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 Una suerte
de impuesto a los graduados y un sistema de evaluación de “la calidad de los
egresados” de instituciones públicas y privadas son dos de los cambios más
novedosos que experimentará la educación superior argentina si prospera un proyecto que
impulsa el Ministerio de Educación. La propuesta fue anunciada ayer por el ministro Juan
Llach y por el secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi. También prevé
que, desde el 2001, el presupuesto universitario sea distribuido con un criterio
diferencial, similar al utilizado para la coparticipación federal. Para concretar
reformas en las 36 universidades nacionales y en los institutos terciarios de todo el
país, la cartera educativa promoverá un proyecto de ley en el Parlamento. La meta,
según establece la propuesta oficial, es “lograr la equidad en la distribución
presupuestaria y establecer criterios y objetivos para la asignación de recursos”.
Llach pretende también premiar con incentivos a las casas de altos estudios públicas que
demuestren una mejora en sus indicadores de desempeño. El planteo es candidato a generar
controversias y quejas de las universidades sobre un posible acotamiento de su autonomía.
De todos modos, con una mayoría de autoridades universitarias comprometidas con su
política, la Alianza contaría con consenso para instalar las modificaciones previstas. u
El impuesto a los graduados de las universidades nacionales apunta, según Llach, a
“reintegrar a la sociedad los servicios recibidos por ella” y “a mantener
el principio de gratuidad”. Para lograr su implementación se lanzará un proyecto de
“ley de solidaridad intergeneracional” pensada para derivar recursos a un
programa de becas para los estudiantes de menores ingresos; y un proyecto de
estructuración de “un servicio social de los estudiantes que contemple pasantías en
programas de impacto social como parte de sus requisitos para la formación de
grado”. u El ministerio aspira también a lograr un sistema aceitado de acreditación
y evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior y de sus
graduados. El testeo comenzaría por las “carreras de interés público” tales
como medicina, ingeniería y arquitectura, señaló el ministro. Se evaluarán desde la
cantidad de exámenes rendidos y aprobados por los estudiantes, su rendimiento general,
hasta cuántos finalizan el primer año. También se recabaría información sobre la
situación laboral de los graduados de universidades nacionales, cuántos profesionales
trabajan en su especialidad, entre otros puntos. u Los recursos para las universidades,
explicaron las autoridades educativas, se pasarían a distribuir con criterios
“análogos” a los de la Ley de Coparticipación Federal y según méritos de
cada casa de estudios. “Es el instrumento que permitirá igualar la capacidad de la
formación de capital humano, y no es un lobby del ministerio”, acotó Llach, y
explicó que hasta ahora el reparto de recursos dependía “de la fuerza negociadora
que ejercían las universidades nacionales hasta último momento en el Congreso
Nacional”. Ayer también se anunció la constitución de un consejo asesor de
Educación Superior, integrado por Armando Bertranou, Luis María Blaquier, Huner
Fanchiotti, Carlos Floria, Ricardo Ferraro, Guillermo Jaim Etcheverry, Hugo Juri, Julio
Olivera, Ana María Pechen de Dángelo, Carlos Strasser, Juan Carlos Taquini y Juan
Tobías.
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