“Hay que sacarse las telarañas de la cabeza”

El ministro Juan Llach y el secretario de Educación Superior, entrevistados por Página/12, explican por qué quieren evaluar a los graduados y lograr más transparencia en las universidades.

El ministro de Educación instó a universidades y egresados a no tenerles miedo a las evaluaciones. Llach y Juan Gottifredi (der.) saben que sus planes crearán polémica. Pero esperan lograr consenso.

--¿Cómo concilian las historias políticas tan diferentes que trae cada uno de ustedes para trabajar en un mismo proyecto?

Llach: --La educación tiene que ser una política de Estado y hay mucho espacio de consenso. Y, si hay disenso, bienvenido sea. Porque la educación tiene que ser un espacio pluralista.

Gottifredi: --Coincidimos en un objetivo central que es la transformación de la educación. Los puntos que vamos a poner sobre la mesa seguramente van a crear polémica. Pero bienvenida sea, si es que logramos dar las bases de los cambios en la educación superior que precisa el país. --Para impulsar varios proyectos controvertidos van a necesitar mucho poder de negociación con las universidades.

Ll.: --Eso puede ocurrir. Pero casi la totalidad de los proyectos que hemos anunciado gozan de un acuerdo claramente mayoritario.

--Pero el gobierno anterior también quiso fijar un criterio similar al propuesto ahora para distribuir el presupuesto y no pudo por la oposición de muchas universidades.

G.: --Porque intentó imponerlo. Nos ponemos de acuerdo y se acaba el problema. Nosotros sólo queremos que mejore la calidad y que se demuestre que los recursos se usan bien. Y esto se lo vamos a pedir por igual a todos.

Ll.: --Hay que pensar también en la sociedad. Todo el sistema público necesita una dosis fenomenal de transparencia adicional. Y toda esta propuesta hace a la transparencia. Insisto, en el sistema universitario hay un acuerdo mayoritario y en la sociedad, más aún.

--¿La insistencia en la transparencia surge de una evaluación que indica que hay cuestiones turbias, irregularidades en las universidades?

Ll.: --No, decididamente no. Pero no hay un sistema de indicadores de información con el que pueda contar la mayoría de la gente. Lo mismo pasa en todo el sector público. Tenemos que llegar a un esquema tal que sea muy sencillo explicar cuánto entró, cuánto salió y en qué se fue la plata; cuáles son los costos por alumno y por graduado. Todo esto tiene que ser de dominio público, toda la información se va a poner en Internet. Si no logramos legitimidad frente a la sociedad, tampoco se van a poder conseguir más recursos. Hacen falta más fondos y también hay que usarlos mejor.

--¿La distribución del presupuesto con criterios análogos a los de la coparticipación federal es un paso hacia la provincialización de las universidades?

Ll.: --No, para nada. El modelo de la coparticipación es bueno porque establece dos criterios: el de la población atendida y el de las carencias de esa población. A eso le agregamos un criterio basado en la calidad de la gestión. A la provincialización hay que entenderla --y quizá fue un error mío mencionarla, sería mejor hablar de regionalización-- como una verdadera inserción. Hay muchas universidades con grandes dificultades para insertarse en su medio. En muchos sentidos: en que los graduados que producen sean los demandados en la región, que el sector productivo esté integrado a la vida universitaria. Vamos a fomentar los consejos regionales para que la oferta educativa pública se optimice a nivel regional.

--El gobierno anterior dejó una gran deuda con las universidades. Algunas, como la UBA, anunciaron que sin esos recursos no pueden empezar a funcionar este año. ¿Cómo lo van a solucionar?

Ll.: --Lo que está en discusión son unos 60 millones. Es una de las tantas pesadas herencias que recibió este gobierno. No es un tema fácil. Estamos buscando alternativas. Respuestas, todavía no tenemos.

G.: --Pero financieramente no creo que haya problemas. Este año las universidades van a recibir más recursos financieros que el año pasado. Entonces, estamos viendo cómo acomodamos esa carga heredada para darles una respuesta definitiva a las universidades.

--En los últimas leyes de presupuesto se incumplió con un plan de recomposición de los salarios de los docentes y no docentes.

Ll.: --Para este año no hay más margen. Es parte de la misma herencia. Pero la responsabilidad de la negociación salarial la tiene cada universidad. El ministerio no se puede hacer cargo de negociar un presupuesto que no maneja. Hace al concepto de autonomía universitaria.

--Con la idea de evaluar a los graduados, ¿no se vulnera esa autonomía?

Ll.: --En el marco legal actual no hay la menor duda de que el control de la calidad es una facultad del gobierno nacional. El control de la calidad, a través de acuerdos con las universidades, no avasallando a nadie, es un deber irrenunciable del gobierno.

G.: --El problema es cómo lo hacemos y cómo es más efectivo. Eso es lo que estamos analizando.

--Pero, ¿las universidades dejarían de otorgar los títulos de grado?

G.: --Si se instrumentan los exámenes, no se afecta al título universitario, sino que se dice qué calidad tiene cada graduado.

Ll.: --Claro, la obligación sería dar el examen. Por lo pronto.

--¿Para tener, simplemente, una información más acerca de la calidad de los egresados?

Ll.: --No está definido. El sistema de evaluación de la calidad (se refiere a la Coneau) es muy lento. Y hay una demanda muy fuerte de la sociedad para saber qué calidad de educación recibe. Hay que agilizar la evaluación sobre todo de las carreras de interés público, porque al ritmo de hoy, terminar podría llevar 10 años, con suerte. Mientras, hay cientos de miles de chicos y chicas que se están recibiendo. A lo mejor a muchos de ellos se los está engañando lisa y llanamente. Esto no se puede admitir. Hay que sacarse las telarañas de la cabeza y no tenerle miedo a la evaluación, que es una parte esencial del sistema educativo.

--Si una evaluación arrojara un resultado negativo, ¿esos egresados podrían ejercer?

Ll-: No está decidido. Pero no hay que cerrarse a la posibilidad de que una cosa sea el diploma universitario y otra, la habilitación profesional. Puede llegarse a esa instancia, insisto, en las carreras de interés público. No es cuestión de que, durante una carrera, llenemos unos cuantos papelitos y creamos que somos algo. Y después, en el mercado de trabajo, nos encontramos con una cantidad enorme de frustraciones. El sistema educativo no puede ser una fábrica de frustraciones, sino una fábrica que posibilite que la gente realice sus aspiraciones. Para eso hay que promover que todo el sistema educativo tenga los recursos para aumentar su calidad. Pero, a la vez, hay que evaluar.

G.: --Porque son los mismos rectores universitarios quienes dicen que quieren que la universidad pública sea la mejor y más exigente del país.

--Dentro del plan para fortalecer la investigación, ¿se está analizando con la Secretaría de Ciencia y Tecnología transferir las unidades de investigación del Conicet hacia las universidades?

Ll.: --No vayamos tan rápido.

G.: --Si es necesario, lo vamos a hacer.

Ll.: --Claro. La idea es que la investigación que se financia con recursos públicos derrame mucho más resultados que ahora en la sociedad. Los instrumentos para hacerlo pueden ser muchos, pero recién estamos en las fases iniciales. Pero hay un total consenso para hacerlo.

--Durante los últimos años, y hace muy pocos días también, llegaron varios planes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para la educación superior. ¿Qué se va a hacer con ellos?

Ll.: --¿La verdad? Ni los leí. No sé qué dicen, no son mi libro de cabecera. Para organizar la educación hay que conocer muy bien a los países y los organismos muchas veces no los conocen. Están muy lejos, en Washington.

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