PANORAMA POLÍTICO
El país de Samborombón
Por Luis Bruschtein |
En
San Clemente del Tuyú, sobre la bahía de Samborombón, el color del agua cambia según
la corriente. Desde la playa puede verse cómo se va el marrón y la llegada del verde o
al revés. Cuando cambia el gobierno se produce un efecto parecido y los colores
residuales se mezclan con los que llegan. Por ejemplo, el auditor se elige siempre entre
la oposición porque se supone que debe fiscalizar los actos de gobierno.
En este caso, el gobierno es nuevo, pero los actos que juzga el auditor son viejos.
Entonces resulta que Rodolfo Barra, como auditor, hace lo que hizo en el gobierno anterior
desde el Ministerio de Justicia: defiende esa gestión en vez de fiscalizarla. En su
opinión, la gestión de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Medio Ambiente no
observa irregularidades pese a que se detectaron compras a precios exorbitantes.El nuevo
gobierno está empeñado en mostrar que cambió la corriente. Y la gente tiene
expectativas de cambio, quiere ver el océano de otro color. Pero el poder no es como el
agua y los cambios no son tan drásticos como los del mar en San Clemente. Las aguas
están mezcladas. En la reunión de gabinete del miércoles el presidente Fernando de la
Rúa dio instrucciones a su tripulación de cómo navegar en aguas mezcladas. Sus palabras
en síntesis fueron: lo bueno es propio, lo malo es residual o consecuencia de ello. Es
parte de la ventaja de un gobierno que recién empieza y que irá perdiendo a medida que
pase el tiempo.Los siete mil millones de déficit fiscal y los 1400 millones de déficit
del PAMI –las aguas residuales más sucias de la gestión anterior– son
exhibidos para apurar la aprobación de la ley de emergencia fiscal y completar la reforma
fiscal que ya comenzó a funcionar. Son normas antipáticas que afectan directamente la
vida cotidiana de las personas: aumentan los precios en una situación donde falta trabajo
y los salarios se achican. Algunos miembros del Frepaso y del radicalismo confesaron que
se sentían incómodos por estas medidas. “Hubiéramos preferido no empezar con un
aumento en los impuestos”, confesó el vicepresidente Chacho Alvarez.La forma en que
la política neoliberal conservadora del menemismo incrustó la globalidad en la
Argentina, determinó que se pueden aumentar los impuestos pero no los salarios y que,
supuestamente, para generar puestos de trabajo, la herramienta principal sea deteriorar su
calidad en cuanto a remuneración, estabilidad, seguridad y condiciones en general. Parte
de esta concepción está incluida en la ley de emergencia fiscal que el Gobierno
presentará en los próximos días en el Congreso. Esta línea de acción provocó en las
presidencias de Carlos Menem la reducción de la capacidad adquisitiva del salario y uno
de los índices de desempleo más altos que conoció el país. En estas aguas revueltas
donde se mezcla lo nuevo con lo que queda del menemismo y su recuerdo, resulta difícil
entender por qué ahora estas medidas abrirán fuentes laborales en vez de empeorar las
cosas.La oposición justicialista no tiene credibilidad para enfrentar estas leyes en el
debate porque apoyó medidas muchísimo más funestas para el bolsillo de la gente. Pero
tampoco está dispuesta a aprobarlas con celeridad y reducir el costo que significan para
el Gobierno. Cuanto más tiempo demore, más se instala la sensación de descontento y
más se debilita el argumento de la herencia menemista. De la Rúa anunció que su
administración no se irá de vacaciones porque está apurado en aprobarlas. Desde el
justicialismo, apenas hubo cuestionamientos de contenido, aunque sí una catarata de
objeciones formales. La principal de ellas fue que no estaban conformadas las 45
comisiones de trabajo y por esa razón no estaban dispuestos a trabajar. El presidente de
la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, destrabó la situación y el lunes entrará al
Parlamento el proyecto del Gobierno. Las aguas están revueltas. Ni tan marrones ni tan
verdes. Ni muy muy, ni tan tan, como dice la gente. El pedido del juez español Baltasar
Garzón a través de Interpol para extraditar a 48 represores de la dictadura aterrizó en
ese contexto. Lo nuevo fue que, a diferencia del menemismo, esta vez el Ejecutivo no puso
trabas formales y giró el expediente a la Justicia, sin defender al terrorismo de Estado
ni hacer militancia antigarzonista con decretos y disposiciones para los funcionarios. Lo
viejo fue que, en vez de esperar la resolución del juez Gustavo Literas, varios de los
ministros, entre ellos los de Interior, Fredy Storani, y de Justicia, Ricardo Gil Lavedra,
se apresuraron a hacer declaraciones públicas para desestimar el juicio por genocidio, un
delito de lesa humanidad, que se sigue en España y desechar los planteos del juez
Garzón. Gil Lavedra fue juez de la Cámara Federal que condenó a las Juntas de ex
comandantes que luego fueron indultadas por Menem. Es decir que como juez consideró que
había un delito grave que no podía quedar impune, pero como ministro considera que es
preferible que el delito quede impune a que lo castigue la Justicia de otro país. El
dilema que se le plantea a Gil Lavedra o al mismo Storani puede leerse entre tres
oposiciones: justicia u orden legal; justicia o impunidad; justicia o política. O sea,
respectivamente: “Tendrían que estar presos pero el ordenamiento legal lo impide y
es preferible no alterarlo”; “tendrían que estar presos, y entonces que vayan
presos”, o “tendrían que estar presos pero políticamente no es
conveniente”. En los tres casos, el menemismo optó por lo opuesto a la Justicia. Los
ministros, en cambio, tenderían a encolumnarse en el respeto del orden legal aún por
encima del sentido de justicia, si no fuera por sus apresuradas declaraciones públicas
que parecen más destinadas a tranquilizar a los represores que reclama Garzón. De todos
modos, estas posiciones podrán diferenciarse del menemismo pero no resuelven el problema
de fondo que es la impunidad. Sin embargo, hay partes en la bahía de Samborombón donde
los colores del agua están bien definidos. La corriente vieja de allá, y la nueva, de
acá. El nombramiento de Aldo Rico como ministro de Seguridad bonaerense reproduce el
estilo menemista, cachafaz y samboromboniano, y tiene el mérito de estimular la memoria,
lo cual aumenta esta ventaja inicial del gobierno nacional. Rico ya se peleó con los
periodistas y amenazó a tres reporteros gráficos en Pinamar. Parecería chiste si no
fuera que en Pinamar fue asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas por efectivos
de la Bonaerense. Parecería chiste si no fuera que en la Argentina hay casi cien
periodistas desaparecidos durante la dictadura militar a la que Rico defendió. Rico no es
un chiste y menos con poder. Una de las principales tareas de la democracia ha sido tratar
de separar a las fuerzas de defensa y seguridad del abuso de autoridad y la corrupción.
Rico se levantó en armas para defender delitos cometidos por el terrorismo de Estado como
la tortura, el secuestro y el asesinato. Al estilo menemista, el gobernador Carlos Ruckauf
quiso “indultar” a la Bonaerense pero apostó a una carta muy débil que va a
terminar ensuciándolo. En esa zona, el color marrón todavía es preponderante. |
|
