CONFLICTO DE INTERES EN LA AGN Cuando Barra trabajaba para María Julia
El estudio jurídico del ex ministro
de Justicia asesoraba legalmente y cobrando honorarios a la Secretaría de Medio Ambiente.
El ahora auditor Rodolfo Barra debe decidir sobre un informe en contra de su ex cliente
María Julia Alsogaray. Los denunciantes lo impugnan y piden que se inhiba.
Por Raúl Dellatorre
María Julia
Alsogaray podría perder su principal valla de contención para soportar la carga del
informe de la Auditoría General de la Nación que reveló el pago de sobreprecios y
contrataciones irregulares en trabajos para la refacción de edificios, realizados durante
su paso por la Secretaría de Recursos Naturales. Rodolfo Barra, titular de la AGN, trató
de minimizar ese estudio en un comunicado difundido en la última semana, al referirse al
mismo como “un supuesto informe”. Pero su rol al frente del Colegio de Auditores
Generales, que en febrero deberá dictaminar sobre dicho informe, podría quedar
invalidado si prospera una denuncia de la diputada aliancista Alicia Castro sobre las
relaciones contractuales del estudio de Barra con la ex secretaria. Dicha relación, que
le adjudica el rol de “consultor externo” al Estudio Demaría, Fernández
Cronenbold & Barra, fue admitido por María Julia en una nota dirigida a la Jefatura
de Gabinete del 11 de junio de 1997 (ver foto).Alicia Castro le demandó a Rodolfo Barra
que “se abstenga de intervenir y de votar” cuando el informe sobre la
Secretaría de Recursos Naturales sea tratado en el Colegio de Auditores de la AGN”.
En una nota que le dirigió el miércoles 5, la legisladora señala que “las pruebas
que poseo permiten deducir que a mediados de 1997 usted era `asesor externo` rentado de la
secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, María Julia Alsogaray (...).
Por esa misma época, usted también asesoraba al presidente de la Nación sobre los
métodos para llevar adelante el decreto de privatización de los aeropuertos”. Entre
dichas pruebas, la diputada Castro aportó una nota dirigida por María Julia Alsogaray al
ex jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, el 11 de junio de 1997. La misma responde a un
requerimiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación con respecto al trámite de
renegociación del contrato de concesión con Aguas Argentinas SA. En su último punto, la
nota firmada por la ex secretaria se refiere al “procedimiento a seguir frente a la
hipotética existencia de una causal de rescisión del contrato de concesión”. La
funcionaria rechaza allí “las potestades del ente regulador (Etoss) para iniciar por
sí el procedimiento rescisorio” y “la incorporación del ente como parte de la
negociación, o bien la iniciación del trámite de rescisión del contrato”. Para
fundamentar esta postura con una opinión independiente y ecuánime, María Julia se
remite al “dictamen emitido por el consultor externo Estudio Demaría, Fernández
Cronenbold & Barra”. Este último es el mismo que ahora, al frente de la AGN,
debería juzgar la actuación de María Julia en las contrataciones relativas al Programa
Desarrollo Institucional Ambiental.El 23 de marzo de 1998, Barra asumió la presidencia
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), puesto desde el cual
concretó, seis semanas después –afirma Alicia Castro–, contrataciones “en
forma directa” con el titular del Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (INAA),
Mario de Marco Naón, quien debió renunciar en octubre a raíz de un escándalo por
contratar a empresas propias para prestar servicios a ese organismo. La investigación en
torno a este último asunto determinó que De Marco Naón incrementó notablemente su
patrimonio en los ocho años que ejerció como funcionario nacional. El Orsna había
contratado al INAA para realizar los estudios de situación medioambiental, y este
organismo a su vez subcontrató, también en forma directa, a las firmas BG, Environmental
Research Management (ERM) y Montogmery Watson, por un monto global de cinco millones de
pesos. El informe de los auditores, terminado en octubre último, reveló que la
Secretaría de Recursos Naturales efectuó compras directas de materiales para el Prodia
abonando precios superiores hasta en un 1000 por ciento a los corrientes de plaza. La ex
secretaria se negó a formular observaciones al informe, pese a que fue puesto en su
conocimiento 45 días antes del fin de su gestión. Su sucesor, Oscar Massei, recibió el
mismo informe el 30 de diciembre y solicitó una prórroga a los diez días de plazo que
se le otorgan para expedirse. El actual secretario reclamó los expedientes parasumar
precisiones y determinar responsabilidades sobre las irregularidades cometidas. Tras la
difusión del contenido del informe, que anticipó Página/12 en exclusiva el lunes 3, la
AGN emitió un comunicado tratando de minimizar los alcances de la investigación.
“El supuesto informe de auditoría –relativiza– es sólo un borrador (...).
El Colegio de Auditores tratará el informe una vez analizada la respuesta de la
Secretaría.” Difícilmente esta respuesta, que firmará Massei, sirva a los
intereses buscados por los redactores del comunicado: desdibujar el duro informe de los
auditores de campo. El documento firmado por Alicia Castro y dirigido a Rodolfo Barra
concluye “su relación rentada con la ingeniera Alsogaray, los sospechados contratos
con el ex presidente del INAA y su despótico proceder al frente del Orsna lo invalidan
para presidir su tratamiento en el Colegio de Auditores y éticamente para desenvolverse
en el cargo que detenta”. El colegio está compuesto por seis auditores generales
–tres designados por el justicialismo y tres por la Alianza– más el presidente,
Barra. La impugnación de este último dejaría al cuerpo en paridad de fuerzas.
La Oficina Anticorrupción
José Massoni* “La corrupción es grande”
“Hemos abierto un expediente para investigar y ver lo que está sucediendo. No hemos
podido hacer un análisis en profundidad del informe de la Auditoría. Este es un caso que
se inscribe en la política general de la Oficina, que es la lucha contra la corrupción
en donde aparezca. Hemos pedido a la Cámara Federal que nos dé una lista de todas las
causas que involucran a la ex secretaria (María Julia Alsogaray) para hacer un examen. Yo
entiendo que se pidan resultados muy rápidos, pero lo cierto es que estamos en feria
judicial y entonces estamos un poco trabados por esta situación. La corrupción tiene una
dimensión muy grande. La gente tiene necesidad acuciante de vivir con honestidad y, sobre
todo, que impere la honestidad en la función pública. Es un aspecto fundamental de
nuestra gestión, como lo es, en igual medida, la producción de políticas de
transparencia, para que en el futuro tengamos una sociedad que se respete.”
Dos dictámenes sobre el informe
Alejandro Peyrou * “La mezquina actitud”
“No es sólo un borrador ni un supuesto informe. La de Barra es una declaración de
mal gusto. Juega con las palabras para desnaturalizar los hechos. Se expresa
peyorativamente de un dignísimo informe que elaboró la gente que trabaja en el organismo
que él preside ahora. Este informe fue aprobado por una comisión de supervisión, con
participación de dos auditores generales, el justicialista Julio Casavelos y el radical
Héctor Rodríguez. La investigación señala diversas irregularidades, pero lo que es
definitivamente grave es que se hayan contratado obras por precios largamente superiores a
los de mercado. A diferencia de la mezquina actitud de Barra, que busca desvalorizar el
trabajo ajeno, debo decir que en este estudio buena parte de la colaboración más seria y
sustancial la prestaron profesionales que están afiliados al justicialismo. Es muy
importante que no se desmantelen esos valiosos equipos técnicos. Espero que no se
convierta a la Auditoría en un organismo adicto a una facción política.” * Ex
gerente de Control de Gestión Ambiental de la AGN.
Oscar Massei * “Hubo un manejo impune”
“Estoy buscando todos los antecedentes para hacer un cotejo técnico con el informe
de la Auditoría. Los expedientes son innumerables, pero por lo que estuve viendo, el
informe se ajusta a determinadas pautas de las contrataciones en esta área, que como
mínimo están fuera de lo que es un manejo normal y regular de la administración
pública. Creo que esto es parte del manejo impune de los dineros del Estado en esa era
menemista que creían que nunca se iba a terminar. Los funcionarios políticos de la
secretaría renunciaron con la anterior administración y los contratos por el Programa
Desarrollo Institucional Ambiental vencieron el 31 de diciembre, pero los funcionarios de
carrera siguen en funciones: a algunos los estoy esperando que retornen de sus vacaciones,
porque tengo varias preguntas para hacerles. Si estaban en áreas de control de estos
contratos y no hicieron observaciones, corresponde que se abran sumarios
administrativos.” * Secretario de Recursos Naturales.
María Julia
Alsogaray podría perder su principal valla de contención para soportar la carga del
informe de la Auditoría General de la Nación que reveló el pago de sobreprecios y
contrataciones irregulares en trabajos para la refacción de edificios, realizados durante
su paso por la Secretaría de Recursos Naturales. Rodolfo Barra, titular de la AGN, trató
de minimizar ese estudio en un comunicado difundido en la última semana, al referirse al
mismo como “un supuesto informe”. Pero su rol al frente del Colegio de Auditores
Generales, que en febrero deberá dictaminar sobre dicho informe, podría quedar
invalidado si prospera una denuncia de la diputada aliancista Alicia Castro sobre las
relaciones contractuales del estudio de Barra con la ex secretaria. Dicha relación, que
le adjudica el rol de “consultor externo” al Estudio Demaría, Fernández
Cronenbold & Barra, fue admitido por María Julia en una nota dirigida a la Jefatura
de Gabinete del 11 de junio de 1997 (ver foto).Alicia Castro le demandó a Rodolfo Barra
que “se abstenga de intervenir y de votar” cuando el informe sobre la
Secretaría de Recursos Naturales sea tratado en el Colegio de Auditores de la AGN”.
En una nota que le dirigió el miércoles 5, la legisladora señala que “las pruebas
que poseo permiten deducir que a mediados de 1997 usted era `asesor externo` rentado de la
secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, María Julia Alsogaray (...).
Por esa misma época, usted también asesoraba al presidente de la Nación sobre los
métodos para llevar adelante el decreto de privatización de los aeropuertos”. Entre
dichas pruebas, la diputada Castro aportó una nota dirigida por María Julia Alsogaray al
ex jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, el 11 de junio de 1997. La misma responde a un
requerimiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación con respecto al trámite de
renegociación del contrato de concesión con Aguas Argentinas SA. En su último punto, la
nota firmada por la ex secretaria se refiere al “procedimiento a seguir frente a la
hipotética existencia de una causal de rescisión del contrato de concesión”. La
funcionaria rechaza allí “las potestades del ente regulador (Etoss) para iniciar por
sí el procedimiento rescisorio” y “la incorporación del ente como parte de la
negociación, o bien la iniciación del trámite de rescisión del contrato”. Para
fundamentar esta postura con una opinión independiente y ecuánime, María Julia se
remite al “dictamen emitido por el consultor externo Estudio Demaría, Fernández
Cronenbold & Barra”. Este último es el mismo que ahora, al frente de la AGN,
debería juzgar la actuación de María Julia en las contrataciones relativas al Programa
Desarrollo Institucional Ambiental.El 23 de marzo de 1998, Barra asumió la presidencia
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), puesto desde el cual
concretó, seis semanas después –afirma Alicia Castro–, contrataciones “en
forma directa” con el titular del Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (INAA),
Mario de Marco Naón, quien debió renunciar en octubre a raíz de un escándalo por
contratar a empresas propias para prestar servicios a ese organismo. La investigación en
torno a este último asunto determinó que De Marco Naón incrementó notablemente su
patrimonio en los ocho años que ejerció como funcionario nacional. El Orsna había
contratado al INAA para realizar los estudios de situación medioambiental, y este
organismo a su vez subcontrató, también en forma directa, a las firmas BG, Environmental
Research Management (ERM) y Montogmery Watson, por un monto global de cinco millones de
pesos. El informe de los auditores, terminado en octubre último, reveló que la
Secretaría de Recursos Naturales efectuó compras directas de materiales para el Prodia
abonando precios superiores hasta en un 1000 por ciento a los corrientes de plaza. La ex
secretaria se negó a formular observaciones al informe, pese a que fue puesto en su
conocimiento 45 días antes del fin de su gestión. Su sucesor, Oscar Massei, recibió el
mismo informe el 30 de diciembre y solicitó una prórroga a los diez días de plazo que
se le otorgan para expedirse. El actual secretario reclamó los expedientes parasumar
precisiones y determinar responsabilidades sobre las irregularidades cometidas. Tras la
difusión del contenido del informe, que anticipó Página/12 en exclusiva el lunes 3, la
AGN emitió un comunicado tratando de minimizar los alcances de la investigación.
“El supuesto informe de auditoría –relativiza– es sólo un borrador (...).
El Colegio de Auditores tratará el informe una vez analizada la respuesta de la
Secretaría.” Difícilmente esta respuesta, que firmará Massei, sirva a los
intereses buscados por los redactores del comunicado: desdibujar el duro informe de los
auditores de campo. El documento firmado por Alicia Castro y dirigido a Rodolfo Barra
concluye “su relación rentada con la ingeniera Alsogaray, los sospechados contratos
con el ex presidente del INAA y su despótico proceder al frente del Orsna lo invalidan
para presidir su tratamiento en el Colegio de Auditores y éticamente para desenvolverse
en el cargo que detenta”. El colegio está compuesto por seis auditores generales
–tres designados por el justicialismo y tres por la Alianza– más el presidente,
Barra. La impugnación de este último dejaría al cuerpo en paridad de fuerzas.