MAS DUDAS SOBRE LA UNICA PRUEBA MATERIAL EN EL CASO CABEZAS El peritaje de los federales
Un estudio técnico de la cámara del fotógrafo asesinado revelaque
se trató de borrar su numeración y contradice el testimoniode un hornero, que dijo que
la desarmaron y tiraron las piezas.
Prellezo
fue acusado por Braga de darle la cámara a su cómplice González para que la
rompiera.Esa declaración se pelea una vez más con las pericias realizadas, con la
lógica y con la realidad.
Entre
sus custodias, Prellezo y Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Alfredo Yabrán.Para que
no se despedace a Duhalde , los duhaldistas aceptarían que Ríos fuera absuelto.
Por Miguel Bonasso
Una reciente
pericia sobre la cámara fotográfica de José Luis Cabezas, realizada esta vez por
técnicos de la Policía Federal, arroja nuevas dudas sobre la única prueba material que
sustenta el testimonio de los horneros, narrativa sobre la que descansa, a su vez, la
tesis oficial del juicio por el asesinato del fotógrafo. El estudio, conducido por el
comisario inspector Roberto Ricardo Wechsberg, jefe del Departamento Scopométrico de la
Superintendencia de Policía Científica de la Federal, revela que hubo intentos (por
“termofusión”) de borrar la numeración original de la cámara hallada en un
canal de General Conesa. El informe –emitido el 3 de enero pasado– contradice
indirectamente lo que declararía el hornero Horacio Braga tres días más tarde: que su
compinche Gustavo González le arrancó distintas partes (entre las que citó “el
lente”) y las arrojó en distintos arroyos y zanjas. La cámara fotográfica que
perició la Policía Federal conservaba la lente.En diciembre pasado, a pedido de Jorge
Sandro, el defensor de Gregorio Ríos, la Cámara Federal de Dolores que lleva a cabo el
juicio oral por el asesinato de Cabezas solicitó a la Policía Federal una nueva pericia
sobre la cámara fotográfica que el reportero llevaba la noche en que fue secuestrado y
asesinado, una Nikon F4. Esa cámara, única prueba material para darle sustento al relato
de los barrabravas de Los Hornos, apareció el 16 de mayo de 1997 (cuatro meses después
del crimen) en el Canal 1, un zanjón de metro y medio de profundidad aledaño a la ruta
por la cual los horneros se fugaron a La Plata. Su aparición, lograda con la macóndica
colaboración de un rabdomante, encendió las sospechas de que se trataba de un montaje
del equipo de investigaciones a cargo del comisario Víctor Fogelman. Según un informe de
inteligencia al que tuvo acceso este cronista, durante esos cuatro meses no habría estado
sumergida en ningún zanjón rural, sino escondida en el noveno piso de la Torre Dos de la
Secretaría de Seguridad, en las calles 54 y 12 de La Plata. En la pericia recientemente
elevada a la Cámara Federal de Dolores se hacen algunas novedosas precisiones: “El
cuerpo que nos ocupa presenta el sector del número de serie 2412097 afectado en su
superficie o acabado externo por un granulado irregular similar a termofusión,
probablemente por efectos físico-químicos que han provocado pérdida parcial de la
pintura blanca que conforman los dígitos...”. Los canales y zanjones bonaerenses no
producen “termofusión”. A lo sumo oxidan. Esto indicaría que alguien trató
entonces de borrar la numeración original, posiblemente como forma de eludir una prueba.
En ningún testimonio de los horneros se dice que ellos hayan intentado borrar los
números por termofusión, antes de “despedazar” la cámara y arrojar a los
zanjones sus pedazos. A la luz de esta revelación llama la atención que los comisarios
que firmaron el acta del hallazgo en mayo de 1997 supieran de inmediato cuál era el
número de serie afectado por la termofusión. La pregunta podría contestarse
rápidamente si se consigna que uno de ellos era el comisario Eduardo Luján, el mismo que
condujo al informante Carlos Redruello en su infiltración en la banda de Los Pepitos y el
otro era Miguel Angel Garello, acusado de introducir un testigo “trucho” en la
causa AMIA. En otro orden de cosas, para determinar que esta numeración serial es la
original de fábrica, los técnicos sugieren dirigirse a los técnicos o representantes de
Nikon.El informe es cauto a la hora de asegurar si la cámara hallada en el Canal 1 del
pasaje Villa Roch es la que aparece en manos de Cabezas en un video tomado la noche del
crimen en la fiesta del empresario postal Oscar Andreani. Si bien los stikers con
personajes de dibujos animados, como Yakoo y Garfield, se corresponden “posicional y
morfológicamente” con los que aparecen en el video, esto sólo “permite afirmar
que se trata de la misma tapa trasera de la cámara”. Y no, necesariamente, de una
misma cámara. Los peritos dejan constancia, además, de “que este sector es
removible, es decir, permite intercambiarla conforme al uso que se deseede la
máquina”. Es decir, que la cámara podría no ser la cámara. Un descubrimiento de
tal naturaleza –en caso de establecerse fehacientemente– desmoronaría la
totalidad de la causa tal como ha sido planteada hasta ahora tanto por el juez de
instrucción como por la Cámara Federal de Dolores. Sólo restaría como prueba material
el Colt 32 del uruguayo Martínez Maidana, que subsiste irracionalmente en la causa como
una rémora de la película de los Pepitos. Si la cámara no fuera la cámara y los
horneros se retractaran de sus respectivas confesiones, el tribunal debería soltar a todo
el mundo. Aunque no se haya llegado a tal extremo, esta semana hubo una prueba más de
cómo los acuerdos extrajudiciales y los manejos políticos distorsionan la verdad.
Horacio Braga, cuyo testimonio fue presentado por algunos periodistas como dramático y
elocuente, vino a confirmar lo que se sabía hace varios días: que existe un acuerdo
subterráneo entre el duhaldismo y el yabranismo para hacerse concesiones mutuas. A cambio
de que no se despedace a Eduardo Duhalde por su notoria desviación de la investigación,
los duhaldistas aceptarían que Gregorio Ríos fuera absuelto del cargo de instigación y
se limpie de este modo la memoria de Alfredo Yabrán. Braga no vaciló en contradecir
anteriores testimonios (y lo que le dijo en privado a la hermana de José Luis Cabezas,
Gladys) eliminando de su relato al famoso “candidato” que, según él y sus
compañeros, habría sido el autor intelectual del asesinato. Aunque la palabra
“candidato” le cuadra más al propio Duhalde, siempre se interpretó que ese
fantasmal personaje del poder era el finado Cartero.Peleándose una vez más con las
pericias, la lógica y la realidad, Braga sostuvo que el policía Gustavo Prellezo le
había dado la cámara de Cabezas al hornero Gustavo González ordenándole: “Tomá,
rompéla”. “González –siguió Braga– iba con una bronca bárbara y la
entró a despedazar con las manos.” (Sería interesante que repitiera la operación
en alguna próxima sesión del juicio oral para que la prensa y el público pudieran
observar lo fácil que resulta “despedazar con las manos” una Nikon F4.) En todo
caso lo que no tiró fue “el lente”, como lo aseguró el jueves Braga ante el
tribunal.Más inverosímil aún fue su relato acerca del momento mismo del asesinato, que
choca contra los resultados de las dos autopsias y varias pericias. Con minuciosidad y
sentido del suspenso, el malandra platense insistió en asegurar que vio cómo Prellezo le
había disparado a Cabezas “en la sien” y “en el cuerpo”. La segunda
necropsia, como se sabe, pudo establecer que el fotógrafo había recibido dos disparos en
la nuca. Curiosamente el hornero, que según su testimonio fue obligado por Prellezo a
introducir el cadáver dentro del Fiat del fotógrafo, no vio sangre en ningún momento.
Ni él ni el policía se mancharon con sangre de la víctima al realizar la macabra
operación. Tampoco quedaron restos de sangre en la Cava, a pesar de que recién con el
segundo disparo –según una narración que desafía la ley de gravedad– “el
cuerpo se desmoronó hacia un costado”.Sus incongruencias casi no hacen mella en una
opinión pública anestesiada por todas las intoxicaciones que se acumularon en la etapa
de instrucción. Y que siguen aflorando a medida que se analizan los frondosos expedientes
de la causa central y las que se derivan de ésta. Así, por ejemplo, en una de las causas
anexas abiertas por el propio juez Macchi, (la 53936), se puede descubrir (a fojas 115)
que el mismo día del asesinato, el 25 de enero de 1997, Gustavo Prellezo concurrió a la
comisaría de Cariló a declarar que era suyo un Dodge 1500 que la policía había
encontrado en la calle. Era el auto que Prellezo les había prestado a los horneros. Estos
lo dejaron tirado en la calle y lo secuestró la policía. Lo curioso es que haya ido a
reclamarlo precisamente cuando estaban por huir a La Plata. Y más curioso aún es que la
exposición realizada en la comisaría de Cariló, nada menos que el 25 de enero, no haya
sido mencionada por el policía y los cuatro lúmpenes que lo secundaron. Incoherencias
que pueblan las 50 mil fojas de la instrucción ylas horas interminables del debate oral y
explican por qué el viernes pasado el comisario Víctor Fogelman, responsable policial de
la investigación, haya contestado sesenta veces “no me acuerdo”.
Una reciente
pericia sobre la cámara fotográfica de José Luis Cabezas, realizada esta vez por
técnicos de la Policía Federal, arroja nuevas dudas sobre la única prueba material que
sustenta el testimonio de los horneros, narrativa sobre la que descansa, a su vez, la
tesis oficial del juicio por el asesinato del fotógrafo. El estudio, conducido por el
comisario inspector Roberto Ricardo Wechsberg, jefe del Departamento Scopométrico de la
Superintendencia de Policía Científica de la Federal, revela que hubo intentos (por
“termofusión”) de borrar la numeración original de la cámara hallada en un
canal de General Conesa. El informe –emitido el 3 de enero pasado– contradice
indirectamente lo que declararía el hornero Horacio Braga tres días más tarde: que su
compinche Gustavo González le arrancó distintas partes (entre las que citó “el
lente”) y las arrojó en distintos arroyos y zanjas. La cámara fotográfica que
perició la Policía Federal conservaba la lente.En diciembre pasado, a pedido de Jorge
Sandro, el defensor de Gregorio Ríos, la Cámara Federal de Dolores que lleva a cabo el
juicio oral por el asesinato de Cabezas solicitó a la Policía Federal una nueva pericia
sobre la cámara fotográfica que el reportero llevaba la noche en que fue secuestrado y
asesinado, una Nikon F4. Esa cámara, única prueba material para darle sustento al relato
de los barrabravas de Los Hornos, apareció el 16 de mayo de 1997 (cuatro meses después
del crimen) en el Canal 1, un zanjón de metro y medio de profundidad aledaño a la ruta
por la cual los horneros se fugaron a La Plata. Su aparición, lograda con la macóndica
colaboración de un rabdomante, encendió las sospechas de que se trataba de un montaje
del equipo de investigaciones a cargo del comisario Víctor Fogelman. Según un informe de
inteligencia al que tuvo acceso este cronista, durante esos cuatro meses no habría estado
sumergida en ningún zanjón rural, sino escondida en el noveno piso de la Torre Dos de la
Secretaría de Seguridad, en las calles 54 y 12 de La Plata. En la pericia recientemente
elevada a la Cámara Federal de Dolores se hacen algunas novedosas precisiones: “El
cuerpo que nos ocupa presenta el sector del número de serie 2412097 afectado en su
superficie o acabado externo por un granulado irregular similar a termofusión,
probablemente por efectos físico-químicos que han provocado pérdida parcial de la
pintura blanca que conforman los dígitos...”. Los canales y zanjones bonaerenses no
producen “termofusión”. A lo sumo oxidan. Esto indicaría que alguien trató
entonces de borrar la numeración original, posiblemente como forma de eludir una prueba.
En ningún testimonio de los horneros se dice que ellos hayan intentado borrar los
números por termofusión, antes de “despedazar” la cámara y arrojar a los
zanjones sus pedazos. A la luz de esta revelación llama la atención que los comisarios
que firmaron el acta del hallazgo en mayo de 1997 supieran de inmediato cuál era el
número de serie afectado por la termofusión. La pregunta podría contestarse
rápidamente si se consigna que uno de ellos era el comisario Eduardo Luján, el mismo que
condujo al informante Carlos Redruello en su infiltración en la banda de Los Pepitos y el
otro era Miguel Angel Garello, acusado de introducir un testigo “trucho” en la
causa AMIA. En otro orden de cosas, para determinar que esta numeración serial es la
original de fábrica, los técnicos sugieren dirigirse a los técnicos o representantes de
Nikon.El informe es cauto a la hora de asegurar si la cámara hallada en el Canal 1 del
pasaje Villa Roch es la que aparece en manos de Cabezas en un video tomado la noche del
crimen en la fiesta del empresario postal Oscar Andreani. Si bien los stikers con
personajes de dibujos animados, como Yakoo y Garfield, se corresponden “posicional y
morfológicamente” con los que aparecen en el video, esto sólo “permite afirmar
que se trata de la misma tapa trasera de la cámara”. Y no, necesariamente, de una
misma cámara. Los peritos dejan constancia, además, de “que este sector es
removible, es decir, permite intercambiarla conforme al uso que se deseede la
máquina”. Es decir, que la cámara podría no ser la cámara. Un descubrimiento de
tal naturaleza –en caso de establecerse fehacientemente– desmoronaría la
totalidad de la causa tal como ha sido planteada hasta ahora tanto por el juez de
instrucción como por la Cámara Federal de Dolores. Sólo restaría como prueba material
el Colt 32 del uruguayo Martínez Maidana, que subsiste irracionalmente en la causa como
una rémora de la película de los Pepitos. Si la cámara no fuera la cámara y los
horneros se retractaran de sus respectivas confesiones, el tribunal debería soltar a todo
el mundo. Aunque no se haya llegado a tal extremo, esta semana hubo una prueba más de
cómo los acuerdos extrajudiciales y los manejos políticos distorsionan la verdad.
Horacio Braga, cuyo testimonio fue presentado por algunos periodistas como dramático y
elocuente, vino a confirmar lo que se sabía hace varios días: que existe un acuerdo
subterráneo entre el duhaldismo y el yabranismo para hacerse concesiones mutuas. A cambio
de que no se despedace a Eduardo Duhalde por su notoria desviación de la investigación,
los duhaldistas aceptarían que Gregorio Ríos fuera absuelto del cargo de instigación y
se limpie de este modo la memoria de Alfredo Yabrán. Braga no vaciló en contradecir
anteriores testimonios (y lo que le dijo en privado a la hermana de José Luis Cabezas,
Gladys) eliminando de su relato al famoso “candidato” que, según él y sus
compañeros, habría sido el autor intelectual del asesinato. Aunque la palabra
“candidato” le cuadra más al propio Duhalde, siempre se interpretó que ese
fantasmal personaje del poder era el finado Cartero.Peleándose una vez más con las
pericias, la lógica y la realidad, Braga sostuvo que el policía Gustavo Prellezo le
había dado la cámara de Cabezas al hornero Gustavo González ordenándole: “Tomá,
rompéla”. “González –siguió Braga– iba con una bronca bárbara y la
entró a despedazar con las manos.” (Sería interesante que repitiera la operación
en alguna próxima sesión del juicio oral para que la prensa y el público pudieran
observar lo fácil que resulta “despedazar con las manos” una Nikon F4.) En todo
caso lo que no tiró fue “el lente”, como lo aseguró el jueves Braga ante el
tribunal.Más inverosímil aún fue su relato acerca del momento mismo del asesinato, que
choca contra los resultados de las dos autopsias y varias pericias. Con minuciosidad y
sentido del suspenso, el malandra platense insistió en asegurar que vio cómo Prellezo le
había disparado a Cabezas “en la sien” y “en el cuerpo”. La segunda
necropsia, como se sabe, pudo establecer que el fotógrafo había recibido dos disparos en
la nuca. Curiosamente el hornero, que según su testimonio fue obligado por Prellezo a
introducir el cadáver dentro del Fiat del fotógrafo, no vio sangre en ningún momento.
Ni él ni el policía se mancharon con sangre de la víctima al realizar la macabra
operación. Tampoco quedaron restos de sangre en la Cava, a pesar de que recién con el
segundo disparo –según una narración que desafía la ley de gravedad– “el
cuerpo se desmoronó hacia un costado”.Sus incongruencias casi no hacen mella en una
opinión pública anestesiada por todas las intoxicaciones que se acumularon en la etapa
de instrucción. Y que siguen aflorando a medida que se analizan los frondosos expedientes
de la causa central y las que se derivan de ésta. Así, por ejemplo, en una de las causas
anexas abiertas por el propio juez Macchi, (la 53936), se puede descubrir (a fojas 115)
que el mismo día del asesinato, el 25 de enero de 1997, Gustavo Prellezo concurrió a la
comisaría de Cariló a declarar que era suyo un Dodge 1500 que la policía había
encontrado en la calle. Era el auto que Prellezo les había prestado a los horneros. Estos
lo dejaron tirado en la calle y lo secuestró la policía. Lo curioso es que haya ido a
reclamarlo precisamente cuando estaban por huir a La Plata. Y más curioso aún es que la
exposición realizada en la comisaría de Cariló, nada menos que el 25 de enero, no haya
sido mencionada por el policía y los cuatro lúmpenes que lo secundaron. Incoherencias
que pueblan las 50 mil fojas de la instrucción ylas horas interminables del debate oral y
explican por qué el viernes pasado el comisario Víctor Fogelman, responsable policial de
la investigación, haya contestado sesenta veces “no me acuerdo”.