Por Victoria Ginzberg El 25 de febrero
comenzará el juicio oral y público contra el ex marino Alfredo Astiz. “Soy el
hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista”, dijo en enero de
1998 en un reportaje publicado por la revista 3 puntos. “El Angel Rubio” o
“El Cuervo” fue acusado por sus palabras, ya que las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final impiden que sea condenado por los crímenes que cometió. El delito de
apología, por el que será juzgado, merece de un mes a un año de prisión y es
excarcelable. El juez Claudio Bonadío, el mismo que llevó la causa en su etapa de
instrucción, será el magistrado que juzgará a Astiz. El proceso se inició a raíz de
la unificación de la decena de denuncias que se presentaron después de la entrevista
publicada por 3 puntos La defensa del ex marino –quien perdió su condición de
militar cuando se conocieron estas declaraciones– estará a cargo de la defensora
oficial Perla Martínez de Buck. Gerardo Di Masi será el fiscal que llevará adelante la
acusación. En mayo de 1998 Bonadío procesó a Astiz y dictó un embargo de dos mil pesos
sobre sus bienes. Después de que lo notificaran de esa medida, el Cuervo concurrió
personalmente a los tribunales de Comodoro Py para apelarla, pero la Sala I de la Cámara
Federal la confirmó. “¿Sabés por qué mata un milico? Por un montón de cosas: por
amor a la patria, por orgullo, por machismo, por obediencia”, le dijo a la periodista
Gabriela Cerruti el ex marino que se infiltró durante la dictadura en el grupo de
familiares de desaparecidos que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz. En esa
entrevista también manifestó que “todos los días vienen camaradas a pedirme que
encabece una sublevación”. La estrategia de la defensa fue argumentar que Astiz no
sabía que el reportaje iba a ser publicado, ya que para que se verifique el delito de
apología, las declaraciones del acusado deben ser públicas. En abril de este año, los
fiscales federales Carlos Cearras y Pablo Rechini respaldaron esta posición y concluyeron
en que el ex marino había, simplemente, incurrido en una “actuación
imprudente” y que no correspondía elevar la causa a juicio oral. Pero los camaristas
Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani coincidieron con Bonadío en que el proceso debía
seguir adelante. Según estos jueces el imputado sabía que la conversación con la
periodista se trataba de una entrevista. El juicio oral que comenzará el 25 de febrero
durará entre dos y tres días y contará con una quincena de testigos. Quienes declararon
en la etapa de instrucción, Cerruti, otros empleados de la revista 3 puntos y el
contraalmirante retirado Aurelio “Za Za” Martínez (quien actuó de nexo entre
Astiz y la periodista) serán citados nuevamente. Además, la defensa propuso testigos
“de concepto”, es decir que hablarán sobre Astiz y no sobre el hecho puntual
que se investiga. En las audiencias públicas en las que El Angel Rubio esté en el
banquillo de los acusados, volverá a ventilarse una pericia psiquiátrica que se le
efectuó al ex marino. Esos estudios, de los que participó el Cuerpo Médico Forense del
Poder Judicial junto a dos “peritos de parte” propuestos por Astiz determinaron
que el ex marino “se encuadra en los parámetros de normalidad jurídica”.Antes
de ser beneficiado por la ley de Obediencia Debida, Astiz estaba procesado por 18 delitos
cometidos como oficial del Grupo de Tareas que actuaba en la Escuela de Mecánica de la
Armada y había eludido por prescripción la condena por el secuestro de la joven sueca
Dagmar Hagelin.
| Refugiado político En su primer dictamen oficial, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana
Conti, se pronunció a favor de que se le reconociera el status de refugiado al ciudadano
peruano Julio César Mera Collazos y que, en caso de que se lo deniegue, sea asilado en un
tercer país que garantice su no devolución a Perú. Mera Collazos y su mujer, Silvia
Díaz, fueron detenidos el 14 de agosto de 1998, el mismo día que Carlos Menem y Alberto
Fujimori se entrevistaron en la Casa Rosada y el gobierno peruano pidió la extradición
de la pareja, acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. Collazos vivía en Argentina
hacía ocho años. Debido a la falta de garantías y por considerar que la pareja era
objeto de una persecución política, sus abogados defensores solicitaron que ambos fueran
considerados refugiados políticos. El Comité de Elegibilidad para los Refugiados
(Cepare) había aceptado la demanda de Díaz, pero rechazado la de Collazos. El dictamen
de la subsecretaría, elaborado por César San Juan –encargado de la oficina de
Informes Técnicos– explicita que “no existen fundamentos para considerar que
(Collazos) ha cometido los actos que se le imputan” y que hay un temor fundado por
informes de organismos internacionales acerca de que el acusado sea torturado en caso de
ser extraditado. Conti cuestionó, además. |
ABOGADA DE DESAPARECIDOS FRANCESES EN BUENOS
AIRES
En París quieren al marino
Por V.G.
“Las
familias francesas nunca se quedaron contentas con la única decisión sobre Astiz”,
afirmó la abogada francesa Sophie Thonon, representante de los familiares de ciudadanos
franceses desaparecidos en la Argentina durante la dictadura militar. Thonon reclamó que
Alfredo Astiz sea extraditado a Francia, donde en 1990 fue condenado en ausencia por el
secuestro y las torturas de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Ayer se
reunió con el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, para pedir colaboración con los
juicios contra militares argentinos abierto en Francia en 1998 ya que el juez francés
Roger Le Loire desea venir al país a tomar declaraciones a testigos y posibles imputados.
–¿Cómo fue la entrevista con el ministro? –Hablamos de los dos temas que nos
preocupan: Astiz y los exhortos del juez Le Loire que van a llegar a la Argentina dentro
de poco. Le recordé que Astiz fue condenado el 16 de marzo de 1990 por la Corte Penal
Suprema de París a cadena perpetua y que después hubo una orden de captura de Interpol
válida para todo el mundo, incluida la Argentina, que nunca fue ejecutada. No sabemos
cómo se tramitó. Interpol dijo que nunca hubo respuesta de parte de la Argentina. El
ministro se preocupó por esa situación, dijo que la orden debe estar en algún lado y
que iba a investigar. Respecto de los exhortos, el juez francés Roger Le Loire, que está
haciendo la instrucción de los casos de 14 ciudadanos franceses desaparecidos en la
Argentina, quiere venir a la Argentina para interrogar y juntar información sobre el
tema. El pedido aún no llegó. –Si se concretan las extradiciones, ¿Francia
tendría prioridad sobre España respecto de Astiz?–La diferencia con España no es
sólo respecto del tiempo sino de la naturaleza del pedido mismo. Garzón actúa en una
instrucción mientras que Francia actúa sobre la base de una condena. La fuerza jurídica
es distinta. Desde hace 10 años pedimos que Astiz sea extraditado y lo reiteramos cada
vez que va a Francia una autoridad argentina.–¿Como evalúa los cambios en la
Argentina y Francia entre 1990, cuando Astiz fue condenado, y la actualidad? –En la
Argentina ustedes los conocerán mejor: hay un cambio evidente. Hay juicios que se abren y
los máximos responsables de las Juntas están encarcelados. En Francia el arresto de
Pinochet puso de vuelta sobre la escena el tema de estas violaciones a los derechos
humanos. Las familias francesas nunca se quedaron contentas con esa única decisión
contra Astiz. Ahora Francia aceptó la desaparición forzada como un delito continuo. Un
crimen común prescribe en diez años porque se estima que después de ese tiempo hay
pocas pruebas y que se instaló una cierta paz civil que quedaría afectada si se busca al
criminal. El crimen de lesa humanidad funciona exactamente al revés; más pasa el tiempo,
más elementos hay y es más difícil para la comunidad nacional e internacional
olvidarse. –¿Qué opina acerca de que Astiz sea juzgado aquí por lo que dijo y no
se lo haya podido condenar por lo que hizo?–Pienso que las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final y el Indulto son una infamia para una democracia. Es un precio regalado a la
impunidad. Que se haga un juicio a Astiz por las declaraciones espantosas que hizo es lo
menos que podía hacer la Justicia argentina.
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