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Por Laura Vales El jueves se
conocieron los primeros números: con una deuda de 1478 millones y un déficit anual de
otros 400, el PAMI que dejó Víctor Alderete fue definido por la intervención como
“al borde de la quiebra”. Cecilia Felgueras dice que la clave para lograr
“un saneamiento tan brutal como el que se necesita” es renegociar desde cero
todos los contratos, sentando a los prestadores frente a equipos multidisciplinarios
“para que ya no haya una sola persona con la libertad de decir `subime o
bajame’”. Que en los últimos tres años Alderete mantuvo abierto el registro
para la inscripción de nuevos prestadores durante apenas siete días. Y que en los
primeros convenios firmados a prueba por la nueva gestión se lograron reducciones del
gasto del 15 al 18 por ciento.–¿Cómo se va a refinanciar la deuda del PAMI? –Por una parte está lo que le debemos a los bancos, que llega a 708 millones; estamos trabajando en equipo junto a (el ministro de Economía) José Luis Machinea para encontrar la mejor solución. Es distinto refinanciar deudas con bancos privados que con el Banco Nación y el Banco Mundial, así que el camino es ver cómo encarar esas tres deudas. Este lunes (el cointerventor y economista del PJ) Horacio Rodríguez Larreta viaja a Washington para entrevistarse con la gente del Banco Mundial y comenzar una parte de la negociación, en coordinación con la gente de Machinea y de Rodolfo Terragno. –¿Y la que mantienen con los prestadores? –El criterio fue pagar las cuentas atrasadas hasta el 1º de octubre. Pero sobre los últimos tres meses del ‘99, cuando estuvieron casi todos los servicios parados, estamos haciendo una auditoría muy fuerte y no se va a pagar hasta tener sus resultados. Solamente empezamos a cancelar cuentas de algunos servicios de primera necesidad, como los medicamentos para el HIV, bolsones de comida y diálisis. –No son pocos los prestadores directos que sostienen que las intermediarias recibían el dinero del PAMI pero no les pagaban.–Ahora no pasa. Inauguramos un nuevo sistema: el día en el que les pagamos a los intermediarios les comunicamos a todos los prestadores por fax que estamos entregando ese dinero. Y por otra parte, desde el 1º de enero estamos haciendo nuevos contratos y convocando a otros prestadores que habían quedado fuera del PAMI. Son convenios temporarios, por un mes de prueba mientras auditamos las prestaciones y vemos cómo funcionan. Recién después de ese período vamos a ver si hay acuerdos con cada uno, qué servicios van a dar y por qué valores. Pero, para dar una idea, en los primeros contratos que estamos renegociando los gastos se bajaron entre el 15 y el 18 por ciento. Y creemos que podemos conseguir mejores diferencias. –¿Cuál es la estrategia? –El prestador ya no negocia con una sola persona. Tiene que hablar frente a un equipo de médicos calificados, un abogado y un contador. Es decir que cortamos con aquello de que existiera un solo señor con la posibilidad de plantear “subime o bajame”. A la vez, la gente de la Sindicatura General de la Nación controla cómo bajar los costos, y todo este proceso se repite contrato por contrato; por eso nos estamos manejando con convenios mensuales hasta estar seguros de que son al mejor precio y de la mejor calidad. El otro frente es convocar a nuevos prestadores, porque nos encontramos con que el registro de inscripción en los últimos tres años funcionó apenas siete días. Ahora abrimos ese registro y vamos a sacar avisos en los diarios para que el PAMI tenga una mayor oferta. La estrategia es que no haya ninguna negociación individual, que todo sea controlado a través de la Sigen y la Oficina Anticorrupción y a la vez abrir el juego a todos. –¿En qué áreas no quieren volver a contratar intermediarios? –En todas las que lo podamos hacer, porque eso va a significar una mejor distribución del gasto. –¿De los 138 contratos que dejó la gestión de Víctor Alderete hay algunos que no puedan cortar? –Estamos buscando cómo rescindir los 138. La idea es terminar con todos para empezar con muchos de ellos de nuevo, pero después de diferenciar al mal prestador del buen prestador. –¿Qué va a pasar con el plan que impulsó Alderete para privatizar la administración de los servicios médicos del PAMI? –Un sistema de licitación donde hay gente procesada y gente sospechada debería quedar sin efecto. –Pero aún falta una decisión definitiva de la Justicia, que podría avalarlo. En ese caso, para rescindir esos contratos el PAMI tendría que indemnizar a las tres redes ganadoras de la licitación. –Aspiramos a rescindirlos con causa. Estamos trabajando para investigar todo el procedimiento de licitación y de presentación de ofertas, porque tenemos que encontrar causas reales para dejarlos sin efecto y eso es lo que estamos buscando. Mientras tanto suspendimos la licitación por 90 días para investigar y logramos un comunicado de todos los ministros de Salud del país oponiéndose a las redes. Fue un acto de solidaridad que se pidió a la Confederación de Ministros. –¿Ya tienen en claro quiénes fueron corresponsables junto a Alderete en haber dejado al PAMI en esta situación? –Es algo que tiene que definir la Justicia. Nuestra obligación es entregarle toda la información sobre las situaciones irregulares que vayamos encontrando. –¿Cuántas denuncias concretas recibieron en las dos semanas que lleva la intervención? –En los primeros días muy pocas por escrito y muchísimas de manera oral. Las denuncias por escrito recién comienzan a llegar ahora, a través de la Oficina Anticorrupción, porque la gente se siente más protegida. Pero todo se está investigando y se va a conocer por las vías correctas. –¿Hay gerenciadoras que cobraron por la atención de beneficiarios fantasma, fallecidos hace años? –Estamos haciendo un censo del padrón de beneficiarios del PAMI en el que aparecieron algunas irregularidades como ésa. Para limpiar el padrón se va a buscar también a los jubilados truchos y se van a ver los casos de superposición de obras sociales. –El jueves anunciaron los resultados de una primera etapa de ahorro, ¿cómo va a seguir ese proceso? –Tenemos que bajar el gasto en 400 millones en el año; llevamos ahorrados 100 y nos faltan otros 300. Es una tarea enorme para la que se requiere revisar y comparar cada precio y abrir el juego a otros prestadores. Bajar el gasto en 400 millones es una tarea de muchísima profesionalidad, porque suprimir los primeros 100 millones de gastos superfluos fue mucho más sencillo que el resto, donde se empieza a trabajar sobre números cada vez más chicos y sobre las prestaciones. –¿Alcanza el presupuesto? –Creo que debe alcanzar. –¿Quiere decir que hay que lograr que alcance? –Que el dinero que tenemos puede alcanzar. –¿Cuánto tiempo creen que va a llevar el reestablecimiento de todas las prestaciones? –El objetivo es reestablecerlas completamente a fines de febrero. Sobre las que ya funcionan, un 70 por ciento del total, estamos haciendo un triple control para saber si efectivamente están funcionando; a las sucursales de cada zona les pedimos que nos digan qué servicios se están dando y cómo los chequearon. A su vez, con esa información hacemos unsegundo chequeo: les mandamos un fax a cada uno de los sanatorios, para que ellos documenten y firmen si esas prestaciones están restablecidas. El tercer control se hace con el PAMI escucha, que está teniendo 3000 llamados por día y al que los beneficiarios denuncian si no los quisieron atender, si no les entregaron los anteojos o si nos les dieron turno para operarse. Y por encima de eso hay un equipo de auditores médicos que están visitando cada lugar. –¿La intervención al PAMI se va a extender por más de un año? –Esperamos que no y nos tenemos fe. Si en 15 días reestablecimos al 70 por ciento las prestaciones y ahorramos 100 millones, eso demuestra que la obra social se puede ordenar. Tenemos que hacerlo lo más rápido que seamos capaces.
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