2 y la 11 –que unen la Capital con la costa atlántica–, y las autopistas de acceso a Buenos Aires. El descuento del 25 por ciento promedio que ya gozaba el transporte de carga continuará vigente. Por estas rebajas, el Estado otorgará un subsidio de unos 40 millones de pesos anuales, un 8 por ciento inferior a lo que venía aportando. El punto que generó mayor tensión durante las negociaciones fue el tema de la deuda que el Estado tiene con las compañías, en concepto de subsidios y compensaciones. Según las concesionarias, ese monto asciende a los 200 millones de pesos. Pero, ayer, Gallo se negó a hablar de cifras. “Estamos auditando a las empresas y hasta que esta instancia no finalice, no sabremos de cuánto es la deuda”, señaló. En el acta firmada, el Gobierno se comprometió a ofrecer un mecanismo de pago antes de que entre en vigencia la reducción tarifaria, a mediados de marzo. No obstante, Machinea se esforzó en aclarar que en caso de que no se llegue a un acuerdo con las empresas antes de esa fecha, la rebaja tarifaria “se va a aplicar igual”. Sergio Einaudi, de Techint, reafirmó a viva voz las palabras del ministro. “Si no nos ponemos de acuerdo con la deuda, le haremos juicio al Estado, pero vamos a respetar las rebajas”, advirtió. La idea de Economía es saldar la deuda antes del 2003, cuando expiran los contratos con las concesionarias. En ese sentido, con la auditoría, el Gobierno pondrá bajo la lupa no sólo la validez de los últimos ajustes de tarifas sino también la concreción de las obras e inversiones establecidas en los contratos. Y, al mismo tiempo, se arroga la posibilidad de convocar a licitaciones para que se construyan las obras adicionales, cuyos costos quedarán a cargo de los privados. Por otra parte, en el punto 3 del acuerdo, se estableció que el Gobierno convocará a una licitación pública para concesionar las rutas ocho meses antes de que expiren los actuales contratos, hacia fines del año 2002. De esta manera, se descartó una prórroga automática de las concesiones vigentes. Desde que empezaron a operar, en el ‘91, los peajes aumentaron un 69,3 por ciento en promedio y, en conjunto, los consorcios facturaron un total de 1900 millones de pesos.Eduardo Baglieto, vicepresidente del grupo Techint, operador de Caminos del Oeste, explicó las razones que llevaron a las empresas a aceptar una disminución de sus ganancias. “Es una expresión de confianza en la ejecución de un plan de infraestructura que ayude al desarrollo y crecimiento de la economía”, apuntó.

 


 

EL GOBIERNO ALERTA POR LA POSIBLE QUIEBRA DE AA
Definen destino para Aerolíneas

t.gif (862 bytes) Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral experimentan pérdidas de entre 20 y 27 millones de dólares mensuales más una deuda acumulada que supera los 800 millones. El anuncio del abandono de la gestión por parte de American Airlines potenció el alerta que desde hace tiempo pesa sobre la compañía. Desde la primera línea del gobierno nacional se alzaron voces que, si bien coincidieron en el interés estatal por mantener la aerolínea, destacaron que no se reestatizará ni se absorberá sus pasivos.El vicepresidente Carlos Alvarez sostuvo ayer que la quiebra de Aerolíneas era inminente y puso a la empresa como ejemplo de mala privatización. Desde la compañía contestaron que “Alvarez salió a hacer política y habló del tema para pegarle a Roberto Dromi. Si bien es cierto que tenemos problemas financieros, no son ni más ni menos que los que puede tener cualquier empresa”, señalaron fuentes de la firma.El 85 por ciento de Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral pertenece al consorcio Interinvest, cuyo paquete accionario corresponde a su vez, en un 80 por ciento, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España. El 20 por ciento restante se divide, en partes iguales, entre Iberia y American Airlines, que tiene a cargo la gestión comercial desde octubre del ‘98, aunque la dejará en pocos días más. El resto corresponde a un 5 por ciento al Estado argentino y 10 por ciento a los trabajadores de la firma.Alvarez declaró que el “Estado argentino no puede subsidiar a empresas privadas ineficientes. No es la retaguardia de los desmanejos del sector privado. Cuando hay ganancias se distribuyen en el sector privado y cuando hay pérdidas se ocupa el Estado. Esta ecuación terminó en nuestro país”, destacó. Sin embargo, voceros de American Airlines y del holding español señalaron que honrarán sus compromisos y que no dejarán caer las operaciones. También adelantaron que la próxima semana habrá en Madrid una reunión de accionistas para definir los pasos a seguir.Por su parte, el titular de la jefatura de Gabinete, Rodolfo Terragno, expresó la preocupación del gobierno por la situación económica que atraviesa Aerolíneas debido a que, independientemente de las relaciones de propiedad, “es muy importante que el país cuente con una línea de bandera. Necesitamos tener asegurada la interconexión de todo el país y la conexión de la Argentina con los puntos estratégicos del mundo”. No obstante, Terragno descartó cualquier salvataje o reestatización. “Los accionistas de la compañía tendrán que ver si están en condiciones de capitalizarla para superar las dificultades que hoy tienen”, concluyó.En tanto, la legisladora aliancista y dirigente gremial Alicia Castro señaló que desde su privatización “Aerolíneas ha sufrido un vaciamiento material y humano, caracterizado por el abandono de rutas, sectores y servicios, y la pérdida de la mitad de los puestos de trabajo, unos 450 trabajadores”.

 

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