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Por Maximiliano Montenegro  El Fondo
Monetario Internacional presiona por un fuerte ajuste fiscal en las provincias. En
Washington están alarmados por un informe que, en secreto, recibieron del Ministerio de
Economía: desde 1996, el número de empleados públicos en las administraciones del
interior del país se incrementó en 130 mil, siguiendo el ritmo de las elecciones
provinciales y, en especial, de la presidencial de 1999. Hay provincias, como la de Buenos
Aires, que agrandaron la planta de agentes permanentes en más del 10 por ciento. Los
técnicos del FMI argumentan que esta situación es insostenible, porque, más allá del
esfuerzo fiscal que haga la Nación,  amenaza la reputación de la
Convertibilidad ante los ojos de los inversores. Sin embargo, gracias a ese boom del
empleo oficial se diluyó el fantasma del estallido social durante la recesión, en varias
economías regionales. José Luis Machinea se mueve en un sendero angosto. Por un lado,
coincide con el Fondo en que el ajuste debe llegar al interior del país. Por el otro,
debe evitar que 14 provincias, administradas tanto por el justicialismo como por la
Alianza, entren en cesación de pagos y esparzan la imagen de Corrientes a lo largo y a lo
ancho del país. Los burócratas del Fondo Monetario que monitorean el caso argentino
están impresionados con el aumento del empleo público provincial en años recientes.
Según el informe que solicitaron a Economía, entre 1996 y 1998 la planta de empleados
públicos provinciales creció en más de 70 mil. A su vez, sobre estimaciones
preliminares de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en Economía consideran que sólo
en el ‘99, en el interior, se habrían creado otros 55 mil puestos estatales más.
Prueba contundente de esta situación sería que, en provincias con escasa o nula vialidad
del sector privado, hubo un boom del empleo durante el peor año de la recesión. Así, en
cuatro años, hay casi 130 mil empleos más a cargo de los fiscos provinciales, un aumento
de más del 10 por ciento. Estos puestos deben sumarse a los trabajos temporarios, de
financiamiento público, originados en programas nacionales y provinciales, del tipo
“Trabajar”.En el Fondo creen que dichas contrataciones acompañaron el ciclo
electoral. La mayor parte del aumento en el empleo provincial se explica por las
contrataciones de Eduardo Duhalde en Buenos Aires: sin contar el año pasado, cuando jugó
todas sus fichas a la elección presidencial, la planilla de sueldos bonaerense se infló
en un 13 por ciento. En Jujuy, el personal estatal creció en un 20 por ciento, una
proporción similar a la de Mendoza, que no padeció una crisis tan profunda como la
provincia norteña. También fue importante la expansión de agentes en Misiones, La
Pampa, Santiago del Estero, Santa Cruz y Corrientes, entre otras administraciones (ver
cuadro). El número dos del FMI, Stanley Fischer, ya le explicó a Machinea (ver aparte)
que para Washington semejante salto del empleo público es sinónimo de despilfarro. Y
que, si no se hace algo para que los gobernadores dejen de gastar a cuenta, peligra la
imagen de la Convertibilidad en el exterior. Por eso, el miércoles próximo, Teresa Ter
Minassian, jefa de la misión que llegará a la Argentina, volverá a insistir con el
tema. Sin embargo, ni Fischer ni Ter Minassian dicen cuál sería la temperatura social en
el interior del país si, en plena recesión, el Estado no hubiera actuado como refugio de
la crisis. O, de otro modo, ¿con qué tasa de desempleo “real” deberían vivir
muchas ciudades del país si se las dejara libradas a la suerte del mercado? EstrategiasEl
FMI quiere que en el nuevo acuerdo se incluya un meta de déficit fiscal consolidado entre
la Nación y las provincias, de modo tal de obligar a estas últimas a seguir el mismo
rumbo del ajuste del gobierno de Fernando de la Rúa. Hasta ahora, las metas fiscales
siempre fueron fijadaspara la administración nacional, en tanto que los números
provinciales escritos en los programas sólo figuraban como “indicativos”.El
secretario de Programación Económica y Regional, Miguel Bein, adelantó ayer que
“es imposible” aceptar ese pedido del Fondo “porque, desde el punto de
vista institucional, en un régimen federal, las provincias tienen autonomía para decidir
su Presupuesto y sus cuentas, y tomar financiamiento”. El equipo de Machinea
considera que intentar llevar el ajuste a las provincias, haciéndolas partícipes del
acuerdo con el FMI, pondría al Gobierno nacional entre la espada y la pared. De un lado,
el Fondo exigiendo que se respete el nuevo acuerdo, después de dos negociaciones
incumplidas consecutivamente. Del otro, tener que negociar metas de déficit con los
gobernadores, a quienes no les importa demasiado lo que diga el FMI, ya que el organismo
sólo aporta financiamiento a los gobiernos nacionales. Por eso, Machinea planteó en
Washington otro camino para “poner en caja” a las provincias. “El primer
objetivo que tenemos en el 2000 es que las provincias ataquen el déficit como lo hace la
Nación”, afirmó Bein, el funcionario encargado de negociar con los gobernadores, el
mismo día en que su jefe rendía examen en Washington. “No conversamos para la foto,
tenemos reuniones para ver hasta dónde pueden llegar con este compromiso”,
agregó.Según Bein, a fines de enero se terminaría una ronda “con las nueve o diez
provincias que están en una situación más difícil”, entre las que mencionó a
Formosa, Jujuy, Tucumán, Neuquén, Catamarca y Río Negro. “Queremos que cada
provincia busque una Ley de Responsabilidad Fiscal, en muchos casos acompañada por una
Ley de Emergencia y por la disminución en las plantas de personal del Estado”,
explicó.De otro modo: Machinea quiere negociar en forma personalizada, atendiendo a la
situación de cada provincia, sin la injerencia del FMI. A diferencia de Washington, sabe
que hay 14 provincias que pueden convertirse en un polvorín social (ver aparte). Y, para
peor, varias de ellas están administradas por la Alianza.
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