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Por Irina Hauser  No
más regalos para los funcionarios públicos. Ni Ferraris coloradas, ni pinturas
majestuosas, ni pelotas de fútbol autografiadas. La promesa quedó sellada ayer cuando en
el Boletín Oficial apareció finalmente la reglamentación de la Ley de Etica Pública,
uno de los grandes temas pendientes de la reforma constitucional de 1994. La nueva norma,
destinada a limitar el crecimiento de la fortuna de los miembros de la administración
nacional, los obliga a presentar una vez al año una declaración jurada de bienes e
ingresos. Los datos podrán ser consultados por cualquier ciudadano.  La vigencia de la Ley de Etica viene a motorizar una de las principales funciones de la Oficina Anticorrupción: “Controlar la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos”, explicó José Massoni, titular de la nueva repartición que depende del Ministerio de Justicia. “También trataremos de evitar los conflictos heredados”, añadió Roberto de Michele, director de Planificación de Políticas de Transparencia del área. Y ejemplificó: “Hemos recibido 30 mil declaraciones juradas de la gestión anterior, de las cuales 8 mil estaban revisadas y 7 mil mal hechas”. Con la lucha contra la corrupción en el centro de su discurso, el presidente Fernando de la Rúa empezó el año donando al Museo de la Casa de Gobierno una lapicera de oro, valuada en 5 mil dólares, que Carlos Menem le regaló después de firmar con ella el acta del traspaso de mando. El debate sobre los obsequios data de comienzos de los ‘90, cuando el riojano era jefe de Estado y los hermanos Castiglione, unos empresarios italianos, le regalaron la famosa Ferrari. “Me la donaron a mí, y no la voy a regalar”, dijo Menem. También recibió una llama –que pasaría a ser su cargadora de palos de golf– del presidente de Perú, Alberto Fujimori. De acuerdo con la nueva reglamentación de la legislación sobre ética pública, los funcionarios “no podrán recibir regalos, obsequios, donaciones, beneficios, gratificaciones, ya sea de cosas, servicios o bienes, cuando se realicen con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”. En cuanto a los regalos hechos por razones de amistad, cortesía, protocolo o costumbre diplomática, la ley dice que deberán restituirlos o donarlos al museo presidencial o a instituciones de bien público. Pero en la Oficina Anticorrupción prevén que habrá cierta flexibilidad al respecto porque “no necesariamente son prácticas que conllevan la intención de torcer la independencia del funcionario”. “Nosotros partimos de la base de que no hay nada peor que una ley estricta que no se cumpla”, explicó De Michele a Página/12. La presentación anual de declaraciones juradas de bienes será otra vía clave para verificar si crece la riqueza de los funcionarios. Será obligatoria para toda la administración nacional (desde el Presidente, ministros, hasta subsecretarios), centralizada y descentralizada, pero están excluidos el Poder Legislativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El formulario que contendrá la manifestación patrimonial será distribuido en los próximos días a las dependencias. Pedirá detalles sobre ingresos, bienes muebles, inmuebles, radicados en el país y en el exterior, títulos, acciones, fondos de inversión, depósitos en bancos u otras entidades financieras locales o extranjeras, dinero en efectivo, créditos y deudas. Se deberá aclarar el origen de los fondos y la fecha de adquisición. Habrá un “anexo reservado” para las pertenencias del cónyuge y los hijos menores no emancipados. Para efectuar la presentación, los funcionarios tienen un plazo de 30 días desde su asunción y deberán renovarla una vez al año. El que no cumpla podrá ser denunciado penalmente e incluso sufrir “la suspensión de la percepción de haberes”. Quien quiera consultar qué tiene o cuánto gana un funcionario podrá hacerlo presentándose en la mesa de entradas del Departamento de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción y recibirá la información, a más tardar, en tres días. Llenará un formulario con susdatos, explicará las razones que motivan su consulta y deberá recibir autorización del fiscal de control administrativo. Pero no podrá conocer el nombre de los bancos en que esté depositado el dinero, los números de cuentas y tarjetas, las declaraciones de impuesto a las Ganancias y Bienes Personales ni la ubicación exacta de los inmuebles. El decreto firmado por De la Rúa también esboza incompatibilidades y conflictos de intereses. Por ejemplo, “es incompatible con la función pública ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”. Todos estos temas habían sido incluidos en el Código de Etica que Menem sacó por decreto a fines de su gobierno. Para la nueva gestión, ese texto y la Oficina de Etica que lideró el ex decano de Medicina (UBA), Luis Nicolás Ferreira, ya son sólo un recuerdo.
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