OPINION
La Justicia mutilada
Por Nora Veiras |
| En
1985, por decisión política de la entonces naciente democracia argentina, el presidente
Raúl Alfonsín dispuso el juzgamiento de las tres primeras juntas militares. Fue un hecho
inédito. Los militares que habían “vencido” a la guerrilla y dejado a salvo
“la sociedad occidental, cristiana y capitalista” eran desnudados frente al
mundo como asesinos y torturadores. El veredicto provocó el encarcelamiento de los
principales instigadores y abrió el camino para que los ejecutores fueran apresados. Los
militares apelaron otra vez a lo que sabían: poner en jaque a la democracia y así
consiguieron mutilar la Justicia. Los indultos del presidente Carlos Menem apostaron a
perfeccionar el final: verdad sí, castigo no.El 24 de marzo de 1996, veinte años
después del golpe de Estado, una multitud llenó la Plaza de Mayo reclamando justicia. Un
fiscal español, Carlos Castressana, le supo dar forma a ese clamor y presentó la
denuncia que sintetizó la lucha inclaudicable de víctimas y familiares. Pidió el
juzgamiento por genocidio y terrorismo de Estado de los dictadores argentinos y todos sus
secuaces. Nadie creyó en la viabilidad de ese proceso. Cuando la Alianza sólo podía
formar parte de los divagues trasnochados de algunos dirigentes, Graciela Fernández
Meijide viajó a Madrid y subió al segundo piso de la Audiencia Nacional de España para
prestar su testimonio ante el juez Baltasar Garzón. El acuerdo entre radicales y
frepasistas ya era un hecho cuando Alfonsín bramó ante los estudiantes de la Federación
Universitaria Argentina (FUA) “¡Devuelvan los pasajes!”, apenas se enteró del
viaje de los jóvenes a declarar ante ese magistrado que venía a poner en evidencia las
limitaciones de aquel juicio histórico y, sobre todo, de las leyes del olvido. A menos de
un mes de Gobierno, la Alianza se tuvo que enfrentar con el pedido de detención de 47
militares y un civil reclamados por Garzón. Hizo lo correcto, envió el exhorto a la
Justicia. Pero no pudo reprimir el malestar que provocó. Paradojas de la historia, el
ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, uno de los camaristas que juzgó a Videla,
Massera y Cía., salió furibundo a criticar el reclamo del juez español. Su par en el
Gabinete, Federico Storani, el que votó “haciendo arcadas” la Obediencia Debida
y el Punto Final, reforzó los argumentos de cosa juzgada.El Juicio de Madrid reavivó
resquicios de la legalidad y abrió el debate sobre la posibilidad de una justicia
universal. Los primeros pasos están condicionados por la mirada sobre ex dictadores
decadentes de la periferia, pero nada impide que la imaginación y el empecinamiento de
las víctimas obligue otros recorridos. En la Argentina, veinte años después, casi en
simultáneo se reavivaron los procesos por el robo de bebés. Los rostros más siniestros
de la dictadura volvieron a perder la libertad. Ese fue el atajo por el que consecuentes
abogados despejaron el camino hacia el castigo.La causa en España existe porque en la
Argentina se mutiló la Justicia. El radicalismo, otra vez en el poder, y el Frepaso como
debutante, tienen la oportunidad de saldar esa deuda. Seineldín está preso y Rico es un
político asimilado a la democracia. Las amenazas desestabilizadoras son ahora parte del
pasado. Las secuelas de la represión, no. |
|
