Por Luis Bruschtein La inestable y
contradictoria relación entre las instituciones públicas y los ciudadanos tendrá a
partir de ahora una auditoría que, al igual que un asesor matrimonial, tratará de
mejorarla para civilizar la convivencia. El anuncio fue lanzado ayer en el Salón Azul del
Senado por el vicepresidente Chacho Alvarez y el especialista Guillermo O’Donell ante
una concurrencia de primer nivel de legisladores, políticos y académicos.
Alvarez explicó que la idea de este programa de “Auditoría Ciudadana de la Calidad
Institucional” surgió porque entre la gente “existe una especie de
insatisfacción por su relación con las instituciones, ya sean de carácter político,
económico, judicial, administrativo o de seguridad” y que hay reclamos muy claros
que deben ser atendidos por algún sector de la administración.
En la mesa que rodea la gran araña que cuelga de la cúpula del Congreso, lo escuchaba un
público atento. Lo flanqueaban dos ministros nacionales, el de Justicia, Ricardo Gil
Lavedra, en cuyo marco se desarrollará este programa a pesar de ser autónomo, y el de
Interior, Federico Storani, cuya cartera también tendrá alguna relación con el nuevo
instituto. En la gran mesa cuadrada estaban, además, el ministro de Trabajo, Alberto
Flamarique; el vicegobernador bonaerense, Felipe Solá; los senadores Eduardo Menem,
Antonio Cafiero y Pedro Del Piero; el ministro de la Corte Enrique Petracci; el
vicepresidente de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y un buen
número de diputados nacionales, entre ellos Gustavo Beliz; el auditor general de la
Nación, Mario Fadel; el ombudsman de la Nación, Eduardo Mondino, y el secretario de
Modernización del Estado, Marcos Makon.
Pero además de funcionarios y legisladores, la nueva propuesta impulsada por Alvarez, Gil
Lavedra y O’Donell convocó la atención de pensadores y académicos como Juan Carlos
Portantiero, José Nun, Oscar Landi, Fortunato Mallimaci, Luis Stullman, Marcelo
Cavarozzi, Analía del Franco, Horacio Boneo y Georgio Alberti, además de los periodistas
José María Pasquini Durán y Joaquín Morales Solá. Había también representantes de
ONG como Poder Ciudadano, CELS, Conciencia y FIEL, así como Vilmar Faría, el principal
asesor del presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y delegados de las provincias
de Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
En algún lugar bautizaron con humor a la convocatoria como una especie de Acrópolis de
Atenas, que por cierto difiere de la Acrópolis de Tecnócratas ajenos a la política a la
que era tan afecta la administración menemista. De todos modos no deja de sorprender la
atención que despertó el tema en el ámbito académico.
“La gente se queja de los políticos, no se siente representada, se queja de la
inseguridad y a veces se siente maltratada y la idea es ponerse en el lugar del ciudadano
y así tener datos más precisos de esta relación y elaborar estrategias para eliminar
este malestar”, explicó Alvarez. Según se indicó, esta Auditoría Ciudadana será
dirigida por Franco Castiglione y asesorada por O’Donell.
Gil Lavedra, por su parte, señaló que en esa relación hay una paradoja: “Si uno le
pregunta a la gente por la democracia, critica el funcionamiento de los mecanismos de
representación o de la administración pública en general, pero al mismo tiempo no
quiere volver atrás”.
O’Donell, académico de la Universidad norteamericana de Notre Dame, y quien ha
participado en experiencias similares en Brasil y Costa Rica, fue presentado por Alvarez,
como el “politólogo argentino con más reconocimiento internacional”. Aclaró
que se trata de poner en funcionamiento una “idea inicial” de la que debe salir
un perfil más preciso, “se trata de una idea modesta a partir de proponerse nuevas
formas de oír a la gente y establecer líneas de trabajo para resolver estas
cuestiones”. Explicó que se conformará a partir de un equipo técnico
“pequeño y muy capaz”, a cargo de Castiglione, que desarrollará los trabajos y
también los contratará a través de ONG y universidades. A su vez se conformará un
consejo directivo con representantes de todos los partidos políticos, de la Justicia, las
universidades, las empresas, y del periodismo. “Será el garante de la
credibilidad”, puntualizó O’Donell. Alvarez había insistido en que esta
auditoría debía asumirse como una “política de Estado”, por encima de los
partidos. Quizás por el complejo de Acrópolis, tanto O’Donell como el
vicepresidente subrayaron que no será una “organización académica, ni una vía
para inyectar teorías, sino una verdadera auditoría que medirá la eficacia de las
instituciones, desde el cumplimiento de sus funciones hasta el respeto al público”.
“Partimos del respeto a las libertades democráticas básicas como la gran conquista
posterior a las dictaduras –indicó O’Donell–, pero ésa será la base a
partir de la cual queremos mejorar la calidad de nuestra democracia”.
Los sueldos de los legisladores
Interior va por la ley
”Necesitamos establecer un convenio entre la Nación y las provincias para ir
unificando las normas de retribuciones salariales en la función pública.” Con esta
frase, el ministro del Interior, Federico Storani, confirmó la intención del Gobierno de
presentar un proyecto de ley para bajar las dietas de los legisladores provinciales. Pero,
tal como adelantó ayer Página/12, el titular de la cartera política admitió que la
medida debe ser redactada con sumo cuidado para no interferir con las autonomías
provinciales, principalmente en aquellos distritos cuyas constituciones le confieren a los
legisladores el derecho a fijarse el sueldo.
“Como el nuestro es un Estado federal que respeta las autonomías provinciales y las
provincias, a su vez, se rigen por su propia Constitución, nosotros no estamos en
condiciones de imponerle una baja salarial en esos niveles”, dijo Storani,
justificando las precauciones que se han tomado y también haciendo un llamamiento a los
gobernadores para hallar consenso. También su viceministro, Carlos Becerra, se mostró
cauto en ese sentido al afirmar que el proyecto se redactará “sin afectar ni agredir
a las autonomías provinciales y municipales consagradas en nuestra Constitución, es
posible alcanzar un pacto en el buen sentido de la palabra, el consenso entre las
provincias, los municipios y la Nación”.
Respecto de las desigualdades, Storani señaló que “curiosamente se da en las
provincias que están en situación de mayor emergencia, tienen altísimos niveles
salariales, a veces a nivel de concejales municipales, legisladores provinciales, que no
es coherente con la situación de crisis que viven”.
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